Reformas Judiciales en Ecuador: Hacia la Implementación de Unidades Judiciales Especializadas para la Protección de los Derechos Constitucionales
DOI:
https://doi.org/10.23857/dc.v11i2.4527Palabras clave:
Reforma judicial, garantías constitucionales, especialización judicial, acción de protección, eficiencia procesal, acceso a la justiciaResumen
En Ecuador, los derechos constitucionales enfrentan serias dificultades, entre las cuales se destacan la distorsión de la acción de protección, la saturación de las unidades judiciales y la desigualdad en el acceso a la justicia. La utilización indebida de las acciones de protección con fines malintencionados ha sobrecargado al sistema judicial, lo que compromete tanto la eficiencia como la credibilidad de las garantías jurisdiccionales. Además, la falta de asignación adecuada de jueces ha resultado en la emisión de sentencias menos efectivas y en una gestión de la justicia deficiente.
Para abordar estos problemas, se propone el establecimiento de unidades judiciales especializadas en materias constitucionales, con el objetivo de mejorar la eficiencia procesal, elevar la calidad de los fallos y proteger de manera efectiva los derechos fundamentales. Estas unidades estarán diseñadas para hacer frente al retraso judicial y a la notable desigualdad en el acceso a la justicia, especialmente en las zonas rurales y para las comunidades marginadas. La implementación de estas unidades también tomará en cuenta variables demográficas y geográficas, y se sugiere la designación de 77 jueces especializados distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada provincia.
Aunque la especialización judicial puede incrementar la certeza legal y fortalecer la confianza en el poder judicial, también presenta riesgos, tales como el sesgo ideológico y la falta de interdisciplinariedad. Para llevar a cabo esta propuesta, será necesaria la voluntad institucional y política, así como la asignación de recursos financieros y una visión a largo plazo, que incluya la formación continua de los jueces. En conjunto, estas reformas tienen el potencial de transformar el sistema judicial ecuatoriano, mejorando el estado de derecho y garantizando la protección de los derechos constitucionales.
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