Ciencias Tcnicas y Aplicadas

Artculo de Investigacin

 

Importancia del principio de celeridad en la aplicacin de los beneficios penitenciarios en Ecuador

 

Importance of the principle of speed in the application of prison benefits in Ecuador

 

Importncia do princpio da celeridade na aplicao de benefcios prisionais no Equador

 

 

Victoria Mariu Herkt Romero I
vherkt1@utmachala.edu.ec
 https://orcid.org/0000-0002-3220-7052
Gabriel Yovany Suqui Romero II
gsuqui@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-3704-8193
 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: [email protected]

 

 

*Recibido: 29 de junio del 2022 *Aceptado: 12 de julio de 2022 * Publicado: 25 de agosto de 2022

 

       I.          Estudiante, Universidad Tcnica de Machala, Ecuador

     II.          Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia de la Repblica, Mster Universitario en Derecho, Orientacin Investigadora Especialidad En Derecho Penal, PhD en Derecho por la Universidad da Corua, Espaa, Docente Universidad Tcnica de Machala, Machala, Ecuador.

 

 

 

Resumen

El Derecho penitenciario en Ecuador ha sido, doctrinaria y jurisprudencialmente, una parte olvidada en el estudio del Derecho. Una vez que el individuo recibe sentencia condenatoria, su situacin carcelaria queda relegada a un trmite que no queda claro si es eminentemente administrativa y/o penal. Adems, los tiempos que tardan en la prctica de la tramitacin, el cambio de regmenes penitenciarios sugiere la necesidad que, desde este espacio acadmico se reflexione la importancia de la observancia del principio de celeridad en los advertidos trmites de cara a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. El presente artculo tiene como objetivo determinar la importancia del principio de celeridad en la tramitacin del beneficio penitenciario que comprende el cambio de rgimen cerrado al semiabierto. A travs de una investigacin documental y descriptiva, con revisin de fuentes bibliogrficas electrnicas y fsicas y, con la ayuda del mtodo histrico, exegtico, hermenutico, analtico y sinttico; se permiti exponer la realidad que las personas sentenciadas tienen que enfrentar al momento de tramitar un beneficio penitenciario, y cmo esto influye en la crisis penitenciaria actual.

Palabras Claves: Derecho penitenciario ecuatoriano; Principio de celeridad; Beneficios penitenciarios; Rgimen semiabierto.

 

Abstract

The penitentiary Law in Ecuador has been, doctrinally and jurisprudentially, a forgotten part in the study of Law. Once the individual receives a conviction, his prison situation is relegated to a procedure that is not clear if it is eminently administrative and / or criminal. In addition, the times that it takes in the practice of processing, the change in prison regimes suggests the need, from this academic space, to reflect on the importance of observing the principle of speed in the aforementioned procedures in order to guarantee the rights of the persons deprived of liberty. The objective of this article is to determine the importance of the principle of speed in the processing of the prison benefit that includes the change from closed to semi-open regime. Through documentary and descriptive research, with a review of electronic and physical bibliographic sources and, with the help of the historical, exegetical, hermeneutical, analytical and synthetic method; it was allowed to expose the reality that sentenced people have to face when processing a prison benefit, and how this influences the current prison crisis.

Keywords: Ecuadorian prison law; Principle of speed; prison benefits; semi-open regime.

Resumo

O Direito penitencirio no Equador tem sido, doutrinaria e jurisprudencialmente, uma parte esquecida no estudo do Direito. Uma vez que o indivduo condenado, sua situao prisional relegada a um procedimento que no fica claro se eminentemente administrativo e/ou criminal. Alm disso, os tempos que leva na prtica do processamento, a mudana nos regimes prisionais sugere a necessidade, a partir deste espao acadmico, de refletir sobre a importncia da observncia do princpio da celeridade nos procedimentos supracitados a fim de garantir os direitos dos as pessoas privadas de liberdade. O objetivo deste artigo determinar a importncia do princpio da celeridade na tramitao do benefcio prisional que contempla a mudana do regime fechado para o semiaberto. Por meio de pesquisa documental e descritiva, com reviso de fontes bibliogrficas eletrnicas e fsicas e, com auxlio do mtodo histrico, exegtico, hermenutico, analtico e sinttico; permitiu-se expor a realidade que os sentenciados enfrentam ao processar um benefcio prisional e como isso influencia a atual crise carcerria.

Palavras-chave: lei prisional equatoriana; Princpio da velocidade; benefcios da priso; regime semiaberto.

 

Introduccin

Ecuador posee una poblacin de 18 millones de habitantes. Hasta el mes de noviembre del 2021, de aquella cifra, se data 36.599 personas privadas de libertad (PPL) y, frente a esa demanda carcelaria, se registra 36 centros de detencin, ubicadas en nueve zonas geogrficas del pas (Comisin Interamericana de Derechos Humanos, 2022). De acuerdo a la informacin proporcionada por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, el pas se encuentra frente a una grave crisis penitenciaria de carcter estructural e institucional, pues los distintos amotinamientos ocurridos durante el ao 2021 han generado alerta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, se tiene el registro de 8 eventos violentos suscitados hasta el 1 de diciembre de 2021, en donde 316 personas privadas de libertad han fallecido bajo la custodia del Estado.

Ante este escenario lamentable que actualmente persiste por cuanto se han registrado nuevos amotinamientos y muertes en las crceles del pas, la inseguridad nacional se ha visto reflejada no solo en la poblacin carcelaria sino en todos los ecuatorianos. Los efectos colaterales de esta crisis han repercutido indiscutiblemente en la ola delincuencial. En funcin de aquello, el sistema penitenciario ecuatoriano ha sido objeto de estudio y de debate con mucha polmica, llegando a manifestarse que, inclusive, en las crceles nicamente se ha logrado perfeccionar al delincuente y reproducir la violencia (Montec & Alcvar, 2020).

Con el afn de bsqueda de aquellos factores que inciden en la crisis penitenciaria, salen a la luz inconsistencias estatales, como son los casos de corrupcin, hacinamiento, uso excesivo de la prisin preventiva, creacin de megacrceles, altos niveles de encarcelamiento, disminucin presupuestaria, obstculos legales y administrativos para la concesin de beneficios penitenciarios, entre otros (Comisin Interamericana de Derechos Humanos, 2022).

Sin embargo, para efectos investigativos del presente artculo, se ha considerado pertinente enfocarse en el ltimo factor antes mencionado, debido a que, en la concesin de beneficios penitenciarios, se est inobservando un principio constitucional importantsimo garantizado dentro del sistema procesal, la celeridad. Por ello, se ha delimitado el objetivo general en la presente investigacin, el cual consiste en determinar la importancia del principio de celeridad en la tramitacin del beneficio penitenciario que comprende el cambio de rgimen cerrado al semiabierto.

Desarrollo

  1. Derecho penitenciario ecuatoriano

El anlisis de las cuestiones elementales del Derecho penitenciario en Ecuador conlleva, inevitablemente, a contextualizar la problemtica a partir de las graves inconsistencias que desde un inicio se vieron reflejadas en el caduco y tradicional sistema penitenciario y que, actualmente, como resultado de la incontenible crisis que atraviesa el pas, se ve agravada debido a mltiples factores como la creciente ola delincuencial y los hacinamientos, por ejemplo.

Partiendo, primeramente, desde su definicin, que en cierto sentido ha resultado complicado establecerla debido a su estrecha relacin y en algunas ocasiones confusin con el Derecho administrativo o el Derecho penal ejecutivo (Durn, 2020). El Derecho penitenciario se constituye como aquel conjunto de normas y principios que el legislador ha dispuesto para regular la relacin entre el Estado y un grupo determinado de la poblacin, correspondiente a las personas privadas de libertad. Estas normas contienen el procedimiento a ejecutarse para el cumplimiento de las sanciones penales; sin embargo, el moderno Derecho penitenciario contiene a ms de ese procedimiento, la tipificacin del tratamiento penitenciario, que de acuerdo con Gadea, consiste en un plan o accin de carcter personal e individual que se le aplica a cada reo con la finalidad de modificar aquellas determinantes que produjeron su inadaptacin social (Santa, 1972); en funcin a que el individuo pueda rehabilitarse y reinsertarse socialmente. En virtud de aquello, la conceptualizacin precisa del Derecho penitenciario depender mucho de la modernidad adoptada por cada Estado en funcin a lo determinado por su norma suprema y el fin con el que se aplique.

Sin embargo, frente a lo advertido, nos encontramos con un trmino bastante comn: el sistema penitenciario. Esta terminologa parte del Derecho penitenciario y es conceptualizada por el autor Santa, en concordancia con Neuman, como aquella organizacin tutelada por un determinado Estado que confiere las respectivas sanciones penales a sus habitantes (Santa, 1972), a travs de la ejecucin de polticas y del manejo adecuado para proporcionar las infraestructuras pertinentes con todas las medidas de seguridad (Landvar, 2022).

Los antecedentes que datan del Derecho penitenciario en Ecuador, como institucin jurdica, son relativamente escasos, en el sentido de que existe informacin limitada sobre su gnesis. Empero, se considera que se dieron los primeros pasos de lo que podra llamarse la creacin de un sistema penitenciario, a partir de lo comprendido en el proyecto de nacin del ex presidente ecuatoriano, Gabriel Garca Moreno (Goetschel, 2019). Durante los aos 1869-1874, se construy el Penal Garca Moreno en la ciudad de Quito, conocido tambin como panptico, debido a que este modelo carcelario influido profundamente por la arquitectura europea y estadounidense, se basaba en vigilar las 24 horas del da desde un punto central de la prisin (Cifuentes, 2015), la llamada torre de vigilancia, de manera que permitiera visibilizar de forma alineada todas las celdas y pueda configurarse una organizacin disciplinaria en los reos. No solamente se centraba en vigilar sin que los privados de libertad puedan saberlo, sino de tener un poder organizacional sobre los reos (Goetschel, 2019).

Actualmente, el Penal Garca Moreno no se encuentra habilitado, es considerado un precedente en la historia penitenciaria ecuatoriana y patrimonio cultural de nuestro pas. En el ao 2014, fue cerrado por el gobierno de Rafael Correa y los internos de aquel centro penitenciario fueron trasladados a una crcel en Latacunga. Uno de los datos ms relevantes expuestos por la comunidad de la poca es que, en el ao 1912, el reconocido ex presidente, Eloy Alfaro, estuvo preso en el panptico garciano.

A pesar de que en el panptico se intent crear un verdadero centro penitenciario al adecuar todas las seguridades y formas de control de vigilancia, no se pudieron suplir todas las necesidades que desde ese tiempo la sociedad contemplaba. El ex penal Garca Moreno se comprendi en un primer momento con 71 presos, sin embargo, este no contemplaba un espacio exclusivo para regular la situacin penitenciaria femenina. Se tuvieron que adecuar casas y centros de reclusin para soportar toda la demanda carcelaria (Pontn & Torres, 2007). Desde esta dcada se empieza a reflejar problemas como hacinamiento y precariedad en las instituciones carcelarias.

Hoy en da, en pleno siglo XXI, la modernizacin del Derecho penitenciario supone la existencia de normativas y polticas favorecedoras para las personas privadas de libertad; es una cuestin de derechos humanos que prima los derechos del reo frente a un sistema penitenciario insuficiente. El avance que ha tenido en Ecuador durante las ltimas dcadas ha sido relevante para el estudio del Derecho, en la medida que, a partir de all, se adopta una nueva perspectiva del sistema de Rehabilitacin social, con la configuracin de polticas que buscan humanizar la condicin de los PPL en los centros de rehabilitacin social (Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008).

El sustento constitucional del Derecho penitenciario ecuatoriano, se encuentra desarrollado en lo sealado en el artculo 201 de la Constitucin vigente, en funcin a lo siguiente:

Art. 201. - El sistema de rehabilitacin social tendr como finalidad la rehabilitacin integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, as como la proteccin de las personas privadas de libertad y la garanta de sus derechos. El sistema tendr como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.

La finalidad dispuesta por el legislador ha permitido adecuar la normativa inferior en funcin a principios que buscan garantizar el respeto a los derechos y dignidad humana, en especial de aquellos sujetos que se encuentran en situacin de desventaja o de doble vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de libertad (Gonzalez J. , 2018). Cabe indicar, adems, que el mencionado artculo va de la mano con la intencin de cumplir con lo estipulado en los artculos 35 y 51 de la Constitucin del Ecuador, pues en aquel apartado se reconoce a los PPL como un grupo de atencin prioritaria, quienes debern recibir un trato preferente en funcin a su condicin constitucionalmente reconocida (Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008). Por ello, con la vigencia de la nueva Constitucin en el ao 2008, se evidenci un gran avance en tema de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Inclusive, la terminologa empleada alude a una Constitucin muy garantista de derechos, pues al referirse a las crceles como centros de rehabilitacin social, presupone el cumplimiento de la finalidad del sistema penitenciario.

Se comprende dentro del sistema de rehabilitacin social a los centros de rehabilitacin social y los de detencin provisional como nicos lugares autorizados para privar a las personas de su libertad; y solo aquellos PPL con sentencia condenatoria ejecutoriada debern internarse en los centros de rehabilitacin social (Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008). Durante la estada de los PPL en aquellos centros, el Estado deber ejecutar las polticas correspondientes a garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos y promover la insercin de planes de educacin, laborales, de salud y recreacin en beneficio de los privados de libertad. El periodo post internado, es decir, luego de salir de aquellos centros reclusorios, una vez cumplida la pena, el Estado deber implementar las medidas correctas para que el individuo pueda reinsertarse social y econmicamente en la sociedad.

Por otra parte, el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) adecua su contenido en atencin al cumplimiento fidedigno de lo establecido en la Constitucin. A partir del libro III de la mencionada ley penal, se desarrollan los contenidos sobre la ejecucin de la pena, que es donde se aborda todo lo que se debe efectuar luego de que el juez dicta sentencia, y se da por culminado el proceso penal. A partir del artculo 672 del COIP, se encuentra regulado lo pertinente al Sistema Nacional de Rehabilitacin Social (SNRS) y sus finalidades; y para la consecucin de aquellos fines, se dispondr de un Organismo Tcnico, cuyas atribuciones se dirigirn netamente al cumplimiento de los derechos constitucionales de los PPL (Cdigo Orgnico Integral Penal, 2014).

  1. Principio de celeridad

Constitucionalmente, el principio de celeridad se encuentra consagrado en el artculo 169 de nuestra Constitucin. Como tal, no se establece una definicin precisa y exclusiva de su contenido; sin embargo, se reconoce a la celeridad como un principio para hacer efectivas las garantas del debido proceso y como parte del sistema procesal para la realizacin de la justicia (Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008).

Para (Snchez & Muskus, 2022) la celeridad es parte de la eficacia de la administracin de justicia, concibindola en una sencilla palabra: agilidad. El principio de celeridad permite que la administracin pblica cumpla sus funciones de manera gil y oportuna, evitando acciones dilatorias como la prolongacin de plazos innecesarios. Se contribuye en la determinacin de otro principio constitucional reconocido en el artculo 169 de la Constitucin, el principio de economa procesal. Inclusive para los autores (Jarama, Vsquez, & Durn, 2019), consideran este ltimo principio como operativo de la celeridad; en funcin a que, como parte del sistema procesal, y al tener que ser aplicada por los rganos jurisdiccionales pertinentes, el gil despacho en los trmites y cuestiones procesales, determina que se invierta menos dinero y tiempo en los sistemas de realizacin de justicia.

La vulneracin del principio de celeridad requiere necesariamente que los rganos jurisdiccionales hayan omitido su obligacin constitucional de despachar con agilidad los tramites que tengan a su conocimiento, generando lo que se conoce como retardo injustificado. Cabe sealar que, sobre todo, es un principio que recae en el juzgador, servidores de la Funcin judicial y auxiliares de justicia; en concordancia a lo indicado en el artculo 20 del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial (COFJ), la administracin de justicia deber ser rpida y oportuna y, en caso de que se produzca un retardo injustificado atribuible a los servidores encargados de velar por la administracin de justicia, sern sancionados conforme la ley lo estipule (Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial, 2009). Es evidente que, a ms de proteger el sistema de justicia ecuatoriano, se intenta resguardar los derechos de cada uno de nosotros.

El principio de celeridad se encuentra fundado principalmente en la Constitucin y en funcin a las necesidades de cada rama del Derecho, se adecua su contenido en las normas procesales, que es donde ms se visibiliza la importancia del uso de la celeridad. Pese a ello, si nos referimos a materia penitenciaria en Ecuador, nos encontramos frente a un panorama escaso e insuficiente en cuanto al desarrollo de este principio. Como tal, es indispensable que el legislador disponga explcitamente en la norma penal sobre la aplicacin y observancia de este principio en los distintos trmites y procesos.

En el primer inciso, artculo 2 del Cdigo Orgnico Integral Penal (2014) se seala que En materia penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitucin de la Repblica, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este Cdigo. Constitucionalmente, el principio de celeridad se encuentra reconocido; por tanto, no se lo debe inobservar en cualquier trmite o solicitud a realizarse. Empero, en el contexto del Derecho penitenciario, esto da lugar a que se vulneren los derechos de las personas privadas de libertad, por cuanto, se corre el riesgo que los plazos establecidos para los respectivos trmites no sean los prudentes en atencin integral de los derechos humanos de los PPL y lo que comprende su reinsercin a la sociedad. La celeridad debe ser uno de los principios fundamentales a reconocerse en la prctica del Derecho penal y la ejecucin de la pena.

  1. Los beneficios penitenciarios

Partiendo desde el trmino beneficio, se hace referencia a una situacin de carcter positivo o a un determinado elemento que, en funcin a su naturaleza, busca mejorar la situacin de alguien o algo (Mapelli, 2019). Desde el plano jurdico, se lo puede entender como una especie de privilegio que faculta a determinados individuos para contrarrestar efectos negativos de ciertas situaciones, y evidentemente, en donde se encuentra inmerso la aplicacin de derechos.

De forma contextualizada en el mbito penitenciario, este trmino hace alusin exclusivamente a una institucin jurdica de efectos positivos aplicable en la ejecucin de la pena. Para (Mapelli, 2019), los beneficios penitenciarios son aquellos que se conceden cuando la ejecucin de la pena privativa de libertad ha comenzado. Esta conceptualizacin generalizada resulta elemental en el proceso de definir este trmino debido a las mltiples acepciones que se desarrollan en el derecho comparado; ergo, el principal elemento que los caracteriza, es que debe haber una sentencia condenatoria para que se pueda aplicar.  Sin embargo, de forma ms limitada, Milla (2014) define a los beneficios penitenciarios como medidas atenuatorias de libertad que tienen la finalidad de reducir el tiempo de la pena impuesta al privado de libertad o en su defecto, de mejorar su estada en el centro de reclusin o de rehabilitacin.

Segn el Diccionario de ciencias penales, los beneficios penitenciarios son:

Aquellas medidas que, articuladas como derechos en el marco penitenciario, y con el fin de conseguir la reeducacin y reinsercin social del interno, permiten la reduccin de la duracin de la condena impuesta en sentencia firme o de la del tiempo efectivo de internamiento () 

La doctrina hace alusin a dos vertientes analticas en cuestin de beneficios penitenciarios(Coaguila, Bedoya, Huallpa, & Contreras, 2021). Una parte la concibe en el sentido literal de su trmino, es decir, entendidos como beneficios, privilegios, incentivos o premios, en donde las personas privadas de libertad tienen acceso a ello siempre y cuando hayan cumplido previamente requisitos exigidos por la ley y se hayan regido positivamente al tratamiento penitenciario individualizado, de esta manera la autoridad judicial pertinente podr valorar si procede o no la concesin de aquel beneficio; y, la otra parte de la doctrina estudia los beneficios penitenciarios como un derecho reconocido legalmente que poseen los privados de libertad en el proceso de ejecucin de la pena, por tanto, se tiene la potestad de exigir su cumplimiento y debe darse de manera inmediata (Mapelli, 2019).

En similitud a lo expuesto anteriormente, Matos (2009) realiza una puntuacin muy concreta respecto al tema: determina la naturaleza jurdica de los beneficios penitenciarios en base a dos posturas, como incentivos o como derechos. Ambas posturas, en la prctica, generan resultados diferentes, pues si legalmente se lo reconoce como un derecho de los PPL, el interno que cuente con un registro favorable de su tratamiento penitenciario y con el previo cumplimiento de los requisitos, podr exigir la concesin del beneficio, o inclusive, la autoridad de parte deber hacerlo. Por otra parte, si solo se lo reconoce como un incentivo o beneficio, la potestad discrecional del juez decretara finalmente si procede o no conceder el beneficio penitenciario.

No obstante, de las dos posturas doctrinarias contempladas, se debe percibir con mayor aceptacin la idea de reconocer la concesin de beneficios penitenciarios como derechos subjetivos de los internos; en base a que, al garantizarlo como un verdadero derecho, permite proteger la dignidad humana y que su reinsercin a la sociedad sea efectiva y mediante una tramitacin gil ya que la concesin de aquel beneficio se dara de manera automtica; de esta manera, se cumplira con la finalidad del sistema de rehabilitacin social, en cuanto a la rehabilitacin integral de la persona privada de libertad (Crdenas & Vzquez, 2021).

Reconocer los beneficios penitenciarios como un derecho, posibilita que se haga ms prctico garantizar el cumplimiento del principio de celeridad, en relacin a la agilidad con el que se despachen estos trmites ya que se daran de manera obligatoria y automtica o inmediata. No se tendra que esperar a que la autoridad judicial pertinente asuma conocimiento del caso y proceda a la respectiva valoracin, solamente se contara con el resultado positivo del plan individualizado del interno para que se proceda a otorgarse el beneficio que por ley le corresponde. No obstante, cabe mencionar un punto importante que expone en su libro (Vizcardo, 2003), quien manifiesta que el filtro que aporta la autoridad penitenciaria en la concesin de beneficios penitenciarios, es muy necesario para que no se vulnere la finalidad que el legislador ha considerado en el sistema penitenciario, puesto que, esta evaluacin jurdica que realizara la autoridad permitira constatar el cumplimiento positivo del tratamiento penitenciario y que efectivamente puede reinsertarse a la sociedad a travs de su eficaz rehabilitacin integral.

En esta parte del Derecho procesal penal, en donde el juez ha dictado sentencia condenatoria, se dice que se ha llegado al fin del proceso, por cuanto se han agotado todas las etapas del procedimiento. Sin embargo, se desata un tema controversial y polmico en la sociedad ya que por un lado se encuentran los derechos de la persona privada de libertad y por otro, la concepcin de justicia de la vctima, que comnmente se la suele confundir con venganza. Se reprocha la inadaptacin social del PPL, debido a eso se le aplica la respectiva condena y entonces pasa a ser subordinado de un sistema estatal de vigilancia, para que, con la ejecucin de medidas pertinentes, se le logre reinsertar a la sociedad. Si el individuo no logra rehabilitarse, entonces se convertira en la nueva vctima de un sistema estatal insuficiente y corrupto(Calle & Zamora, 2021); tomando como base legal lo dispuesto en el artculo 676 del COIP, el Estado es el responsable por la vida y derechos de la persona privada de libertad en la medida que se encuentra bajo su custodia (Cdigo Orgnico Integral Penal, 2014).

3.1.Legislacin ecuatoriana

Los beneficios penitenciarios son estudiados doctrinariamente, en su mayora, como instrumentos o mecanismos de incentivo, que la norma penal hace uso para cumplir con los fines y objetivos del sistema de rehabilitacin social. Esencialmente, el sustento constitucional se desarrolla en el artculo 201 de la Constitucin (2008), al precisar la finalidad del mismo, se encuentra desarrollado tambin el principio de reinsercin social, que se direcciona netamente a la persona privada de libertad y lo que se espera de ella al momento de reintegrarse a la sociedad. Para (Mosquera, 2022) el principio de resocializacin es el gnesis de la reinsercin social y aquella va encaminada a seguir los postulados de la teora de la prevencin especial positiva.

En el Cdigo Orgnico Integral Penal (2014) no se encuentra desarrollado de manera explcita que tipos de beneficios penitenciarios tienen acceso los privados de libertad. Sin embargo, s se reconoce sobre la progresividad en la ejecucin de la pena y es aqu donde toman suma importancia los regmenes penitenciarios, puesto que, comprender el alcance de estas modalidades, permite visualizar que la factibilidad jurdica que se les otorga a las personas privadas de libertad en el cambio de estos regmenes, es decir, referirse al grado de severidad de los mismos, es referirse a beneficios penitenciarios.

En funcin a la perspectiva constitucional del sistema de progresividad, se busca proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, quienes se encuentran catalogados dentro de los grupos de atencin prioritaria del Estado. Desde esta ptica de proteccin, el legislador ha creado un sistema de progresividad de la ejecucin penal, que contempla los distintos regmenes de rehabilitacin social hasta el completo reintegro a la sociedad de la persona privada de su libertad, cumpliendo as la finalidad de la pena que tiene tres enfoques: una ptica preventiva, evitando la comisin de nuevos delitos; el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona que cumple una condena; y, la reparacin del derecho de las vctimas, para lograr el restablecimiento de la paz social a travs del poder punitivo del Estado(Crdenas & Vzquez, 2021).

El Cdigo Orgnico Integral Penal, en su artculo 695 seala que La ejecucin de la pena se regir por el Sistema de progresividad que contempla los distintos regmenes de rehabilitacin social hasta el completo reintegro de la persona privada de la libertad a la sociedad (Cdigo Orgnico Integral Penal, 2014).

El sistema de progresividad permite funcionar los regmenes penitenciarios y en base a lo que dispone el artculo 696 del COIP, se reconocen tres tipos de regmenes penitenciarios en Ecuador: cerrado, semiabierto y abierto. El primero consiste en el periodo total de la pena que el privado de libertad deber cumplir en uno de los centros de privacin de libertad destinado para el efecto; a partir del momento de su ingreso inicia el rgimen cerrado en donde se realizar la ubicacin poblacional, la elaboracin del plan individualizado de cumplimiento de la pena y su ejecucin. El segundo abarca el proceso de rehabilitacin social del interno, quien ha cumplido con el sistema progresivo y podr terminar de cumplir su pena fuera del centro de privacin de libertad, con el debido control de la autoridad pertinente; siempre y cuando haya cumplido con el 60% de la pena. Y el ltimo, respectivamente, se comprende como aquella continuacin del periodo de rehabilitacin social del interno, quien habiendo cumplido favorablemente el rgimen semiabierto y el 80% de la pena, podr cambiarse al rgimen abierto tendiente a la inclusin y reinsercin, en su entorno social y familiar.

Para el cambio de los regmenes penitenciarios reconocidos en el COIP se configuran, en apego al cumplimiento del plan individualizado, los requisitos preestablecidos en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitacin Social y de las normas disciplinarias que los internos deben acatar. El Sistema Nacional de Rehabilitacin Social, es el rgano estatal encargado de controlar los centros de rehabilitacin social y proteger los derechos de las personas privadas de libertad (Calle, Hernndez, Guamn, & Pias , 2020). A su vez, el organismo tcnico autorizado por el SNRS es el Servicio Nacional de Atencin Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), quien vela por hacer efectiva la rehabilitacin social de las personas privadas de libertad (Calle & Zamora, 2021). En relacin a lo establecido en el artculo 14 de su Reglamento, como entidad pblica y jurdica, es la encargada de la gestin, seguimiento y control de las polticas, regulaciones y planes aprobados por el SNRS (Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitacin Social, 2020).

El trmite a seguirse para la operacin de los beneficios penitenciarios, se encuentra regulado principalmente por lo dispuesto en el Cdigo Orgnico Integral Penal y en complementacin con el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitacin Social. Por consiguiente, con la finalidad de complementar y aclarar vacos legales percibidos en las leyes mencionadas, se emiten resoluciones, como es el caso de la Resolucin No.01-2022 expedida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En el mes de marzo de 2022, la CNJ expidi una resolucin elemental en el estudio y prctica de los beneficios penitenciarios en Ecuador. Se expresa un pronunciamiento general y vinculante respecto al procedimiento o trmite en el cambio de rgimen de rehabilitacin social en las personas privadas de libertad. Constituye un elemento resaltable para la situacin carcelaria de los privados de libertad, en la medida que aporta significativamente a la garanta del principio de celeridad que debe estar regido en los beneficios penitenciarios. La CNJ realiza una aclaracin a diversas dudas surgidas en jueces nacionales en funcin a ciertos articulados establecidos en el COIP y COFJ sobre el trmite de estos beneficios, que resultan obscuros legalmente, por tres razones: necesidad de audiencia, principio de prevencin procesal en los jueces e intervencin del fiscal en el trmite. Respecto al primer punto sealado, se determina que se instalar audiencia siempre y cuando el juez de garantas penitenciarias evidencie inconsistencias en el expediente; si el privado de libertad posee certificacin favorable por la autoridad penitenciaria y su documentacin es correcta, el juez resolver nicamente en funcin a esa documentacin presentada. En virtud del principio de prevencin procesal en los jueces, se dictamina que el juez de garantas penitenciarias que previno en el conocimiento de la causa es el competente para resolver cualquier situacin del PPL en la ejecucin de su pena. Por ltimo, en cuanto a la intervencin del fiscal en los incidentes de beneficios penitenciarios, como es de conocimiento, el obrar del fiscal se funda en el ejercicio de la accin penal que se ejecuta durante el proceso penal; sin embargo, durante la fase de ejecucin penal ya no es necesario su intervencin, son otras autoridades quienes se encargan de realizar el respectivo control; es as que, la CNJ determin que el fiscal no debe intervenir en el trmite que se realiza para el cambio de rgimen, ya sea del cerrado al semiabierto o del semiabierto al abierto.

3.2. El cambio de rgimen cerrado a semiabierto

El rgimen semiabierto es el proceso de rehabilitacin integral de la persona privada de libertad, previo cumplimiento de los requisitos del sistema progresivo, podr desarrollar sus actividades fuera del centro de rehabilitacin social, con el control del organismo tcnico, el Servicio Nacional de Atencin Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Defensora Pblica del Ecuador , 2014).

Con las nuevas reformas penales, hoy en da, el acceso a este tipo de rgimen se encuentra limitado en gran medida; inclusive, algunos autores han llegado a considerarlo como represivas(Crdenas & Vzquez, 2021). Se prohbe aplicar el rgimen semiabierto a los sentenciados por los siguientes delitos:

Asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y trfico ilcito de migrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del ncleo familiar, cohecho, concusin, peculado, enriquecimiento ilcito, obstruccin de la justicia, sobreprecios en contratacin pblica, actos de corrupcin en el sector privado, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de trfico ilcito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizacin en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario (Cdigo Orgnico Integral Penal, 2014).

En base a lo desarrollado en el acpite anterior, el rgano competente para tramitar este tipo de beneficio es el juez de garantas penitenciarias que previno de la causa. Para que proceda el trmite primeramente no debe recaer en ninguna de las prohibiciones impuestas por el legislador y debe cumplirse con los siguientes requisitos: haber cumplido el 60% de la pena; informe de valoracin y calificacin con promedio mnimo de 5 puntos; certificado de no tener sanciones disciplinarias graves o gravsimas; certificado de encontrarse en nivel mnimo de seguridad; documento justificativo de domicilio fijo en donde residir el privado de libertad; informe jurdico de no tener otro proceso; informe psicolgico emitido por el centro de rehabilitacin, y certificados de participacin en grupos de apoyo grupal, psicoterapia individual o comunidades teraputicas.

Una vez que la persona privada de libertad rena y cumpla con los requisitos anteriormente sealados, podr solicitar el cambio de rgimen cerrado a rgimen semiabierto. El juez de garantas penitenciarias valorar la documentacin y resolver conforme a ello, y en caso de presentar alguna inconsistencia o contradiccin, convocar audiencia. Si el juez niega el pedido de cambio de rgimen, la persona privada de libertad podr solicitar que se reconsidere, luego de seis meses desde que se emite la resolucin desfavorable.

Conclusiones

El ingreso del privado de libertad al centro de rehabilitacin social no debe hacerle perder su condicin de humanidad (Mata, 1975). Esta es una premisa base considerativa para lograr la eficacia de la reinsercin social del individuo, lo que requiere, necesariamente, que puedan acceder oportunamente a las medidas rehabilitadoras adoptadas por el Estado. (Lazo , Urgiles, & Herrera, 2022).

Con la modernizacin del Derecho penitenciario, se han adoptado medidas favorecedoras para las personas privadas de libertad en cuestin de derechos humanos; sin embargo, se mantiene la intencin de que el individuo debe recuperar su libertad por mrito propio (Prez & Rodrguez , 2021). Es por ello, que el tratamiento individual que debe seguir el PPL requiere el cumplimiento de varios ejes de reinsercin social que comprenden las siguientes reas: laboral, educacin, cultura, deporte, salud, vinculacin familiar y social, y reinsercin.

Ahora, el acceso a los beneficios penitenciarios comprende el cumplimiento de actividades de aquellos ejes; pero, si no existe una infraestructura y espacio adecuado, cmo es posible que la persona privada de libertad logre disciplinarse? (Haro-Lara, Tite, & Espn, 2020). Segn la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, el hacinamiento es uno de los factores principales que inciden en la crisis penitenciaria actual, factor que se encuentra estrechamente relacionado con el oportuno acceso a beneficios penitenciarios. Con la salida a flote de las inconsistencias estatales en los centros de rehabilitacin social en Ecuador, se dieron a conocer que, efectivamente, existen obstculos legales y administrativos al momento de acceder a un beneficio penitenciario.

Por cuestiones de delimitacin en el objeto de estudio, se enfoc nicamente en el acceso a un beneficio penitenciario, que comprende el cambio de rgimen cerrado al semiabierto, de la mano con la observancia de un principio esencial en su aplicacin: celeridad. La importancia de este principio permite que los trmites se ejecuten de manera gil y eficaz, generando, primeramente, que se garanticen los derechos del PPL y, que se contribuya a la reduccin del hacinamiento en las crceles. Por consiguiente, al no tener desarrollado el contenido del principio de celeridad en la normativa penal ecuatoriana, sugiere la necesidad de que el legislador adecue la celeridad como principio fundamental en los trmites penales y penitenciarios.

Adems, derivndose del anlisis del respectivo trmite de los beneficios penitenciarios dispuesto tanto en el Cdigo Orgnico Integral Penal como en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitacin Social, se not que no existe un plazo determinado para que el juez resuelva estos trmites; hecho que influye gravemente en la garanta del principio de celeridad. As mismo, la existencia de vacos e inconsistencias legales respecto al proceder de los jueces en estos trmites gener retardos en la concesin de los beneficios penitenciarios; situacin que fue expuesta en la Resolucin No.01-2022 expedida por la Corte Nacional de Justicia. Cabe mencionar que la aclaracin que realiza la CNJ respecto al trmite fue de gran relevancia y aporte para la prctica de aquellos beneficios.

Por ltimo, el protagonismo que ocupan las personas privadas de libertad en las falencias del sistema estatal ecuatoriano es una muestra de la lucha que da a da deben enfrentarse; por cuanto, el individuo no solo ha tenido que pasar previamente por todo un proceso penal, sino ha tenido que introducirse a la custodia de un sistema que no ha logrado suplir sus necesidades y que, a ms de eso, resulta inseguro. Pero, no termina ah. El periodo post privacin de libertad es la verdadera batalla para quienes en realidad superaron la rehabilitacin, ya que pudo darse de manera positiva o negativa. Sea cual sea el resultado, la estigmatizacin social al cual est sujeto el individuo es inevitable.

 

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