Ciencias sociales y polticas

Artculos de investigacin

 

Anlisis del estado actual de la estabilidad laboral reforzada en el sector pblico ecuatoriano

 

Current state analysis of the reinforced occuppational stability at the ecuadorian public sector

 

Anlise da situao atual do reforo da estabilidade do emprego no setor pblico equatoriano

 

Miriam del Roco Yugsi-Yugsi I

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-5188-3566

 

Camilo Emanuel Pinos-Jan II

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-0934-8471

 

Correspondencia: [email protected]

 

 

*Recibido: 16 de marzo de 2021 *Aceptado: 22 de abril de 2021 * Publicado: 10 de mayo de 2021

 

 

 

       I.            Abogada, estudiante de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Magister en Derecho Constitucional, Abogado de los Tribunales de Justicia de la Republica, Docente de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

Resumen

La presente investigacin profundiza el concepto de estabilidad laboral reforzada en Ecuador, a partir de interpretacin que la Corte Constitucional ha realizado. Para ello, se recurri a fuentes jurisprudenciales como sentencias y precedentes del mximo rgano de administracin de justicia constitucional, en las cuales se desarroll este concepto, para identificar a los beneficiarios de la misma.

En este sentido, se lleg a la conclusin que las personas con discapacidad y sus sustitutos, as como, personas con enfermedades catastrficas, mujeres embarazadas o en estado de lactancia, son los sujetos beneficiarios de esta especial proteccin frente a desvinculaciones sin causa justa. El tipo de investigacin en la investigacin es cualitativo, fueron utilizados los mtodos inductivo-deductivo y analtico-sinttico.

Palabras clave: Estabilidad laboral reforzada; garanta laboral; proteccin especial; grupos de atencin prioritaria; sector pblico.

 

Abstract

This research work deepens the concept of reinforced occupational stability in Ecuador based on the interpretation made by the Constitutional Court. For this, and in order to identify the beneficiaries of this legal concept, we used jurisprudential sources such as judgments and precedents of the highest constitutional body of justice administration, from which this concept was developed.

In this sense, it was concluded that the beneficiaries of this special protection are people with disabilities and their substitutes, people with catastrophic illnesses, and pregnant or lactating women who have been terminated from their jobs without just cause.

Keywords: Reinforced occupational stability; employment guarantee; special protection; priority care groups; public sector.

 

Resumo

Esta pesquisa aprofunda o conceito de estabilidade reforada do emprego no Equador, a partir da interpretao que vem do Tribunal Constitucional. Para tanto, foram utilizadas fontes jurisprudenciais como sentenas e smulas do mais alto rgo de administrao da justia constitucional, nas quais esse conceito foi desenvolvido, para identificar os beneficirios do mesmo.

Nesse sentido, concluiu-se que as pessoas com deficincia e seus substitutos, bem como as pessoas com doenas catastrficas, grvidas ou lactantes, so beneficirias desta proteo especial contra despedimentos sem justa causa. O tipo de investigao na investigao qualitativa, foram utilizados os mtodos indutivo-dedutivo e analtico-sinttico.

Palavras chave: Estabilidade reforada no emprego; garantia de trabalho; proteo especial; grupos de cuidados prioritrios; setor pblico.

 

Introduccin

La manera de ser parte de la funcin pblica como servidor la determina la Constitucin de la Repblica en su artculo 228, el que seala que el ingreso, el ascenso y promocin en este mbito se realiza por intermedio de concurso de mritos y oposicin, a excepcin de aquellos servidores de eleccin popular o libre nombramiento y remocin. En caso que esta norma sea inobservada, la autoridad nominadora ser destituida de su cargo. Al observar la permanencia de los servidores en sus cargos, la realidad difiere enormemente de la prctica, pocos son los que pueden llegar a considerarse parte de la carrera en la administracin pblica, lo que se debe a la instauracin de diversas formas en las que se pueden ejercer funciones, entre las que constan: eleccin popular, libre nombramiento y remocin, nombramiento y ocasionales.

Las diversas formas de contratacin de los servidores pblicos resultan absolutamente incompatibles para garantizar el principio de estabilidad laboral reforzada a los grupos considerados constitucionalmente vulnerables, por lo que se observa que el empleador goza de discrecionalidad para decidir en este asunto, claro est cuidndose de no caer en arbitrariedad por abuso de poder.

En vista que la estabilidad laboral surge a partir de jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional se trae el concepto de principio manifestado por expertos en investigacin laboral como Sandoval y Quintero (2019), que lo definen como:

Un axioma que plasma una determinada valoracin de justicia de una sociedad, base sobre la que se construyen y erigen las instituciones de derecho y que, en un momento histrico determinado, soporta el contenido de normas jurdicas de un Estado. (p. 14)

De acuerdo al concepto de principio, su fundamento es el de propiciar dignidad, el que debe ser valorado, estimado y credo, convirtindose en regla que de manera coherente gua decisiones con el fin de garantizar la vigencia y el respecto de preceptos constitucionales, como ocurre con el derecho al trabajo.

El derecho al trabajo lo consagra la Constitucin y es atinente a toda persona con fin de satisfacer sus necesidades bsicas y as mejorar la calidad de vida, en lo cual no hay discusin, puesto que se puede asegurar que est amplia y debidamente regulado e incluye acertadamente a los diferentes grupos de atencin prioritaria, quienes de manera relevante se les debe facilitar el acceso al trabajo.

Especficamente, las personas con discapacidad deben ser incluidas por el Estado en la elaboracin y ejecucin de polticas pblicas de manera conjunta con quienes estn a cargo o sustitutos, la familia y la sociedad, en procura de alcanzar la igualdad en cuanto al goce de sus derechos, oportunidades e integracin social.

Uno de los derechos inherentes a las personas con discapacidad y sus sustitutos es el del trabajo, el que debe estar orientado a fomentar sus capacidades y potencialidades, cuya vinculacin no excepta a las instituciones del Estado. En este sentido la estabilidad laboral reforzada o estabilidad ocupacional reforzada constituye un derecho que tiene el servidor pblico, quien no debe ser despedido en virtud de su situacin de vulnerabilidad, sin que exista causa relevante que sirva de justificativo para efectivizar su despido.

El estudio responde a la pregunta de investigacin que fue planteada de la siguiente manera: en qu consiste la estabilidad laboral reforzada en el sector pblico de las personas con proteccin especial segn la Corte Constitucional? Adems, permiti alcanzar el objetivo general orientado a identificar el mbito de proteccin que ofrece la estabilidad laboral reforzada a las personas segn la Corte Constitucional del Ecuador.

 

Referencial Terico

Antecedentes de la estabilidad laboral

Organismos Internacionales de derechos humanos como la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) incorporan en sus instrumentos la proteccin de los derechos de los trabajadores que por su condicin se encuentran en estado de vulnerabilidad. En respuesta a esta necesidad, los Estados miembros a travs de la promulgacin de sus leyes instauran condiciones de proteccin para frenar abusos por parte de empleadores que por su inters y supremaca adoptan decisiones que ponen en riesgo la estabilidad laboral.

La estabilidad laboral constituye una de las categoras laborales de importancia relevante, debido a que garantiza la permanencia de los trabajadores en una relacin laboral, sin que emerjan en ella criterios discriminatorios en contra de su dignidad. Por lo general, dicha estabilidad resulta afectada como consecuencia de un trato carente de igualdad, lo cual genera la vulneracin de derechos, como la permanencia en un trabajo, esto es lo que conlleva a constituirse en tema de estudio.

Como antecedente de la estabilidad laboral, tradicionalmente el ordenamiento jurdico ha venido otorgando determinada proteccin para algunos grupos de personas por encontrarse inmersos en determinada circunstancia o condicin sealada por la ley. Actualmente han ido adicionndose otras manifestaciones de fueros relacionados con la estabilidad laboral las que, a pesar de no ser de creacin legal, nacen a partir del rango jurisprudencial.

Entre los fueros a tener en cuenta se encuentran el de la salud, el que segn Camacho y Romero (2018): los diferentes ordenamientos jurdicos han establecido herramientas jurdicas, las que han sido adecuadas a los niveles de desarrollo de cada pas (p. 25), en concordancia con lineamientos consagrados en el Convenio C 158 de la Organizacin Internacional del Trabajo (1982) acerca de la terminacin de la relacin de trabajo, que su artculo 6 no asimila el despido por ausencia temporal del trabajador por motivo de enfermedad o lesin, la que debe ser justificada mediante un certificado mdico.

En lo que concierne a las personas con discapacidad, la Corte Constitucional de Colombia (2011) resalta que por considerarse al pas como un Estado Social de Derecho est llamado a defender a quienes por su condicin de indefensin pueden resultar discriminados o afectados, por tal motivo los que conforman este grupo son considerados altamente vulnerables, catalogados como sujetos de proteccin especial.

 

La estabilidad laboral

Corresponde a un principio que brinda al trabajador la seguridad de no ser despedido siempre y cuando cumpla a cabalidad con las funciones encomendadas. Es decir, que durante la prestacin de sus servicios al empleador no incurra en ninguna de las faltas establecidas en el ordenamiento jurdico respectivo, siendo as no podr prescindir de la relacin laboral suscrita. Esto significa que el patrono no est facultado para dar por terminada una relacin sin que medie una causa justa.

Para Motoa (2019) la estabilidad laboral otorga al trabajador la relacin permanente de trabajo. Es decir, l tiene la libertad para decidir su continuidad en su puesto de trabajo, la que el empleador podr finalizar solo por circunstancias excepcionales.

En razn del concepto, significa la permanencia de la persona en el empleo, es decir que el desempeo laboral se mantenga en el tiempo y que no termine sin que exista una causa legal de por medio. La estabilidad en materia laboral corresponde a un principio aplicable de manera permanente entre el empleado empleador. Para lo cual la Ley Orgnica de Servicio Pblico (LOSEP, 2010) considera al empleado como servidor pblico y lo define como: Toda persona que en cualquier forma o cualquier ttulo trabaje, preste servicios o ejerza un cargo, funcin o dignidad dentro del sector pblico (Art. 4).

Por su parte el Cdigo del trabajo (2005), define al trabajador como: La persona que se obliga a la prestacin del servicio o a la ejecucin de la obra y puede ser empleado u obrero (Art. 9). La misma normativa legal conceptualiza textualmente al empleador de la siguiente manera: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la ora o a quien se presta el servicio (Art. 10).

La relacin establecida entre patrono y empleado es la que garantiza evitar que se disuelva de manera abrupta o excepcional, por parte del patrono o por voluntad del trabajador. De llegar a presentarse de esta manera, ello podra ocasionar situaciones involucradas con el cumplimiento de obligaciones, las que derivaran en despidos injustificados o abandono de trabajo sin la debida justificacin del caso.

 

La estabilidad laboral en el contexto legal ecuatoriano

La estabilidad laboral reforzada a personas con discapacidad y sustitutos, en el Ecuador se desarrolla bajo la siguiente base legal. En primer lugar, la Constitucin de la Repblica del Ecuador (2008) en su artculo 11, numeral 2 establece la igualdad entre todas las personas, en virtud de que deben gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Lo que se traduce en que nadie puede ser discriminado por razones de discapacidad, por lo que de llegar a ocurrir el responsable se sancionar conforme a la ley. Esto se traduce en que las personas con discapacidad deben permanecer en su empleo, excepto que la causa de la desvinculacin laboral no se relacione con la discapacidad.

Respecto al, establecimiento de los grupos de atencin prioritaria a nivel constitucional, el artculo 35 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador considera a las personas con discapacidad como parte de estos, condicin que les hace acreedoras de la proteccin laboral reforzada en el mbito laboral, condicin que tambin beneficia a su sustituto, es decir a la persona que se hace responsable de su cuidado. De conformidad con lo establecido por este artculo de la Constitucin de la Repblica, el trabajo por tratarse de un derecho y deber social que el Estado debe garantizar, las personas con discapacidad y sus sustitutos son las llamadas a recibir efectiva proteccin al respecto y la estabilidad laboral reforzada es el principio por excelencia que debe aplicarse para asegurar su fiel cumplimiento.

Entre los derechos a nivel constitucional reconocidos a las personas con discapacidad, el artculo 47, numeral 5 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador (2008) garantiza diversas polticas de prevencin de discapacidad de manera integral con la sociedad y a familia, para lo cual promueve equiparacin de oportunidades para las personas con discapacidad e insta a fomentar las capacidades y potencialidades por intermedio de su vinculacin a entidades pblicas y privadas. La igualdad de oportunidades en el trabajo constituye un verdadero logro, pero desafortunadamente la falta de promulgacin de leyes y el diseo y puesta en marcha de polticas pblicas conforman barreras para que los derechos a las personas con discapacidad se cumplan con la verdadera dignidad humana que se merecen.

Es importante enfatizar que las personas y familias a cargo de una persona con discapacidad, segn el artculo de la Constitucin de la Repblica del Ecuador deben beneficiarse de la seguridad Social y adems se les debe proporcionar capacitacin constante con miras a garantizar el cuidado que requiere la persona asistida, la que debe darse con calidad, de acuerdo a los requerimientos de su condicin.

En lo que respecta a los derechos que gozan las personas ecuatorianas, el artculo 61, numeral 7 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador establece la posibilidad de que las personas con discapacidad se desempeen como servidores pblicos conforme a las capacidades y mritos que estas dispongan bajo un sistema de seleccin revestido de caractersticas especficas y teniendo en cuenta criterios de equidad y paridad de gnero e igualdad de oportunidades, sin que su discapacidad medie negativamente su participacin.

Los derechos de libertad expresados a partir de diversos ngulos, establecidos en el artculo 66 de la Constitucin de la Repblica asiste a las personas sin considerar ninguna excepcin, entre los que constan: la inviolabilidad de la vida; vida digna; integridad personal; igualdad material e informal, ambas sin ninguna discriminacin; libre desarrollo de la personalidad; libre expresin en todas las manifestaciones; derecho a la rplica, a profesar su religin, a la adopcin de decisiones relacionadas con su sexualidad y orientacin sexual, salud y vida reproductiva; a tener reservas de sus convicciones; a la objecin de conciencia, a asociarse y reunirse de manera voluntaria; a transitar libremente por el territorio nacional; a desarrollar actividades econmicas lcitamente; a la libertad de contratacin; a la libertad para trabaja; al honor y al buen nombre; a la proteccin de datos; a la intimidad personal y familiar; a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia; a la inviolabilidad de domicilio; a dirigir quejas y peticiones; a participar de la vida cultural en comunidad; a acceder a bienes y servicios pblicos y privados de calidad; a la propiedad en todas sus formas; a vivir en un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado; a la identidad; entre otros. Todos los derechos enunciados son de estricto cumplimiento, los que tambin son atinentes a las personas con discapacidad.

La Constitucin de la Repblica dentro de las responsabilidades designadas a los ministros del Estado, en su artculo 154, numeral 1 designa que estos deben ejercer la rectora de las polticas pblicas conforme al mbito que les corresponde, para lo cual se hace necesario que expidan acuerdos y resoluciones. Es as que en esta disposicin se encuentran directamente inmersos el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Inclusin Econmica y Social en procurar el cumplimiento de los derechos laborales a las personas con discapacidad y a sus sustitutos, sobre todo si se toma en cuenta que instituciones pblicas los transgreden de manera constante, al desvincularlas de sus cargos injustificadamente, a pesar de que el Estado est llamado a ser el garante de los derechos de las personas con discapacidad, en virtud de que constitucionalmente hacen parte de los grupos vulnerables.

Es vlido en esta parte referir que conforme a lo dispuesto por el artculo 330 de la Constitucin de la Repblica se establece la igualdad en la insercin y accesibilidad al trabajo remunerado, derecho que asiste a las personas con discapacidad y a sus sustitutos. Es decir, el empleador debe contratar a las personas que integran este grupo bajo las mismas condiciones, sobre todo en lo que respecta a la seguridad social, remuneracin y dems aspectos relacionados.

En lo que tiene que ver con el sistema nacional de inclusin y equidad social, el artculo 340 de la Constitucin de la Repblica lo define como un instrumento que dispone de manera articulada todos los elementos necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y principios constitucionales, en l tambin incluye los objetivos propuestos en el rgimen de desarrollo, el que a su vez incorpora la totalidad de mbitos en los que las personas interactan.

Es de anotar que las garantas constitucionales son de estricto cumplimiento y son las personas con discapacidad y sus sustitutos quienes deben acceder a ellas plenamente, de tal manera que el artculo 341 de la Constitucin de la Repblica promueve la igualdad en la diversidad a fin de evitar la discriminacin y adems prioriza el accionar de las instituciones en procura de los derechos de los grupos que requieren consideracin especial. Esto se debe a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, circunstancia que les hace mayormente propensos a enfrentar la desigualdad, exclusin, discriminacin y violencia, situaciones que generalmente se presentan en el mbito laboral.

De acuerdo a los preceptos constitucionales descritos anteriormente se constata que las personas con discapacidad y sus sustitutos estn ampliamente protegidos, pero paradjicamente las disposiciones se cumplen parcialmente, por lo que debe analizarse la manera y percepcin que se tiene del aterrizaje de los derechos en cuerpos legales regulados por el Cdigo del Trabajo, la Ley Orgnica de Servicio Pblico (LOSEP) y la Ley Orgnica de Discapacidades (LOD). Sin embargo, en algunos apartados, esta legislacin ha pasado por alto aplicar la igualdad en el reconocimiento de los derechos laborales. Cabe manifestar de que a unos grupos vulnerables si les dan la opcin de reintegro al trabajo, mientras claramente se observa que a quienes conforman los grupos las personas con discapacidad no se les reconoce de igual manera, lo que se constata en sentencias emitidas por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Es observable la favorabilidad a los dirigentes sindicales y a mujeres embarazadas, lo cual indica que se deja de lado el cumplimiento del principio constitucional a la igualdad, inamovilidad y estabilidad a las personas con discapacidad.

El Cdigo del Trabajo (2005) en su artculo 195 numeral 3 determina que la persona con discapacidad o sustituto despedido de manera injustificada, el empleador la debe indemnizar segn lo establece la Ley Orgnica de Discapacidades. Es importante acotar que en Ecuador las diversas reformas al Cdigo del Trabajo, como la derogacin de la tercerizacin y la insercin del despido ineficaz ha beneficiado significativamente a las personas que conforman grupos vulnerables consagrados en la Constitucin de la Repblica en su artculo 35, en el que las personas con discapacidad se encuentran incluidas en l.

Por su parte, el artculo 43 numeral 33 del Cdigo del Trabajo ordena al empleador pblico o privado y que la institucin o empresa disponga de un nmero mayor a 25 trabajadores, contratar de manera permanente por lo menos el 2% de personas con discapacidad, bajo condiciones de igualdad, equidad de gnero y en funcin de un cargo en el que pueda desempearse. El porcentaje indicado para 2018 se lo elev al 3% y posteriormente para el 2019 se lo ubic en el 4%.

Al respecto el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en asocio con el Ministerio de Salud Pblica (MSP) certificaron que, a marzo de 2020, efectivamente el 30% de las personas acreditadas gozaban de estabilidad laboral especial, porcentaje que no supera al menos a la mitad de quienes conforman este grupo el derecho al trabajo, como lo dispone la Constitucin de la Repblica del Ecuador.

En lo que corresponde a la obligacin que como Ministerio del Trabajo el Estado le designa, ha dictado el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0108 en el que establece el Reglamento al que tienen que sujetarse los empleadores, en el que determina diferencias entre los tipos de sustitutos, directos y por solidaridad. Tambin hace constar que este beneficio no es objeto de transmisibilidad a otras personas. Por ltimo, establece la sancin por 200 USD en caso que un contrato celebrado con una persona con discapacidad o sustituto no sea registrado en el Sistema Electrnico del Ministerio del Trabajo (SAITE).

La Ley Orgnica de Servicio Pblico (LOSEP, 2010) en su Artculo 58 establece que el contrato de servicios ocasionales al que recurren las instituciones pblicas con el propsito de satisfacer necesidades no es permanente, en razn de que la Unidad de Talento Humano, como rea a cargo de la contratacin de personal, aprueba su permanencia siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria por parte del Estado. Los servidores que laboran bajo este tipo de contrato no hacen parte del servicio pblico. Al respecto se debe manifestar que al momento existen servidores que vienen laborando bajo esta modalidad por largos periodos, sin que su situacin de estabilidad sea laboral, lo que les produce bastante inseguridad.

En lo que respecta al nombramiento provisional, segn el artculo 47 de la LOSEP (2010), el trabajador puede ser cesado definitivamente en sus funciones en cualquier momento por parte de la institucin contratante, por lo cual no est obligada a entrar en detalles o justificativo alguno.

La misma normativa en su artculo 64 establece el porcentaje de personas con discapacidad que las instituciones determinadas en la misma norma deben contratar, garantizndoles condiciones de igualdad de oportunidades. A lo que agrega que s la persona con discapacidad por sus condiciones le es imposible desempearse en un cargo, este derecho migra a su sustituto debidamente certificado por la institucin competente.

De lo expresado, se deduce que las dos modalidades habilitadas por la LOSEP (2010) no garantizan a las personas con discapacidad y sus sustitutos el principio de estabilidad laboral reforzada, por lo que el ejercicio en el cargo est supeditado a las polticas de la institucin, relacionadas con la necesidad de personal para tareas especficas o a su vez disponer de las partidas necesarias que aseguren la remuneracin; lo que conlleva a determinar que el nombramiento permanente sera la nica forma para que este grupo de atencin prioritaria tenga una relacin laboral de dependencia que les garantice todos los beneficios de ley.

Segn lo analizado, la legislacin laboral en Ecuador ha venido reconociendo los diversos derechos a los trabajadores consagrados en la legislacin de la Repblica y en los Instrumentos Internacionales, de manera especfica a quienes hacen parte de sectores vulnerables, entre los que constan las personas con discapacidad.

Obviamente que los legisladores estn en deuda con el grupo conformado por los servidores pblicos con discapacidad, es lamentable reconocer que la norma todava no regule en derecho de reintegrarlos a sus puestos de trabajo, luego de haber sufrido un despido ineficaz. Esto significa que al momento ellos y sus sustitutos disponen de proteccin limitada, lo cual les deja en estado de completa vulnerabilidad, debido a que la estabilidad laboral reforzada no aplica, ms bien lo que se evidencia es que constitucionalmente los derechos estn garantizados, pero an la existencia de vacos legales hace que sean desatendidos, sin que sea tomado en cuenta lo que instituye la Constitucin respecto a que el ecuador es un Estado constitucional de derechos y por ende est llamado a protegerlos.

La Ley Orgnica de Discapacidades (LOD, 2012) en su Artculo 1 garantiza el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitucin de la Repblica, la legislacin internacional y derivados de leyes conexas, a las personas con discapacidad. El artculo 4 hace referencia a la no discriminacin de este tipo de personas, sin que su condicin se constituya en un limitante para ejercer plenamente sus derechos.

El artculo 86 de la LOD determina que el Estado tiene la obligacin de proteger a las personas con discapacidad a travs de la instauracin de polticas pblicas debe promover su autonoma y disminucin de dependencia.

La LOD es enftica al referirse a la estabilidad especial como derecho atinente a los trabajadores con discapacidad, lo que supuestamente equivaldra a la llamada estabilidad absoluta, la que por ende abarca el reintegro de la persona con discapacidad, donde por su condicin se le debera garantizar reintegrarse a sus labores, pero por lo visto esto en la prctica est lejos de ocurrir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 - 2021 (Secretara Nacional de Planificacin [SENPLADES], 2017). Como instrumento al que se adhieren las polticas y presupuestos del Estado y por considerrsele herramienta indispensable para facilitar la coordinacin entre el gobierno central y los Gobiernos Autnomos Descentralizados (GADs), planifica actuaciones estn orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Respecto a sus metas busca favorecer al mayor nmero de estas personas y a sus cuidadores o sustitutos, insertndoles en el mbito laboral y erradicar su discriminacin por su condicin de vulnerabilidad.

Este Plan Nacional refiere que el Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2017) report la existencia de 418.001 personas con discapacidad de las que el 20.8% se encuentran laboralmente activas, insercin lograda gracias a la aplicacin de disposiciones establecidas por el Cdigo del Trabajo, claro est que se trata de un porcentaje muy bajo que debe incrementarse en la medida que los incentivos para los empleadores mejoren. El porcentaje referido sobre ocupacin de personas con discapacidad puede considresele muy bajo, porque ello se traduce en que el derecho al trabajo no se garantiza a 334.401 personas discapacidad.

El Plan Nacional para el Buen Vivir tras considerarse como una herramienta de planificacin y ejecucin de poltica pblicas en funcin de mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte de los grupos vulnerables en el Ecuador, entre los que constan las personas con discapacidad ha venido mejorando durante cada perodo de vigencia.

Es indispensable que su accionar sea muchsimo ms proactivo, especialmente en lo que respecta a la planificacin de programas de formacin para las personas con discapacidad, a fin de que amplen sus expectativas laborales y puedan desempearse favorablemente en diversos campos y no que las instituciones contratantes les vean como recurso humano limitado, al que le dan la oportunidad de laborar meramente por lastima, sino que estas personas se posicionen en verdaderos espacios, en los que puedan desempearse en igualdad de condiciones del personal tradicional.

 

Estabilidad laboral relativa

De la Cueva (1980) acerca de la estabilidad laboral relativa comenta que: opera cuando el empleador da por terminada la relacin laboral con el trabajador de manera unilateral y a cambio le reconoce una indemnizacin (p. 24). Esta es la razn por la que en un sistema en el que rige este tipo de estabilidad, al despido intempestivo se le considera arbitrario o acto ilcito, con efectos sumamente daosos sobre el trabajador.

La estabilidad relativa, opera al estar el empleador facultado para resolver la relacin laboral sin que exista causa justificada de por medio, es decir el empleador le provee un reconocimiento especial u otorga un plazo bajo la condicin de preaviso.

 

Estabilidad laboral absoluta

La estabilidad laboral absoluta aplica cuando el trabajador ha superado el perodo de prueba, circunstancia por la que no puede ser despedido, excepto que incurra en el cometimiento de una falta grave, la que debe ser demostrada ante el ente rector competente. En caso de despido sin justificacin, el trabajador puede interponer va judicial su reposicin en el mismo cargo en el que se vena desempeando.

 

La estabilidad laboral reforzada

La estabilidad reforzada es una figura producto de un proceso sucedido a partir de la actividad jurisprudencial de la Corte Constitucional, cuya naturaleza segn Almanza (2020) comprende:

Proteger al trabajador del despido por una situacin de vulnerabilidad o situacin de debilidad manifiesta temporal o permanentemente. El alcance que tiene esta proteccin, en conexidad con otros derechos fundamentales, es que se le ha otorgado el grado de derecho fundamental, cuya extensin resulta ms amplia (p. 11)

Lo citado se traduce en que la estabilidad laboral reforzada actualmente en Ecuador est garantizada para trabajadores pblicos y privados, sin que de por medio sea tenido en cuenta la modalidad de contrato de trabajo, por lo que se trata de un derecho fundamental de aquellas personas que se encuentran es estado de indefensin o debilidad manifiesta como personas con discapacidad y sus sustitutos, mujeres embarazadas o en perodo de lactancia y personas que padecen enfermedades catastrficas.

La legislacin laboral en funcin de garantizar la estabilidad laboral reforzada en el Ecuador resulta reflejada en disposiciones contenidas en los cuerpos legales que seguidamente se mencionan:

La Constitucin de la Repblica del Ecuador (2008) en su artculo concibe al trabajo como un derecho y deber social que el Estado debe garantizar ampliamente con el fin de que la persona pueda alcanzar otros derechos conexos fundamentales. Este derecho tambin consta en el artculo 66.2. Respecto a las personas con discapacidad, el artculo 330 garantiza su insercin laboral. Por ltimo, en su artculo 35 enmarca los grupos de atencin prioritaria, a los que jurisprudencialmente la Corte Nacional de manera especfica se ha pronunciado a travs de sentencias, reconocindoles el principio de estabilidad laboral reforzada.

El Cdigo del Trabajo (2005) en el artculo 195.3 prev el despido injustificado de personas con discapacidad o de quienes estn a su cargo, a su vez refiere la indemnizacin dispuesta por la Ley Orgnica de Discapacidades. En su artculo 153 establece la proteccin laboral a la mujer embarazada, en el que seala que el empleador no puede reemplazarla durante su perodo de gestacin y licencia y en caso de que esto suceda, el juzgador est facultado por la ley para ordenar su reintegro, lo cual tambin aplica para la mujer que est en perodo de lactancia.

La Ley Orgnica de Discapacidades (LOD, 2012) en su artculo 51 garantiza la estabilidad laboral para las personas con discapacidad, la que abarca de igual manera a los sustitutos. Adems, establece que, ante el despido de uno de estos sujetos, el empleador asume la obligacin de indemnizarlo a ms de reconocerle las prestaciones conforme a disposiciones contenidas en el Cdigo de Trabajo.

 

El sustituto

Segn Torres (2017), presidente del Consejo Nacional para las Discapacidades (CONADIS) el sustituto es el sujeto que se acoge a una medida de accin afirmativa, siempre y cuando la persona con discapacidad no pueda ejercer una actividad econmica para la que fue contratada. Esto se interpreta en que el sustituto es quien reemplaza a la persona con limitacin; figura que es aplicable siempre y cuando sus padres o cuidador estn sin trabajo, obviamente que la ley lo que busca es que la persona con discapacidad siempre est cuidada por alguien, porque de ninguna manera podra quedar desprotegido. En este sentido hay que ser estrictamente cuidadosos en la vigilancia a las instituciones, para que estas cumplan con la inclusin laboral no solo de personas con discapacidad, sino tambin de los sustitutos, obviamente siempre y cuando estos ltimos cumplan con los parmetros de ley que garanticen su condicin.

La Ley Orgnica de Discapacidades en su artculo 48 considera como sustitutos a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, al cnyuge, pareja en unin de hecho, representante legal o la persona que tenga bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa. El sustituto por ley es considerado titular de beneficios tributarios y laborales.

La clasificacin y certificacin de los sustitutos estn dadas a travs de la expedicin de normas por parte del Ministerio del Trabajo, en las que considera igualdad de condiciones para su tratamiento tanto para el sector pblico como para el privado. Es as que el Acuerdo Ministerial MDT-2018-0180 en su artculo 3 clasifica a los sustitutos en directos e indirectos. Los primeros comprenden los padres o representantes de nios, nias o adolescentes cuya discapacidad sea igual o mayor del 30%.

Conforme a la Resolucin No. 2013-0052, norma para la calificacin y certificacin de sustitutos directos de personas con discapacidad, emitida por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, tambin son considerados sustitutos directos quienes sean parientes hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, los cnyuges o parejas en unin libre legalmente constituida, adems de los representantes legales o las personas que tengan bajo su cuidado personas con discapacidad mayor o igual al 75%.

En lo que cabe al sustituto por solidaridad humana comprende aquella persona que sin ser pariente por consanguineidad o afectividad asume el cuidado de una persona con discapacidad mayor igual del 75% y que no tiene a ningn referente familiar. La Resolucin No. 2013-0052 considera a estas personas titulares de beneficios laborales y tributarios, en razn de que estas personas estn impedidas para laborar, dadas las condiciones de la discapacidad que padecen. Para disponer del registro de sustituto por solidaridad humana debe solicitar la certificacin ante el Ministerio de Inclusin Econmica y Social (MIES) ante la Direccin Distrital. Cada persona con discapacidad solo puede contar con un sustituto de acuerdo a lo dispuesto por el Acuerdo No. MDT-2018-180 emitido por el Ministerio del Trabajo del Ecuador para regular la calificacin y certificacin de sustitutos directos de personas con discapacidad.

Ante el despido de un sustituto, la LOD (2012) en su artculo 51 considera la proteccin reforzada en materia laboral para garantizar el trabajo a las personas que se encuentren a cargo de una persona con discapacidad severa y en caso que sea desvinculada, la norma dispone que se le pague una indemnizacin diferenciada, la que corresponde a un valor equivalente a dieciocho medes de la mejor remuneracin, la que es adicional a la indemnizacin legal correspondiente. En esta parte cabe mencionar que frente a la supresin de puestos por compra de renuncias con indemnizacin estn exentos los ocupados por personas con discapacidad o los sustitutos debidamente calificados por la institucin competente.

La Corte Constitucional como rgano colegiado de debate y decisin, a partir de la jurisprudencia brinda especial proteccin a los sustitutos de las personas con discapacidad, as lo refleja la Sentencia No. 1067-17-EP/20 pronunciada el 31 de diciembre de 2020, al resolver la Accin Extraordinaria de Proteccin interpuesta por parte de un sustituto padre de un nio con discapacidad al haber sido despedido injustificadamente por una institucin del Estado. La Corte brind especial proteccin al sustituto al resolver en su favor, al reconocer que la institucin empleadora haba vulnerado la garanta de estabilidad laboral reforzada aplicable a los padres de personas con discapacidad, para lo cual no se toma en cuenta el tipo de contrato y en consecuencia orden reconocerle la indemnizacin que la jurisprudencia constitucional y la Ley Orgnica de Discapacidades en su artculo 51 establece, la que corresponde a 18 meses de la mejor remuneracin devengada por el accionante durante su permanencia en el cargo.

 

 

La persona con discapacidad

En el contexto de las personas con discapacidad y aplicacin de la estabilidad laboral reforzada, la sentencia 172-18-SEP-CC, dictada el 16 de mayo de 2018, resuelve a favor del sustituto directo de un hijo con discapacidad intelectual del 84%. La Corte Constitucional dispuso la restitucin de la garanta de la estabilidad laboral reforzada, a travs de la reincorporacin a su trabajo la persona sustituta, en las mismas o similares condiciones del cargo de servidora pblica 1 y bajo nombramiento permanente. Adems, el pago de las remuneraciones y beneficios de ley no percibidos durante el tiempo que estuvo cesante.

Otra de las sentencias en que la Corte Constitucional del Ecuador en la que tambin determin la vulneracin de la estabilidad laboral reforzada en casos de personas con condicin de sustitutos de personas con discapacidad corresponde a la Sentencia No 689-19-EP/20 dictaminada el 22 de julio de 2020 dej sin efecto la resolucin expedida el 11 de diciembre de 2018 por parte de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en la que confirmaba la sentencia sobre la accin de proteccin presentada ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niez y Adolescencia con sede en Quito, negada en primera instancia. Por su parte, la Corte Constitucional orden el cumplimiento de una serie de medidas de reparacin dirigidas a la Secretara General de Comunicacin de la Presidencia de la Repblica, al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, al Ministerio de Inclusin Econmica y Social y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A su vez la sentencia citada declar la vulneracin de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la estabilidad laboral reforzada del sustituto, a los derechos de las personas y grupos de atencin prioritaria y a la salud del menor con discapacidad.

 

Las mujeres embarazadas

La estabilidad laboral en mujeres embarazadas en Ecuador est en riesgo, por lo que a pesar de que no debe influir la condicin contractual, la Ley Orgnica del Servicio Pblico ha insertado las figuras de libre remocin y libre nombramiento, las que permiten al empleador desvincular al servidor pblico en cualquier momento, sin que sea tenido en cuenta a la mujer que est embarazada o en perodo de lactancia

Por su parte, la Corte Constitucional ha emitido sentencias, en cuyas decisiones protege a las mujeres bajo esta circunstancia; sin embargo, se ha dejado a criterio de las instituciones, el separarlas laboralmente. Lo sealado jurisprudencialmente resulta reflejado en la Sentencia No, 3-19 JP/20 (2020) en la que la Corte Constitucional del Ecuador analiz el alcance de los derechos de las mujeres en estado de embarazo en el contexto laboral pblico, es decir bajo la Ley Orgnica del Servicio Pblico (LOSEP). La accin de proteccin interpuesta tiene como accionante a una mujer, la que al momento del hecho se encontraba embarazada y laboraba en diferentes modalidades laborales para el sector pblico. La situacin de esta mujer expresa la situacin que otras mujeres han pasado.

Cabe mencionar que las mujeres embarazadas, con permiso de maternidad y en periodo de lactancia, en el contexto laboral son titulares de derechos, pero el mismo Estado es quien los vulnera, a pesar que segn la Constitucin de la Repblica lo ha designado garante de los mismos. De igual modo, las instituciones del Estado no toman en cuenta el derecho constitucional consagrado en el artculo 332 en el que garantiza los derechos reproductivos de las personas trabajadoras. Adems, prohbe el despido de la mujer trabajadora asociado con su condicin de gestacin y maternidad.

La Sentencia citada considera otros derechos, como son: el derecho a tomar decisiones sobre la salud sexual y reproductiva, el derecho de las mujeres a la intimidad y a la no injerencia arbitraria, el derecho al trabajo sin discriminacin, el derecho a la proteccin especial, el derecho a la lactancia materna, el derecho al cuidado.

Uno de los anlisis realizados por la Corte que llam la atencin es referente a la modalidad de contratacin con la que el Estado vincula laboralmente a las mujeres y que sucede con frecuencia, se trata que por regla general aplican contratos ocasionales, los que son justificados debido a que la necesidad por parte de la institucin pblica no es permanente y por ende el cargo depende de una partida presupuestaria sujeta a la disponibilidad de los recursos econmicos asignados.

Las mujeres embarazadas bajo este tipo de contrato, la Corte ha decidido que prima su situacin especial ante cualquier necesidad administrativa, determinando que el contrato perdurar hasta que finalice el perodo fiscal en el que termine su periodo de lactancia. Esto indica que, a la mujer trabajadora gestante la institucin no puede despedirla anticipadamente y en caso de negarle la renovacin, vulnerara su derecho a la igualdad y no discriminacin de la mujer. De manera similar ocurre con el tratamiento de los contratos provisionales.

Entre las disposiciones pronunciadas en esta Sentencia por la Corte Constitucional del Ecuador dispuso las siguientes: la Defensora del Pueblo deber presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley para incorporar el derecho al cuidado en el mbito laboral; a la Asamblea Nacional legislar sobre el derecho al cuidado en el contexto de la maternidad y la lactancia materna; de igual modo responsabiliz a varias instituciones del Estado a desarrollar determinadas polticas de acuerdo a sus competencias. Po ltimo, resolvi disponer de los criterios contenidos en esta sentencia para que tengan efectos en casos presentados posteriormente.

 

Las mujeres en perodo de lactancia

La sentencia 0108-14-EP/20 emitida el 9 de junio de 2020 por la Corte Constitucional del Ecuador da cuenta del despido de una servidora pblica en periodo de lactancia, la que interpuso una accin extraordinaria de proteccin en contra de la institucin empleadora, tras haber dado por terminado su contrato ocasional a pesar de haberse encontrado en perodo de lactancia. Para tal efecto la Corte dictamin que en estos casos debe garantizarse la garanta al trabajo, aunque el contrato estipule una fecha lmite de finalizacin, el derecho puede efectivizarse a travs de la extensin o renovacin del contrato, por lo menos hasta que culmine el permiso por lactancia. Esta sentencia constituye uno de los antecedentes jurisprudenciales que garantiza la estabilidad laboral reforzada a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en razn de que la Corte Constitucional decidi aceptar la Accin Extraordinaria de Proteccin; declarar la vulneracin de derechos de la accionante con relaciona a la proteccin de la mujer embarazada y en perodo de lactancia. A su vez dispuso a la institucin empleadora el pago de los haberes dejados de percibir a partir de la fecha de su despido hasta la finalizacin del perodo de lactancia y como garanta de no repeticin por parte de la institucin empleadora, la realizacin de capacitacin en el contexto de la proteccin especial y reforzada de las mujeres embarazadas en el mbito laboral, de manera particular dirigida a la Unidad de Talento Humano.

 

Personas con enfermedades catastrficas

Respecto al reconocimiento de la garanta de estabilidad laboral reforzada frente a personas con enfermedades catastrficas, la Sentencia No. 375-17-SEP- CC Caso No. 0526-13-EP dictada el 22 de noviembre de 2017, la Corte declar la vulneracin de derechos constitucionales, como al buen vivir, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vida digna. Como medidas de reparacin integral resolvi la reincorporacin laboral de la persona despedida, a quien la institucin lo debe reubicar en un cargo administrativo en equiparables condiciones al que desempeaba antes de su desvinculacin. La Corte tambin orden la reparacin econmica relacionada con los haberes que no fueron percibidos por el accionante durante el tiempo que permaneci desvinculado inconstitucionalmente.

De la sentencia referida se deduce que el rendimiento de las actividades laborales de una persona que padece una enfermedad catastrfica se vincula con el deterioro fsico y psicolgico del trabajador, lo cual es atribuible como consecuencia de la enfermedad. Esto hace que el empleador lo reubique en un medio de trabajo acorde a las condiciones de su salud, pero no despedirlo por su condicin. La sentencia en mencin indica que los trabajadores con enfermedades catastrficas son titulares de la estabilidad laboral reforzada, razn por la que los empleadores estn prohibidos de desvincularlos laboralmente.

Adicionalmente la Sentencia No. 375-17-SEP-CC bajo la competencia consagrada en el artculo 436 numerales 1 y 6, respecto a las personas con enfermedades catastrficas/profesionales establece las siguientes reglas jurisprudenciales: el goce del principio de estabilidad laboral reforzad, en razn de ser merecedores de especial proteccin; la separacin laboral de las personas con enfermedades catastrficas/profesionales es considerada como violacin a los derechos constitucionales, a menos que el empleador funde una causa objetiva; el rendimiento no constituye fundamento alguno para que el empleador d por terminadas las relaciones laborales. En estos casos, al trabajador se lo debe reubicar de acuerdo a la capacidad de desempeo.

De similar ocurrencia la sentencia 80-13-SEP-CC pronunciada el 9 de octubre de 2013 enfatiza el trato preferencial de la manera prescrita por el artculo 35 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador respecto a la igualdad que requieren los grupos all establecidos, de tal manera que las personas en condiciones de debilidad, que para este caso concurren las con enfermedades catastrficas es obligatorio garantizarles el derecho a la estabilidad laboral reforzada, a fin de asegurarles el derecho en materia laboral, como es la permanencia en su empleo.

 

Metodologa

El estudio es de tipo cualitativo, por cuanto, analiza el ejercicio del principio de estabilidad laboral reforzada a las personas con discapacidad, sustitutos, personas que padecen una enfermedad catastrfica, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que laboran en el sector pblico. La modalidad adoptada corresponde a la documental, debido a que se tuvieron en cuenta diversas fuentes bibliogrficas confiables relacionadas con la problemtica de investigacin, con el fin de dotarla de conceptos expuestos por reconocidos tratadistas expertos. De igual modo imper la necesidad de recurrir adems de obras, a la consulta de investigaciones alojadas en repositorios institucionales, portales web oficiales, servicios de bibliotecas virtuales, legislacin nacional y comparada y por ltimo a jurisprudencia vinculada con los sujetos de estudio producida por la Corte Constitucional de Ecuador.

En lo que concierne a los mtodos de investigacin, se aplicaron el Inductivo-deductivo y analtico-sinttico. En primer mtodo operaron especificadamente dos acciones inversas, la induccin a manera de razonamiento de casos en particular y la deduccin que parti de la estabilidad laboral reforzada aplicada a grupos en general, sin especificidad alguna al grupo de las personas con discapacidad. El segundo mtodo facilit el anlisis de manera amplia de los elementos que conforman la aplicacin del principio de la estabilidad laboral forzosa en el contexto de garantizarlo a las personas con discapacidad y al mismo tiempo de manera antagnica sintetizar, es decir pormenorizadamente descubrir uno a uno los pormenores por los que se incumple su ejercicio.

Respecto a la tcnica de investigacin se tuvo en cuenta el estudio de caso, seleccionado de un conjunto de decisiones judiciales, el que fue abordado por su utilidad para evidenciar la vulneracin del derecho a la estabilidad laboral reforzada a las personas con discapacidad y sus sustitutos. Por obvias razones el instrumento que correspondi a la tcnica seleccionada lo constituy la sentencia emitida.

 

Resultados

En esta parte se destaca que la jurisprudencia en Ecuador da cuenta de la proteccin especial en materia de estabilidad reforzada protege a las personas con discapacidad y sustitutos; a las mujeres embarazadas, en licencia de maternidad y que estn en perodo de lactancia y las personas con enfermedades catastrficas. Esto se pudo constatar en todas y cada una de las sentencias anteriormente citadas. Se pudo constatar que las sentencias tienen la particularidad de referirse a la vulneracin del derecho al trabajo de personas en estado de doble vulnerabilidad como la discapacidad y embarazo o lactancia.

En los casos de las personas con discapacidad y sustitutos desvinculados laboralmente, el Pleno resolvi reconocerles la indemnizacin establecida en el artculo 51 de la Le Orgnica de Discapacidades, la que corresponde al reconocimiento de 18 mensualidades calculadas sobre la base de la mejor remuneracin obtenida por el trabajador. En lo que respecta a las mujeres embarazadas y en perodo de lactancia, la decisin proclamada fue la de posponer el plazo del contrato hasta la terminacin del perodo fiscal, de tal manera que coincida con la finalizacin de la licencia de maternidad o permiso de lactancia. En lo que corresponde a las personas con enfermedades catastrficas, la Corte Constitucional resolvi reinsertarlas a su actividad laboral, pero atendiendo su estado de salud, para lo cual la institucin pblica debe reubicarla en un puesto acorde a su condicin, en el que pueda desempearse.

Lo expuesto denota el gran inters por parte de la Corte Constitucional en garantizar y hacer cumplir a las instituciones pblicas el derecho al trabajo en el contexto del principio de estabilidad laboral, considerndose los excelentes resultados al declarar a travs de sentencias la vulneracin de derechos a los accionantes y medidas de reparacin, las que son de estricto cumplimiento.

 

Conclusiones

De lo investigado se concluye que la Constitucin, las leyes relacionadas y la jurisprudencia constitucional otorga la misma proteccin laboral reforzada tanto a las personas con discapacidad como a sus sustitutos, sin embargo, las entidades pblicas dan por terminada la vinculacin laboral con sustitutos, lo que est demostrado a travs de las acciones de proteccin interpuestas por los accionantes ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La estabilidad laboral reforzada prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional no puede limitarse en virtud de la modalidad de contrato o por reestructuracin de la entidad en la que labora la persona con discapacidad o su sustituto, por lo que de antemano se debe tener en cuenta en particular la situacin de vulnerabilidad, lo que conlleva a que, en aras de garantizar el derecho a la estabilidad, incluso se debe buscar su reubicacin en un puesto similar o de rango equivalente.

La Constitucin de la Repblica y especficamente en su artculo 46 consagra el derecho de atencin prioritaria para los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad y para su cumplimiento, el Estado debe adoptar medidas en favor de esta poblacin, entre ellas garantizar el derecho al trabajo de manera continua.

Uno de los efectos de la desvinculacin laboral de las personas con discapacidad y sustitutos es la prdida de la afiliacin a la seguridad social y obviamente la cobertura mdica, con lo que la persona con discapacidad queda desprotegida del derecho a la salud, lo que puede degenerar en su deterioro.

Las sucesivas contrataciones que aplica el Estado a los servidores pblicos a travs de contratos por servicios ocasionales de ninguna manera aseguran la estabilidad laboral, lo que genera condiciones de estrs a las personas con discapacidad pese a que constitucionalmente estn protegidas de toda vulneracin, sin que el derecho al trabajo se constituya en excepcin de cumplimiento por parte de las instituciones pblicas para las que laboran. Es decir, el empleador no puede dar por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral.

 

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