Ciencias sociales y polticas

Artculos de investigacin

 

Ventajas y desventajas de las audiencias virtuales en la accin de proteccin

 

Advantages and disadvantages of virtual hearings in protection action

 

Vantagens e desvantagens das audincias virtuais na ao de proteo

Mara Paz Ambrosi-Moina I

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-8652-3018

 

Marcelo Alejandro Guerra-Coronel II

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-8526-773X

 

Correspondencia: [email protected]

 

 

*Recibido: 16 de marzo de 2021 *Aceptado: 22 de abril de 2021 * Publicado: 10 de mayo de 2021

 

 

 

 

 

       I.            Abogada, Estudiante de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

    II.            Magister en Derecho Mencin Derecho Constitucional, Abogado de los Tribunales de Justicia de la Republica y Licenciado en Ciencias Polticas y Sociales, Docente de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

Resumen

El anlisis de la audiencia virtual en la accin de proteccin constituy un estudio normativo, jurdico y doctrinario; as mismo se logr establecer el nivel de interpretacin, razonamiento y reflexin constitucional aplicada. El tipo de investigacin que se utiliz en esta investigacin fue el cualitativo, los mtodos que aplicados fueron el histrico-lgico, inductivo-deductivo y analtico-sinttico. Las ventajas y desventajas que se produjeron al aplicar las nuevas tecnologas, en lo referente a la virtualidad, es agilizacin, propiciar almacenamiento seguro, optimizar recursos tecnolgicos. Por otro lado, dentro de las desventajas es que no se pudieron entregar las pruebas documentales fsicamente; dificultad del ingreso a la plataforma por problemas de red y el costo de la firma electrnica, esto raya en una justicia gratuita, empero de ello esta firma se distingui que ser a futuro un requisito necesario que todos los ciudadanos, mucho ms aun los juristas debern obtener obligatoriamente.

Palabras clave: Accin; audiencia, proteccin, virtual.

 

Abstract

The analysis of the virtual audience in the protection action constituted a normative, legal and doctrinal study; Likewise, it was possible to establish the level of interpretation, reasoning and applied constitutional reflection. The methods that converged in the research were analytical / synthetic and legal constructivism. The advantages and disadvantages that occurred when applying new technologies, in relation to virtuality, is streamlining, promoting secure storage, optimizing technological resources and global support. On the other hand, the disadvantages are that the documentary evidence could not be delivered physically; Difficulty entering the platform due to network problems and the cost of the electronic signature, this borders on a free justice, however, this firm envisioned that in the future it will be a necessary requirement that all citizens, much more even jurists, must Obtain obligatorily.

Keywords: Action; audience; protection; virtual.

 

Resumo

A anlise da audincia virtual na ao de proteo constituiu um estudo normativo, jurdico e doutrinrio; Da mesma forma, foi possvel estabelecer o nvel de interpretao, raciocnio e reflexo constitucional aplicada. O tipo de pesquisa utilizada nesta pesquisa foi qualitativa, os mtodos aplicados foram histrico-lgico, indutivo-dedutivo e analtico-sinttico. As vantagens e desvantagens que ocorrem na aplicao de novas tecnologias, em relao virtualidade, a racionalizao, promovendo o armazenamento seguro, otimizando os recursos tecnolgicos. Por outro lado, uma das desvantagens que as provas documentais no puderam ser entregues fisicamente; A dificuldade de entrada na plataforma devido a problemas de rede e ao custo da assinatura eletrnica, esta beirando a uma justia gratuita, no entanto esta firma distinguiu-se que no futuro ser um requisito necessrio que todos os cidados, muito mais mesmo juristas, devem obter obrigatoriamente.

Palavras-chave: Ao; audio, proteo, virtual.

 

Introduction

Previo el anlisis de las audiencias virtuales en la accin de proteccin que surgi a raz de la pandemia, es menester hacer un breve anlisis de la misma. La accin de proteccin es la ms usada de las mltiples garantas jurisdiccionales que se tiene dentro de la legislacin ecuatoriana para hacer valer los derechos cuando estos han sido vulnerados, se encuentra desde la Constitucin del 2008.

Para la tramitacin de esta accin en Ecuador, empieza con la demanda como dispone el artculo 10 de la ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional. La misma podr ser presentada tanto de manera oral, como de manera escrita, no se debe contar con abogado ni determinar el artculo que contiene el derecho vulnerado, esto para evitar que por formalidades se sacrifique la justicia.

La calificacin en la demanda, en caso de que haya ausencia de uno de los requisitos ya mencionados se contar con el termino de tres das para que la parte accionante pueda subsanarlo, en caso que no se lleve a cabo la subsanacin deber el juzgador corregir los requisitos que cuente, si considera que hay una vulneracin de derechos.

En caso de la demanda ser aceptada, el juzgador expedir un auto, que contendr la aceptacin de la accin, la fecha y hora para la audiencia, que no podr ser en ms de tres das termino la orden a las partes de presentar prueba y en caso del juzgador creer necesario las medias cautelares a emplearse.

De all que el nico encargado de dirigir la audiencia pblica contradictoria ser el juez, quien conceder a la palabra primero a la parte accionada y despus a la parte accionante, tendrn veinte minutos para intervenir cada una, con posibilidad a replica que se extiende a diez minutos para las dos partes intervinientes, luego del tiempo legal el juez se pronunciara. El problema de investigacin radica en la siguiente interrogante; Las audiencias virtuales o telemticas en la Accin de Proteccin, que ventajas o desventajas generan en el proceso?, siendo el objetivo general analizar las ventajas y desventajas que se producen al aplicar las audiencias virtuales, a travs de fundamentacin terica en lo referente a la audiencia en la accin de proteccin.

 

Referencial terico

Antecedentes de la accin de proteccin

Dentro de las garantas jurisdiccionales contempladas en el ordenamiento constitucional ecuatoriano, en esta investigacin se va a estudiar la denominada accin de proteccin, por lo que es oportuno empezar revisando los antecedentes histricos de la misma. La accin de proteccin nace como una limitante al poder, que ha sido conseguida, a travs de las diferentes batallas en donde los ciudadanos en las diversas etapas de la historia han logrado alcanzar, con el propsito de hacer que la accin estatal y el poder pblico que esta sustenta, estn orientados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

En el Derecho Romano se encuentra el registro ms antiguo de la accin de proteccin, basadas en instituciones jurdicas que florecen en la edad media, luego en la Constitucin, que fue establecida en Inglaterra en el siglo XII como resultado de un conflicto entre los representantes de la nobleza y el rey, que logran excluir ciertas prerrogativas que le estaban imputadas al poder real. Ms adelante en la Edad Moderna, se dan los primeros decretos en el orden civil y poltico, mediante los cuales la burguesa, situaba lmites a las prerrogativas que poda reclamar la nobleza y exhorta el respeto e igualdad ante de ley de todos los ciudadanos; con el nimo de garantizar la eficacia de estas garantas se acuda a los jueces. En esta poca tiene prevalencia la herramienta jurdica nombrada como peticin de derechos, que fue inteligenciado para resguardar los derechos personales y patrimoniales de los ciudadanos (Arraut, 2007, p. 66).

Dentro de este contexto Velsquez (2010), expresa una opinin relevante sobre la situacin histrica de la Garanta Jurisdiccional, cuando expresa:

La Accin de Proteccin, tiene como antecedente en nuestro sistema jurdico a la denominada accin de amparo constitucional, que estuvo vigente hasta que entr en vigor el actual texto constitucional. El constituyente opt por utilizar el mismo trmino que se utiliza en la Constitucin de la Repblica del Chile para este tipo de accin, en cuanto a su procedencia y particularidades encontramos algunos avances, pero tambin ciertos retrocesos en comparacin con su predecesora. Estimamos que el asamblesta opt por esta decisin de introducir una figura distinta a la del amparo, puesto que la primera lamentablemente, haba sido restringida en cuanto a su procedencia a travs de un reglamento dictado por la Corte Suprema de Justicia y por el comportamiento del propio Tribunal Constitucional al resolver este tipo de acciones. (p. 151).

Ms adelante la Constitucin de 1998, le dio la designacin de accin de amparo y la agrup en el art. 95; siendo su texto el siguiente:

Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podr proponer una accin de amparo ante el rgano de la Funcin Judicial designado por la ley. Mediante esta accin, que se tramitar en forma preferente y sumaria, se requerir la adopcin de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisin o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisin ilegtimos de una autoridad pblica, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitucin Poltica de la Repblica o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un dao grave. Tambin podr interponerse la accin si el acto o la omisin hubieren sido realizados por personas que presten servicios pblicos o acten por delegacin o concesin de una autoridad pblica.

No sern susceptibles de accin de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.

Tambin se podr presentar accin de amparo contra los particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente un inters comunitario, colectivo o un derecho difuso. (Constitucin Poltica del Ecuador, 1998, p. 101-103)

Sobre la base de los antecedentes sealados, la accin de proteccin, se ha cotejado como de preminencia en casi todos los ordenamientos jurdicos a nivel global, convirtindose en el mecanismo ms eficiente para otorgar amparo a los derechos y libertades esenciales de las personas, por lo que se ha cimentado de manera sistmica en los diferentes Estados que se gobiernan bajo un rgimen de derecho y de justicia. De all que esta accin nace como una refutacin a la accin arbitraria y desptica del poder, es decir, por la utilizacin para fines distintos de aquellos por los cuales fue otorgado a las autoridades.

 

 

 

Conceptos

Una vez que se ha mencionado el nacimiento de la accin de proteccin, se debe precisar algunos criterios abordados por ciertos autores afines con el derecho procesal constitucional, referente a la conceptualizacin de esta Garanta Jurisdiccional. Por ello Cueva (2009), afirma:

En primer lugar, destacamos que la proteccin al mismo tiempo que es una accin tambin es un derecho y un derecho con rango constitucional. Nosotros concebimos y definimos a esta accin, as: es una accin procesal oral, universal, informal y sumaria que ampara y garantiza judicialmente, en forma directa y eficaz, los derechos constitucionales, los derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos cuando fueren vulnerados por actos u omisiones de la autoridad pblica no judicial, por polticas pblicas o por personas particulares.

La accin que definimos es de carcter universal y de ella pueden hacer uso todos los sujetos de un Estado porque ste tiene la obligacin ineludible de amparar a todos por igual sin distincin de raza, sexo, religin, educacin y pensamiento...

El Estado no solamente nos protege de la autoridad y de las polticas pblicas que no respeten nuestros derechos, sino tambin de los particulares: de las personas jurdicas y de las personas naturales, porque ambas, y ms las primeras, pueden abusar utilizando su podero econmico, social y poltico.

Tal como ayer dijimos de la accin de amparo hoy exclamamos de la accin constitucional ordinaria de proteccin: es el poder de quien carece de poder. (Cueva, 2009, p. 61-62).

De acuerdo con los mencionado en lneas anteriores, la accin constitucional de proteccin, es aquella que tiene por esencia ofrecer una proteccin directa, eficiente y eficaz a los derechos constitucionales de los ciudadanos, que han sido delimitados por la interpretacin de la Corte Constitucional y que estn al amparo de los convenios y tratados jurdicos internacionales, cuando estos sean provenientes de la transgresin de algn acto u omisin proferida por una autoridad pblica no judicial, concerniente a la adopcin de polticas pblicas o por la accin u omisin de personas privadas. En los actuales momentos en donde la pandemia ha cerrado muchas vas de respeto a derechos, la accin de proteccin surge como un sustento de esa proteccin, gracias a las audiencias telemticas que permiten llevar adelante el proceso.

Por otro lado, vila (2011), en un estudio comparativo entre la accin de proteccin y el amparo constitucional, determina literalmente lo siguiente:

La Constitucin de 2008 ampli las posibilidades de la garanta jurisdiccional e introdujo la figura de la accin de proteccin, que es una accin de conocimiento que tiene como objetivo reparar integralmente la violacin de derechos proveniente de autoridad pblica o particulares (sin importar si prestan servicios pblicos). (p. 97).

Referenciando lo citado, se desprende que la accin de proteccin es una figura jurdica que fue introducida en la Constitucin de la Repblica del Ecuador vigente, cuya intencin es la de refrendar la reparacin integral de los derechos conculcados a consecuencia de decisiones derivados de actos de una autoridad pblica o de personas particulares, para este caso, no interesa que la persona suministre o no servicios pblicos.

De la misma forma, la accin de proteccin es estimada como universal, ya que se trata de un instrumento de garanta efectiva de los derechos de los individuos, que puede ser necesitado y solicitado por todos los integrantes de la sociedad sin discriminacin alguna, puesto que, en base al principio de no exclusin, el Estado est en compromiso de proteger a todos los ciudadanos por igual. Adems, la accin de proteccin tambin es un mecanismo mediante el cual se alcanza la vigencia real del Estado constitucional de derechos y justicia, democrtico y social, vigente en la Constitucin, ya que sin la eficacia de un garanta jurisdiccional preponderante para reclamar la defensa y proteccin efectiva de los derechos de los individuos, se estara propendiendo a que la poblacin tome mecanismos propios de defensa, lo cual podra terminar en una anarqua y esto no es permisible frente al desarrollo que la humanidad ha tenido para llegar a estos momentos, pues se debe generar una vida social que est llena de paz y justicia, con apego a los preceptos constitucionales y legales estatuidos.

Se puede agregar que la accin de proteccin es el poder para los que carecen de poder, debido a que es un mecanismo eficaz de proteccin de derechos, mediante el cual se puede poner en jaque la actitud abusiva de ciertos servidores pblicos y/o privados que vulneren los derechos de los integrantes de la sociedad en su conjunto, lo que naturalmente contraviene la norma constitucional fuertemente sustentada.

 

La eficiencia de la Accin de Proteccin virtual como mecanismo jurdico en pandemia

De manera general la accin de proteccin se desarrolla en un proceso sumario oral, sin que exista frente a ella alguna complejidad procesal. Las solemnidades procesales caracterizan a los juicios ordinarios; esta accin, en cambio est dotada de un procedimiento simple para evitar que la justicia pudiera alargar el fin de la litis, ya que fue concebida para proteger los derechos constitucionales, esenciales para todo ser humano. Esta accin se desarrolla en una atmsfera de sencillez procesal, con la finalidad que todos los ciudadanos puedan acceder a ella.

En esencia, el procedimiento para la accin constitucional ordinaria de proteccin es breve, sumario, sencillo y rpido; por esto se prohbe los retrasos y an la inhibicin del juez. Esto es en razn que los derechos deben ser protegidos en forma breve y oportuna puesto que derecho sin proteccin es letra muerta; stos deben plasmarse en las realidades de lugar y tiempo oportunos.

Ahora bien, en el contexto de la pandemia, el derecho internacional permite la declaratoria de estado de emergencia, medida a la cual recurri el Estado ecuatoriano, con el nimo de dar proteccin a la salud pblica en pocas de la COVID-19, de all que cesaron algunos derechos humanos. Ms se debe mencionar que inclusive en un estado de emergencia, existen varios derechos que no pueden suspenderse; entre estos se encuentra la obligatoriedad de dotar de un recurso efectivo de proteccin, sobre todo a travs de la justicia ante trasgresiones de derechos humanos.

Es posible que los gobiernos puedan modificar los procedimientos judiciales en respuesta a la emergencia, por ejemplo: la adopcin de medios telemticos para la realizacin de las acciones judiciales; en el caso de plantearse una accin de proteccin, se seguir los mismos procedimientos, con la variante de que la audiencia se puede realizar por los medios telemticos, que de igual manera asegura que exista una va efectiva para reclamar justicia. Por ello, es conveniente establecer las ventajas y desventajas de la aplicacin de las TIC en las actividades judiciales en tiempos actuales y a futuro, que en este tiempo por la pandemia han avanzado de manera acelerada, pues al ser nueva su aplicacin debern ser mejoradas y normadas de mejor manera en su utilizacin. De all que para acomodarse a esta nueva realidad virtual sobre las audiencias y con el objetivo de determinar lineamientos claros y directrices concretas para todos los servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura, mediante resolucin 074-2020, de 03 de julio de 2020, resolvi restablecer la modalidad de video audiencias durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional.

Las ventajas que se pueden distinguir sobre el uso de los medios telemticos en las audiencias virtuales, son las de brindar celeridad y agilizar la realizacin de stas, ofrecer un almacenamiento de las audiencias, mejor y necesaria seguridad de quienes intervienen en las mismas, puesto que no tendrn que acudir a un recinto judicial, evitando de esta manera tener contacto con otras personas reduciendo notablemente el riesgo de contagio, la optimizacin de todos recursos tecnolgicos que posee el rgano judicial y el propio (personas intervinientes en la audiencia), ya que se estima que solo el 10% de los equipos tecnolgicos es usado, de igual manera al ser virtual y por medio de plataformas globalizadas se puede acceder desde cualquier parte del mundo, evitando no solo hoy, la presencia fsica de los individuos que necesitan estar en la realizacin de la misma (Arellano, Cora, Garca & Sucunza, 2020).

Por otro lado, estn las desventajas mismas que pueden ser diluidas de acuerdo al uso de los medios telemticos, por ejemplo est fortalecer la entrega de pruebas documentales en la audiencia de accin de proteccin, esto se podr suplantar con el ingreso de documentos en formato PDF a los mails institucionales de la funcin judicial designadas para el efecto, otra desventaja radica la estabilidad de los servicios de internet, que en cualquier momento puede caerse el sistema; otro inconveniente puede surgir por problemas de audio, esto surge intermitentemente, pero estos problemas superables, al igual que el ingreso a la plataforma, otra desventaja es el uso de la firma electrnica que al tener un costo obtenerla se contradice con el derecho a una justicia gratuita, que en primera instancia as resultara, pero que en un mundo sumergido en las fases tecnolgicas, toca aportar por la obtencin de una de estas firmas, sobre todo a los profesionales de derecho, puesto que su uso ser generalizado, es decir, para todo acto las personas debern utilizarla (Arellano, Cora, Garca & Sucunza, 2020).

Dentro de este mismo contexto, en la Resolucin 045-2020 del 28 de abril de 2020, la Corte Constitucional determin que el Consejo de la Judicatura acogiera medidas claras y pertinentes que garanticen el acceso oportuno a la justicia de los ecuatorianos. Al Consejo le correspondera precisar de manera urgente que inclusive en el actual estado de emergencia, no se limitar el derecho fundamental de los ecuatorianos de acceder a la justicia en casos de transgresiones de sus derechos humanos.

En base de lo anterior, se desprende que el Consejo de la Judicatura debe estar consiente de una de las caractersticas prevalentes de la accin de proteccin, que es la inmediatez y debe ser propuesta sin tardanza de sucedida la transgresin de cualquier derecho constitucional; en el mbito procesal la accin de proteccin tiene prevalencia, esto significa que tiene que ser sustanciada en forma preferente; se trata de una accin que no es accesoria; esto por ser de respuesta inmediata por parte del rgano jurisdiccional; adems, es eficaz frente a la violacin los derechos constitucionales de los individuos; es reivindicatoria, puesto que se trata de una accin restauradora de los derechos constitucionales infringidos y que su finalidad no se limita a prevenir el cometimiento de una trasgresin, sino ms por el contrario a ser un mecanismo reparatorio de las consecuencias nocivas que trasciendan de la accin u omisin ilegtima en contra de un derecho tutelado. De all que la tutela efectiva que da esta accin de proteccin, es de prevalencia de acuerdo al orden constitucional; es decir, cualquier ciudadano puede fundamentar la violacin a sus derechos sin distincin de quien cometi el acto.

La supremaca constitucional de la accin de proteccin, fortalece la labor de los rganos judiciales, pues son ellos quienes se encuentran en plena potestad y capacidad jurdica de reclamar la defensa de la Constitucin del lugar en donde se procedi con la vulneracin de los derechos. En ese contexto la actuacin de un juez constitucional es competente para reparar integralmente los derechos transgredidos.

Todo lo dicho no se trata de una cuestin meramente retrica. El acceso a la justicia en pocas de pandemia es obligatorio para que el Ecuador cumpla con sus compromisos juridiciales internacionales sobre derechos humanos y resguarde de manera efectiva a sus habitantes.

 

La audiencia virtual en la accin de proteccin

Con el propsito de lograr la reparacin de esta accin y con respecto a esta situacin de pandemia, es claro que la Funcin Judicial, debe propiciar nuevos mecanismos que garanticen el real cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos; ahora que nos encontramos en una realidad virtual que nos lleva a utilizar todo medio telemtico que permita ejercer todos los derechos y garantas consagradas en la Constitucin.

Con respecto a esta nueva modalidad virtual de las audiencias y con el objetivo de determinar lineamientos claros y directrices concretas para todos los servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura, mediante resolucin 074-2020, de 03 de julio de 2020, resolvi restablecer la modalidad de llamada en el turno de madrugada en flagrancia y priorizar la modalidad de video audiencias durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional; dicha resolucin, en su artculo 2 reemplaza el artculo 11 de la resolucin 057-2020, por el siguiente texto:

Artculo 11: Realizacin de audiencias. - Las y los jueces podrn priorizar la realizacin de video audiencias en las circunscripciones territoriales donde se cuente con la factibilidad tcnica y tecnolgica que permita su ejecucin, de conformidad con lo previsto en los artculos 4 del Cdigo Orgnico General de Procesos y 565 del Cdigo Orgnico Integral Penal y garantizando el cumplimiento de los principios procesales.

Para la prctica de las audiencias presenciales se observarn los protocolos de bioseguridad emitidos por la Direccin General del Consejo de la Judicatura y por la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. Asimismo, en la prctica de las video audiencias, se observarn los protocolos emitidos por la Direccin Nacional de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura.

De la misma forma, la disposicin transitoria nica de la resolucin 074-2020, establece:

NICA. - En el trmino de cinco (5) das, las Direcciones Nacionales de: Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones TICs y de Gestin Procesal emitirn el protocolo de manejo de video audiencias que ser puesto en conocimiento de las y los operadores de justicia.

De lo anterior se deviene que es sumamente importante analizar lo que expresa Ferrajoli (1990) sobre el debido proceso, al manifestar que:

() los valores democrticos del respeto a la persona del imputado, la igualdad entre las partes contendientes y la necesidad prctica, adems de la fecundidad lgica de la refutacin de la pretensin punitiva y de su exposicin al control por parte del acusado (p. 32)

Lo anterior referido por Ferrajoli, implica que el debido proceso hace referencia a la igualdad entre las partes, los mismos derechos establecidos por la Constitucin y las leyes, en donde toda persona es inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. En sntesis, se puede establecer que el debido proceso, es el conjunto de principios y ordenamientos sucesivos sistemticos, dentro de los cuales se investiga el quebrantamiento de una norma legal, cuyo propsito primordial es llegar a buscar la verdad de un hecho, pero siempre respetando los derechos del procesado (Benavides, 2017, p.01).

Segn Vaca (2007) al debido proceso se lo entiende como: () el conjunto de derechos y garantas que protegen a la persona de los posibles excesos o riesgos de abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado. (p.63). En base a lo antes referenciado, se puede precisar al debido proceso, como el cmulo de principios y procedimientos continuados, ordenados y sistematizados; cuyo propsito primordial es llegar a encontrar la verdad procesal de un hecho, pero siempre respetando los derechos de las partes procesales.

En la complementariedad de este anlisis el Art. 14 del Cdigo Orgnico de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto de la audiencia determina: La audiencia pblica se llevar a cabo bajo la direccin de la jueza o juez, el da y hora sealado (). De ah que, con el debido proceso se diferencia la realizacin de una justicia oportuna frente a la necesidad de reparar acciones que afecten los derechos humanos, de all que se puede sustentar la utilizacin de la telemtica (video audiencias), que permitirn en cierta medida una justicia oportuna, aunque siempre ser mejor que las partes procesales se encuentren de cuerpo entero y presencialmente en las audiencias, con el propsito de sustanciar sus necesidades judiciales de mejor manera.

Esta referencia de realidad judicial virtual se sustenta en los siguientes principios:

 

Principio de independencia

Los artculos 168 numeral 1 de la Constitucin de la Repblica y el Art. 8 del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial en adelante COFJ, establecen que los jueces solo estn subordinados en el ejercicio jurisdiccional a los instrumentos internacionales de derechos humanos por el suscrito Estado y a la ley. Su ejecucin las realizar con independencia, inclusive al resto de rganos de la Funcin Judicial.

La norma Constitucional determina que ninguna Funcin, rgano o autoridad del Estado podr interferir en el ejercicio de las atribuciones y deberes de la Funcin Judicial, de darse el supuesto no consentido de intervencin externa sobrellevar responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con la ley. Esto sustenta la actividad virtual en este tipo de acciones, puesto que el rol de independencia judicial se mantiene, pues la realidad procesal conlleva todos los mecanismos de la audiencia como si fuera presencial, solo con el limitante de la convergencia fsica de las partes.

 

Principio de imparcialidad

El Art. 9 del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial (2009), sobre la imparcialidad establece:

La actuacin de las juezas y jueces de la Funcin Judicial ser imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces debern resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la nica base de la Constitucin, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la rplica, no se permitir la realizacin de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artculo 103 del COFJ. (p.5)

Este derecho, podra ser implementado de mejor manera, respetando la igualdad ante la ley, no es lo mismo que una de las partes se encuentre de manera presencial y otra virtual, pudiendo llegar a crearse una diferencia, que sera contrario a este principio.

Es entonces necesario, para que un juez sea imparcial e independiente que el gobierno, los legisladores y la sociedad en todo su conjunto, no ejerzan cualquier tipo de influencia sobre los jueces, as que este principio, es uno de los cimientos ms importantes de las garantas del debido proceso mucho ms aun en donde la virtualidad prevalece por temas de pandemia, es en donde se debe dar el mismo espacio y tiempo a las partes para la exposicin de sus verdades procesales, de all que se hace necesario su respeto irrestricto en cualquier rea de su convergencia judicial y en todas las instancias procesales, de manera que se garantice los derechos de las personas.

 

Principio de publicidad

El Art. 13 del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial (2009), sobre la publicidad en sus primeros prrafos establece:

Las actuaciones o diligencias judiciales sern pblicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas.

Solo podrn realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la constancia procesal de las mismas. En ningn caso las audiencias podrn ser grabadas por medios de comunicacin social. (p.8)

El enfoque del principio de publicidad, consiste en las formas que tiene la administracin de justicia para que se exterioricen las audiencias, conforme lo establece la norma jurdica, la determinacin de los diferentes mecanismos que tiene para dar a conocer las gestiones que efecta de la administracin judicial segn el caso, tienen sus particularidades emanadas de la ley; de all que los lmites que tiene la publicidad en la administracin con relacin a temas sensibles, cuya prohibicin debe ser tomado en cuenta, para no perturbar derechos tutelados por la importancia y su interrelacin que salvaguardan a las partes procesales, por lo mismo estas no podran ser grabadas por ningn medio, pero s debera trasmitirse por algn medio, para garantizar el cumplimiento de este principio.

 

Principio de inmediacin

El Art. 19 del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial (2009), sobre la inmediacin en sus prrafos primero y segundo establece:

Las juezas y jueces resolvern de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mrito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantas jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneracin de derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podrn pronunciarse sobre tal cuestin en la resolucin que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo (p.8).

El uso de video conferencia, como lo seala Gustavo Amoni: Permite cumplir con las exigencias del principio de inmediacin, siempre que la calidad de la imagen y el sonido sean suficientes para equipararse a una audiencia en presencia real ante el juez, puesto que ella permite a los presentes en la sala de audiencias, escuchar las declaraciones y observarlas, as como tambin que la persona que declara a distancia pueda observar lo que ocurre en la sala, en especial las reacciones del juez. Asimismo, este sistema de intercomunicacin permite que el juez intervenga en la audiencia virtual e imponga su autoridad a quien declara, cuando fuera necesario, y todo en tiempo real, como si estuviera fsicamente en la sala de audiencias. (Amoni, 2013).

La inmediacin tiene relacin con el derecho a ser escuchado, de la relacin directa que hay entre el juzgador y las partes dentro de las audiencias virtuales suscitadas por la pandemia; adems de que implica el interactuar del juez en la recepcin de la prueba sea esta por via telemtica, debidamente legalizada por los mecanismos electrnicos existentes para ello, permitindole tomar una decisin basada en la indagacin de calidad proporcionada por las partes, testigos y peritos; es en donde se logra que el juez extirpe su convencimiento sobre la prueba actuada en audiencia.

Es decir, al no cumplir con una buena conectividad a internet, una plataforma y tecnologa adecuada e igual para ambas partes, no se estara garantizando el principio de inmediacin.

 

Principio de acceso a la justicia

EL Art. 22 del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial, sobre el acceso a la justicia establece:

Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligacin estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinacin con los organismos de la Funcin Judicial, establecer las medidas para superar las barreras estructurales de ndole jurdica, econmica, social, generacional, de gnero, cultural, geogrfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso. (Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial, 2009, p.9)

La Constitucin determina que todas las personas tienen acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y libre de sus derechos e intereses con sujecin a los principios constitucionales. De esta manera, los rganos judiciales tienen que garantizar este derecho, superando las barreras estructurales, sociales, econmicas, de gnero, o de cualquier ndole que se interponga con el libre acceso a la justicia, es por ello que la implementacin de las plataformas tecnolgicas para las audiencias telemticas, deben estar al alcance de todas las personas, de manera gil y efectiva, permitiendo de esta manera un acceso libre y gratuito a la justicia en pocas de pandemia. El acceso a la justicia no debera verse limitada, por la economa de las personas y su capacidad para adquirir tecnologa de punta, pes no se trata nicamente de celeridad procesal sino tambin de la calidad de la misma.

 

Derecho comparado, legislacin venezolana de audiencias virtuales

El Sistema Judicial venezolano suspendi el despacho de los tribunales en todo el pas, mientras se daba el perodo de cuarentena decretado por el Gobierno Central el ao pasado. De ah que en este periodo se declararon en suspenso las causas y no corran los tiempos procesales, pero no se dejaran de atender los casos urgentes, con el fin de asegurar el funcionamiento de la justicia, como las audiencias de presentaciones de detenidos por delitos flagrantes, admisin de amparos y la libertad de personas con penas cumplidas dentro de este perodo (Aldana. 2020, p.01).

Dentro de este esquema judicial sui generis, los Magistrados de la Sala Plena del TSJ mantenan el qurum para la deliberacin de cualquier caso urgente, mientras que la Comisin Judicial y la Inspectora General de Tribunales se encargaba de atender con apremio todo bajo el carcter de la emergencia a travs del sistema de guardias (Aldana. 2020, p.01).

Dentro de este contexto, la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el artculo 49, garantiza el debido proceso y tutela jurdica efectiva a todos los ciudadanos. En vista de la situacin frente a la pandemia, se exhort al TSJ que tomar las medidas de prevencin necesarias, considerando que el artculo 339 de la Constitucin establece que los estados de excepcin no interrumpen el funcionamiento de los rganos pblicos. La garanta al debido proceso, reside en el derecho de toda persona a ser escuchada en cualquier clase de proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial (Aldana. 2020, p.01).

Bajo esta consideracin, es de suponer que la telemtica judicial es reconocida por la justicia venezolana. Este reconocimiento est reforzado tambin en la Ley de Infogobierno publicada en Gaceta Oficial en 2004, que entre otros aspectos contempla el derecho de las personas a que se garantice la regulacin de esta tecnologa en el mbito judicial, especialmente en los casos de: dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologas de informacin y acceder a la informacin pblica a travs de medios electrnicos.

Segn se resea en el artculo de Romn Duque, en las salas del Tribunal Supremo de Justicia no se emplean las herramientas tecnolgicas necesarias para poder llevar a cabo una audiencia telemtica, ni para implementar de trmites expeditos y transparentes. En dos oportunidades se han promulgado resoluciones (2016 y 2018) sobre la participacin telemtica de los sujetos procesales en las audiencias en algunas de las salas del rgano judicial, sin haber avanzado considerablemente en la implementacin de este propsito. Dentro del enfoque de Duque (2020) se establece que:

El expediente electrnico y el acceso telemtico para las audiencias, no solo de la Sala de Casacin Penal, sino para las que se han de llevar a cabo en el resto de las Salas y los tribunales, permitira garantizar la no interrupcin de la administracin de la justicia y el derecho al debido proceso en situaciones como las de suspensin de actividades en estado de excepcin. (p.2)

La situacin actual debido a la pandemia, dificulta en la mayora de los casos el acceso de los sujetos procesales ante los rganos de la justicia venezolana, por lo que, en uso de la potestad constitucional de garantizar el debido proceso, se estableci que:

Los jueces pueden basarse en la analoga procesal, aplicando por su semejanza procedimental, las normas sobre la participacin telemtica de los sujetos procesales, a que se refiere la Sentencia de la Sala Constitucional nmero 1 del 27 de enero de 2011, que orden realizar una videoconferencia desde el Consulado de Venezuela en la ciudad de Vigo, Espaa (Sentencia 74 del Juzgado de Sustanciacin de la Sala Plena, 2016, p.25).

En esa sentencia 74 se resalta que la videoconferencia puede acercar en tiempo real a personas que no estn en el mismo espacio geogrfico, pero que debe garantizar que la comunicacin sea clara tal cual como si estuviesen frente a frente.

Se puede concluir que en los rganos del Poder Judicial venezolano no se cuenta con los sistemas telemticos necesarios para garantizar esta opcin que prueba el debido proceso en estos tiempos. No se han implementado las plataformas tecnolgicas que soporten tal accin, a pesar de que la instalacin debi ocurrir despus del ao 2013. En estos momentos, los sujetos procesales con acceso privado a plataformas tecnolgicas son los que han podido garantizar el debido proceso.

A diferencia de lo que sucede en Venezuela, en Ecuador el Consejo de la Judicatura ha implementado mecanismos tecnologas acertados, es decir se produjeron contrataciones de plataformas tecnolgicas telemticas a tiempo, lo cual permiti el desarrollo de las audiencias de manera eficiente, lo cual ha conllevado a garantizar el debido proceso con el acceso de las partes a las mismas, dentro de las circunstancias de restricciones que se ha dado por la pandemia.

 

Metodologa

Esta investigacin es no experimental puesto que no se han manipulado variables. Para el desarrollo de esta investigacin se ha utilizado tipo de investigacin cualitativo, mismo que se bas en la fundamentacin terica y fuentes de datos bibliogrficos.

El mtodo abordado fue el Analtico sinttico, consisti en la desmembracin o descomposicin del todo, es un proceso que permite separar o dividir el objeto en los aspectos o cualidades que lo componen. (Rojas Soriano, 2010, pg. 151). La sntesis, por el contrario, es el proceso que permite la integracin para obtener una comprensin general. (Villabella Armengol, 2014, pg. 936).

Para este trabajo de investigacin se ha utilizado el mtodo inductivo - deductivo. Por cuanto el mtodo inductivo permite partir de aspectos, condiciones, anlisis o resultados particulares para llegar a generalizaciones, es decir, de lo particular a lo general, por el contrario, el mtodo deductivo parte de aspectos, condiciones, anlisis o resultados generales para aplicarlos a situaciones particulares. (Salinas, 2013).

Tambin se acudi al uso del mtodo histrico lgico, que est relacionado con el estudio de la trayectoria histrica de la accin de proteccin en nuestro pas, en relacin a su parte lgico, se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del problema planteado, estudia su esencia.

En este contexto lo lgico y lo histrico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales del fenmeno estudiado, el mtodo lgico se basa en los datos que proporciono el mtodo histrico, de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo.

 

Resultados

El anlisis de la Accin de Proteccin en lo referente a la audiencia virtual, se llev a cabo con la normativa legal vigente, entreviendo la conveniencia sobre los derechos de las personas. Las normas analizadas fueron: la Norma Constitucional del Ecuador, la Ley Orgnica de la Funciona Judicial, la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre otras. El aspecto doctrinario se analiz tomando como base la informacin de artculos cientficos tambin relacionados a los derechos involucrados.

En el desarrollo de la investigacin se logr alcanzar el objetivo principal de analizar las ventajas y desventajas que se producen al aplicar las nuevas tecnologas, en lo referente a la audiencia en la accin de proteccin; as mismo se logr realizar anlisis en cuanto al acceso a la tutela judicial efectiva por medios telemticos, los obstculos y facilidades; analizar la debida diligencia, el debido proceso en cuanto el cumplimiento de la audiencia jurisdiccional, al ser de forma condicionada e indagar sobre rol del juez en la ejecucin en la sentencia y la sentencia.

La audiencia de proteccin de manera virtual en anlisis, es la que denota realmente la eficacia jurdica en estas pocas de confinamiento, puesto que asegura una seguridad jurdica para la sociedad, ya que favorece la prevalencia de justicia de los individuos, cuando ven vulnerados sus derechos constitucionales.

La hiptesis planteada fue confirmada puesto que los niveles de interpretacin, razonamiento y reflexin constitucional al permitir el uso de tecnologas dentro de las audiencias de accin de proteccin, se pueden establecer ventajas y desventajas, que de cierta manera no constituyen un obstculo, sino ms bien son un medio para lograr una tutela judicial efectiva en estas pocas de calamidad; sin embargo, stas deberan ser mejoradas, pues si bien son de ayuda, hay mucho por perfeccionar.

La accin de proteccin tutela derechos de los individuos y colectivos, es as que, para dar fin a la discusin, se puede establecer que la accin de proteccin es una garanta de acceso a una justicia social verdadera, aunque en la actualidad aun existan ciertas desventajas cuando la audiencia se la realiza virtualmente. En la prctica se planteara la mejora de las desventajas del uso de los TICS, como son la entrega de pruebas documentales en la audiencia de accin de proteccin; el ingreso a la plataforma, problemas con el audio, firma electrnica que al tener un costo obtenerla se contradice con el derecho a una justicia gratuita, el derecho a la igualdad, pues no es lo mismo una parte que se encuentre de manera presencial y otra que se encuentre va zoom, principios como publicidad, igualdad e inmediacin. A continuacin, presentamos algunos casos de acciones de proteccin durante etapa de pandemia.

 

 

Tabla 1: Proceso de Accin de Proteccin

No. proceso:

01283202019195

No. de ingreso:

1

Dependencia jurisdiccional:

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTN AZOGUES, PROVINCIA DE CAAR

Accin/Infraccin:

ACCIN DE PROTECCIN

Actor(es)/Ofendido(s):

NARVAEZ MUOZ KARLA VERONICA

Demandado(s) / Procesado(s):

FISCALA PROVINCIAL DEL CAAR

FISCALA PROVINCIAL DEL CAAR

PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO

Fuente: Consejo de la Judicatura

 

Tabla 2: Proceso de Accin de Proteccin

No. proceso:

03333202000335

No. de ingreso:

1

Dependencia jurisdiccional:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTN AZOGUES PROVINCIA DEL CAAR

Accin/Infraccin:

ACCIN DE PROTECCIN

Actor(es)/Ofendido(s):

BELTRAN QUEVEDO PAUL FERNANDO

Demandado(s) / Procesado(s):

DRA. RUTH AVEROS DIRECTORA REGIONAL DE LA PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO

EDGAR PALOMEQUE CANTOS

Fuente: Consejo de la Judicatura

 

Tabla 3: Proceso de Accin de Proteccin

No. proceso:

16171202000007

No. de ingreso:

1

Dependencia jurisdiccional:

TRIBUNAL DE GARANTAS PENALES CON SEDE EN EL CANTN PASTAZA

Accin/Infraccin:

ACCIN DE PROTECCIN

Actor(es)/Ofendido(s):

CURIPALLO ALAVA YAJAIRA ANABEL

LOPEZ VILLACIS HENRY ROBERTH

TIXI CHALAN VERONICA ELIZABETH

Demandado(s) / Procesado(s):

JAIME GUEVARA BLASCHKE-PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Fuente: Consejo de la Judicatura

 

Tabla 4: Proceso de Accin de Proteccin

No. proceso:

09292202000606

No. de ingreso:

1

Dependencia jurisdiccional:

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES CON SEDE EN EL CANTN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS

Accin/Infraccin:

ACCIN DE PROTECCIN

Actor(es)/Ofendido(s):

MARISCAL SAN MARTIN LENNY CECILIA

Demandado(s) / Procesado(s):

IIGO FRANCISCO SALVADOR CRESPO ( PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO )

Fuente: Consejo de la Judicatura

 

Tabla 5: Proceso de Accin de Proteccin

No. proceso:

14254202100084

No. de ingreso:

1

Dependencia jurisdiccional:

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTN SANTIAGO DE MENDEZ

Accin/Infraccin:

ACCIN DE PROTECCIN

Actor(es)/Ofendido(s):

CRIOLLO MOSQUERA STIWAR SEGUNDO

Demandado(s) / Procesado(s):

FISCALA GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA

Fuente: Consejo de la Judicatura

 

Discusin

En base al anlisis realizado y tomando en consideracin las desventajas y ventajas de las audiencias virtuales dentro del proceso de accin de proteccin, se propone lo siguiente:

         Que se sistematice la entrega de pruebas, para que estas puedan cumplir su finalidad que, si bien las pruebas documentales son entregadas en la ventanilla de atencin de forma fsica, el propsito de estas siempre debera ser la inmediacin del Juez y este pueda valorarlas, independiente de que sea enviada por medios telemticos.

         El Consejo de la Judicatura proporcionara espacios independientes (debidamente enlazados a la web) con el debido equipamiento de computadoras, que puedan ser usadas por las partes de manera independiente, con lo cual se desvanecern los problemas de enlace y de audio.

         Que tan solo por esta poca (pandemia) se facilite el acceso gratuito a las firmas electrnicas de los profesionales de derecho que patrocinen este tipo de casos.

         Que todas las partes procesales, hagan uso obligatorio de los medios telemticos para las audiencias de proteccin, esto permitir la prevalencia de los principios de publicidad, igualdad e inmediacin, para ello sera importante la realizacin de un reglamento ms especfico.

 

Conclusiones

La aplicacin de las garantas jurisdiccionales refuerza la supremaca de la Constitucin cuando se dan violaciones a los derechos constitucionales en las instancias de instituciones del Estado, fortaleciendo el Estado constitucional de derechos y justicia establecido en la Norma Suprema.

La accin de proteccin tiene el propsito de acoger directa y eficazmente a los derechos que se encuentran estipulados en la Constitucin comprendiendo no solamente las acciones u omisiones de autoridades pblicas sino tambin polticas pblicas, y las actuaciones que provengan de particulares que se llevan bajo un procedimiento sencillo y eficaz; en el caso de los rganos judiciales la incorporacin de audiencias virtuales que permitan la eficacia del debido proceso y una efectiva tutela judicial.

El debido proceso es un derecho primordial dentro de la ejecucin de un proceso en cualquier ndole jurdica, por ello los operadores de justicia, deben ejercerlo con total probidad, es decir, su buena gestin depender que esta garanta de proteccin de derechos se reafirme o que su indebida ejecucin los transgreda.

El correcto uso de la accin de proteccin, en lo que tiene que ver con las audiencias virtuales, demanda adems de los estudios de tercer nivel, quiz de cuarto, a ms de la capacitacin continua que los profesionales del derecho deben mantener, sobre todo en estos temas puntales de total relevancia, como son las audiencias de proteccin y de la forma de efectuarles de acuerdo al nuevo orden de circunstancias por la pandemia.

 

Referencias

1.              Aldana, (2020). Aldanayabogados.com Recuperado de: https://aldanayabogados.com/blog/audiencias-telematicas-posibilidad-para-justicia-en-el-mundo/#.YJbGAS0zaM8

2.              Arellano, Cora, Garca & Sucunza. (2020). Estado de la Justicia en AL bajo el COVID 19. Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales.

3.              Arraut, (2007). Jornadas Internacionales de Derecho Constitucional. Los Derechos Fundamentales como Pilares de Europa, Quito.

4.              vila, R. (2011). Del Amparo a la Accin de Proteccin Jurisdiccional. Instituto de Ciencias Jurdicas de Puebla.

5.              Benavides, (2017) Garanta del Debido Proceso. Derecho Ecuador, Quito.

6.              Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial, 2009. Editorial Corporacin de Estudios y Publicaciones.

7.              Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008, Editorial Corporacin de Estudios y Publicaciones.

8.              Consejo de la Judicatura, resolucin 074-2020, de 03 de julio de 2020

9.              Cueva, L. (2009). Accin Constitucional Ordinaria de Proteccin. Ediciones Cueva Carrin.

10.          Ferrajoli, L. (1990), Derecho y Razn. Teora del Garantismo Penal

11.          Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, Editorial Corporacin de Estudios y Publicaciones.

12.          Pleno del Consejo de la Judicatura. Resolucin 074-2020, de 03 de julio de 2020, Restablecer la modalidad de llamada en el turno de madrugada en flagrancia y priorizar la modalidad de videoaudiencias durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional.

13.          Vaca, Ricardo. (2007), Manual de Derecho Procesal Penal, Corporacin de Estudios y Publicaciones, 3a Edicin actualizada, vol. 1.

14.          Velsquez, S. (2010). Manual de Derecho Constitucional Ecuatoriano. Editorial Edino.

 

 

 

 

 

2020 por los autores. Este artculo es de acceso abierto y distribuido segn los trminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).|

Métricas del Artículos

Cargando Métricas.....

Metrics powered by MI WEB PRO

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia


Copyright (c) 2021 María Paz Ambrosi-Moina, Marcelo Alejandro Guerra-Coronel

URL de la Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP)

Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa,  Manta - Manabí - Ecuador.

Código Postal: 130801

Teléfonos: 056051775/0991871420

Email: [email protected]

URL: https://www.dominiodelasciencias.com/

DOI: https://doi.org/10.23857/pocaip