Ciencias sociales y polticas

Artculos de investigacin

 

El derecho a la defensa y la presuncin de inocencia en los casos de violencia contra la mujer

 

Defense rights and innocence presumption in violence against women cases

 

Direito defesa e presuno de inocncia nos casos de violncia contra a mulher

 

Dina Soledad Ortiz-Morocho I

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-5326-1421

 

Jos Luis Vzquez-Calle II

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-1809-1601

 

Correspondencia: [email protected]

 

 

*Recibido: 16 de marzo de 2021 *Aceptado: 22 de abril de 2021 * Publicado: 10 de mayo de 2021

 

 

 

       I.            Abogada estudiante de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social, Magister en Derecho, Abogado de los Tribunales de Justicia, Docente de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

Resumen

Del estudio presentado se evidencia que frente a la existencia de violencia hacia el gnero femenino en sus diversos mbitos, el Estado pretende salvaguardar la integridad de las mujeres vctimas de violencia mediante la disposicin de medidas de proteccin a su favor con base en la creacin y aplicacin de la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia, sin embargo no es menos cierto que al salvaguardar la integridad de un grupo determinado, se vulnera los derechos de las personas presuntamente agresoras al no respetar su derecho a la defensa y presuncin de inocencia que se encuentra comprendida en Constitucin de la Repblica.

Por cuanto se realiza un estudio metodolgico no experimental porque se establece las cualidades, nociones, variables, casos referentes a la vulneracin del derecho a la defensa y a la presuncin de inocencia concernientes a violencia contra la mujer. Analizamos el contenido del derecho a la defensa, la categora de los agresores y un estudio minucioso de la necesidad del porque recurrir al derecho a la defensa de las personas presuntamente agresoras.

De la investigacin y estudio de los temas antes mencionados, alcanzamos indicadores que nos hacen observar la necesidad de una reforma al Art. 53 de la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la mujer y de su reglamento general los artculos 42 y 49. Trazamos la propuesta a los artculos mencionados de la ley con el nico objetivo que se acate el derecho a la defensa y la presuncin de inocencia para de esta manera equiparar el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de oportunidades que se encuentran sealados en cuerpo normativo constitucional cuya omisin deja en la indefensin a las personas; y de esta forma podamos cumplir con lo sealado en nuestros objetivos de la investigacin.

Palabras clave: Defensa; presuncin de inocencia; vulneracin; derecho.

 

Abstract

The study presented shows that in face of violence against women in its various fields, the State aims to safeguard the integrity of women victims of violence by providing them with protection measures in their favor based on the creation and implementation of the Violence Prevention and Eradication Law; however, it is no less true that by safeguarding the integrity of a particular group, the rights of people allegedly aggressors are violated by not respecting their right to the defense and presumption of innocence that is included in the Constitution of the Republic.

As a non-experimental methodological study is carried out because it establishes the qualities, notions, variables, cases concerning the infringement of the right to defense and the presumption of innocence concerning violence against women. We analyze the content of the right to defense, the category of aggressors and a thorough study of the need to resort the right to the defense of allegedly aggressors.

From the research and study of the aforementioned topics, we reach indicators that make us observe the need for a reform to Art. 53 of the Law on the Prevention and Eradication of Violence against women and its general regulations, articles 42 and 49. We trace the proposal to the aforementioned articles of the law with the sole purpose that the right to defense and the presumption of innocence are guaranteed in order to equate the enjoyment and exercise of the rights in equal opportunities that are identified in the Constitution normative body, whose omission leaves people defenselessness; and in this way we can meet what is stated in our research objectives.

Keywords: Defense; presumption of innocence; infringement; law.

 

Resumo

O estudo apresentado mostra que, diante da existncia de violncia contra o gnero feminino em suas diversas esferas, o Estado pretende salvaguardar a integridade das mulheres vtimas de violncia, proporcionando medidas de proteo a seu favor com base na criao e aplicao do Lei de Preveno e Erradicao da Violncia, porm no menos verdade que, ao resguardar-se a integridade de determinado grupo, os direitos dos supostos agressores so violados pelo no respeito ao seu direito defesa e presuno de inocncia consagrada na Constituio da Repblica .

Na medida em que realizado um estudo metodolgico no experimental, pois estabelece as qualidades, noes, variveis, casos referentes violao do direito defesa e presuno de inocncia no que diz respeito violncia contra a mulher. Analisamos o contedo do direito de defesa, a categoria dos agressores e um estudo detalhado da necessidade de por que recorrer ao direito de defesa dos supostos agressores.

A partir da pesquisa e do estudo dos temas citados, chegamos a indicadores que nos fazem observar a necessidade de reforma do Art. 53 da Lei de Preveno e Erradicao da Violncia contra a Mulher e seus regulamentos gerais, os artigos 42 e 49. Elaboramos a proposta dos referidos artigos da lei com o nico objetivo de que o direito defesa e a presuno de inocncia sejam respeitados de forma a equiparar o gozo e o exerccio dos direitos em igualdade de oportunidades que esto indicados no corpo normativo constitucional cuja omisso deixa as pessoas indefeso; e desta forma podemos cumprir o que est definido em nossos objetivos de pesquisa.

Palavras-chave: Defense; presuno de inocncia; violao; direito.

 

Introduccin

A lo largo de la historia de la humanidad la discriminacin, subordinacin, el rechazo y el maltrato a la que diariamente son sometidas muchas mujeres evidenci la necesidad y el requerimiento moral, social y legal de agregar al gnero femenino una proteccin especial en busca de un desarrollo democrtico y equitativo de nuestro pas, que ha requerido mltiples luchas por la disputa de poderes, reconocimiento de derechos, igualdad social, equidad de gnero, dejando un sistema de patriarcados y discriminacin para evolucionar y adaptarse una estructura de un Estado constitucional de derechos garantista, en un marco social, jurdico y moral de equidad de gnero que trata de compensar las desigualdades evitando que se tome a la mujer como un objeto, proveyndole de un valor jurdico y emitiendo proteccin especial mediante la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la Mujer.

Lo cual ha conllevado a otras desigualdades vulnerando el derecho a la defensa, la presuncin de inocencia de las personas presuntamente agresoras, sin un sendero de evolucin hacia un progreso armnico, de bienestar social y jurdicamente equitativo, pues el cambio aplicado no es neutral, conlleva a una inseguridad constitucional y jurdica que propende a vulnerar los derechos de estas personas, mediante la aplicacin de la mencionada Ley que trasgrede el Art. 76 numeral 7 de la Constitucin de la Republica que seala que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento (Constitucin, 2008).

Es evidente las desigualdades, sin embargo, al momento de legislar esta ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia Contra la Mujer no fue analizada respetando el debido proceso como es el derecho al defensa establecido en el marco jurdico constitucional contraviniendo dicha proteccin especial para vctimas de violencia hacia el derecho a la defensa y la presuncin de inocencia de las personas presuntas agresoras.

Nuestro trabajo de investigacin requiere de un anlisis competente y profundo, iniciando con realizar la investigacin acerca si: existe violacin del derecho a la defensa y presuncin de inocencia del presunto agresor en los casos de violencia? Se realizo mediante el anlisis del marco constitucional, como internacional y de esta manera puedan legislar sobre las medidas de proteccin, sus principios jurdicos y alcances as como la garanta al derecho a la defensa y la presuncin de inocencia y as contribuir a la motivacin necesaria que desarrolle efectivamente la proteccin eficaz a las vctimas de violencia, que en dicha ley fue evadida y mediante un estudio analtico demostraremos la falta de constitucionalidad en su materializacin, lo que conlleva a una inconstitucionalidad; pretendemos no mirar nicamente como vctimas y victimarios si no buscar el entorno como personas sujetas de derechos que tienen iguales condiciones para la plena actuacin de sus derechos, de ser parte de un proceso sin privarles del beneficiarse de los efectos jurdicos y legales reconocidos en la Constitucin como norma suprema es decir una aplicacin imparcial de la justicia.

Con mira a la reconstruccin social y no una solucin rpida e ineficiente vulneradora de derechos sino una permanente y eficaz y sobre todo constitucional. En nuestro medio se ha sumergido a la mujer en conceptos y en espacios tanto educativos, laborales y de distinta ndole demostrando equidad sin embargo, con la proteccin especial se ha construido desigualdad mediante la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la Mujer segn Garca las estrategias ms adecuadas para lograr la igualdad y equidad de gnero, es promover la igualdad de trato en todas las esferas sociales; se requiere adems adoptar acciones positivas para hombres y para mujeres que permitan corregir las desigualdades; (Garca Jimenez, 2005)

Analizar el derecho a la defensa y la presuncin de inocencia en los casos de violencia a travs de la ley, jurisprudencia, doctrina y encuestas con la finalidad que se cumpla con el derecho a la defensa y la presuncin de inocencia del presunto agresor en los casos no flagrantes de violencia. Con lo manifestado por los autores debemos exteriorizar que con la aplicacin de esta ley se evidencia un retroceso en la equidad de derechos y un avance a la vulneracin constante por la falta al debido proceso y por ende al derecho a la defensa y a la presuncin de inocencia.

 

Referencial terico

El derecho a la defensa en los casos de violencia.

El fenmeno de la violencia es antiguo y se ha enraizado en nuestros pueblos como una costumbre errada que inculca el maltrato a cambio de obediencia y respeto lo cual realzaba el ego de los maltratadores. En la actualidad se puede apreciar la violencia en sus diferentes mbitos, la prctica ms comn se visibiliza en el hogar con el predominio del maltrato hacia el sexo femenino y los integrantes del ncleo familiar.

Tratando de parar este crculo nocivo se cre la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra las mujeres en el ao 2018, la que ha sido deficiente, pues los casos de violencia se han incrementado considerablemente, ya que no ha existido un adecuado tratamiento desde el punto de vista social que aqueja al medio y que ha ocasionado prdidas humanas, sanciones desproporcionadas, medidas nada restitutivas de los derechos y por ende ha vuelto ms complejo el problema visibilizando la ineficiente e ineficacia para la solucin de este problema.

Conviene subrayar claramente que si bien es cierto es necesario proteger la integridad de las mujeres vctimas de violencia, no es menos importante los derechos de las personas presuntamente agresoras y en especial la defensa. En tal sentido es necesario precisar qu se entiende por derecho a la defensa? Para Cruz (2015) el derecho a la defensa consiste

Es la posibilidad jurdica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que se asegure la realizacin efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradiccin.

Es un derecho que tiene toda persona de accionar a su favor para presentarse ante los rganos pertinentes con el fin de proteger sus intereses que se encuentren involucrados o para afrontar a la parte contraria, en tal sentido la defensa es la utilizacin de los medios necesarios para hacer valer sus derechos frente a algn hecho por el que se le atribuya.

En ese mismo contexto, debemos referirnos al inicio del derecho a la defensa que se dio en el siglo XIII cuando se elabor la Carta Magna en Inglaterra como un origen de donde provienen los derechos inherentes a las personas para aplacar los abusos, equilibrar desigualdades y apreciar como un (Gutierres Escudero, 2005) justo derecho hacia las personas. Con respecto al origen del derecho a la defensa nos referiremos al derecho anglosajn especficamente a la Declaracin Universal de los Derechos del Hombre de 1789.

Dentro de este marco debemos mencionar que este derecho se encuentra regulado y garantizado a nivel internacional as lo manifiesta Barreto (2004) trae a colacin que en la convencin de San Jos de Costa Rica mediante la Ley 16 aprobada, establece en su artculo 8.

El derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su eleccin y de comunicarse libre y privadamente con su defensor () El derecho de la defensa, de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (pg. 110).

El Estado se encuentra en la obligacin de dar una legtima, conveniente y apropiada solucin con el objetivo de proteger la libertad personal. De este modo, para Tapia (2018), la Declaracin de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 1789, fue una de las herramientas fundamentales orientadas a reconocer y garantizar derechos inherentes al ser humano entre ellos el debido proceso. En lneas generales se visibilizan los inicios de la proteccin hacia el debido proceso, que es propio o caracterstico e inmerso en el derecho a la defensa. No debemos olvidar que en la antigedad se aplicaba un proceso inquisitivo donde no actuaban las partes, no haba demostracin de prueba y por obvias razones no haba defensa.

De modo que no exista una verdadera proteccin a las personas, siendo la razn de ser del nacimiento del derecho al defensa mismo que es plasmado en nuestro pas, podemos encontrar en el Art. 76 numeral 7 literal a) que establece: "Nadie podr ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento. (Constitucin, 2008).

Sin duda en los artculos 424, 425,426 del mismo cuerpo legal, se considerar a los tratados internacionales de derechos humanos que prevalecern sobre cualquier otra norma jurdica cuando exista derechos ms favorables que los establecidos dentro de marco jurdico legal (Constitucin, 2008). En virtud de lo anotado debemos referirnos a la sentencia N177-12-SEP-CC de la Corte Constitucional, determina que el derecho a la defensa contribuye nociones esenciales en el cual se cimenta el debido proceso, y a su vez que se instituye como el principio jurdico procesal caracterstico, que todas las personas tienen el derecho a las garantas y a travs de ellas tener la oportunidad de ser escuchado y defender sus posiciones o sus pretensiones ante el juez. (Corte Constitucional, 2012)

Finalmente, el pronunciamiento de la Corte Constitucional es determinante el cumplimiento del derecho a la defensa como lo establece la Constitucin como norma suprema as lo determina el Art. 76 numeral 7 de la Constitucin literal a y m. Dentro de este ordenamiento jurdico el Ecuador es un Estado que reconoce y garantiza el derecho a la defensa, sin embargo, con el afn de frenar la violencia se ha implementado la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la mujer sin analizarse correctamente la importancia y necesidad de aplicacin del derecho a la defensa hacia los presuntos agresores violentando sus derechos y transgrediendo la Constitucin y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Por otra parte, en el mbito internacional se difunde la igualdad de las personas al comparecer ante los tribunales de justicia, haciendo uso del derecho a la defensa es toda su expresin y contenido, es decir todas las personas son iguales ante la ley, sin distincin alguna, as tambin atribuye la competencia al poder judicial para conocer y valorar toda amenaza o quebranto a los derechos garantizando una extensa defensa a los acusados, en aplicacin de la igualdad del derecho y justicia (Derechos Humanos 2004)

Claramente existe la responsabilidad de fiel cumplimiento de todos los derechos que se encuentran inmersos y plasmados en el Pacto de San Jos y tratados internacionales Derechos Humanos por parte de los Estados que asumen el compromiso entre ellos el Ecuador que ratifica su compromiso el 21 de octubre de 1977 y entra en vigente desde el 27 de octubre de 1977. Finalmente podemos concluir que en nuestra legislacin claramente se encuentra reconocido el derecho a la defensa; sin embargo, en la prctica no se ha aplica especficamente en la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia, refiere nicamente a la defensa de la persona vctima de violencia, mas no del presunto agresor, vulnerando ms derechos de los presuntamente menoscabados.

A esto debemos acotar lo establecido en el Art. 55 de la Ley mencionada, que implanta claramente que las medida de proteccin hacia las vctimas de violencia con el objeto de detener la vulneracin deben ser otorgadas por las Juntas Cantonales de Proteccin de Derechos y las Tenencias Polticas; cuando se encuentre en riesgo la integridad personal o ya se haya consumado dicha vulneracin deben ser otorgadas en un mximo de 24 horas y se podr en conocimiento de la autoridad judicial (Asamblea Nacional, 2018).

El propsito del nacimiento de esta ley fue el detener la ola de violencia contra el gnero femenino y los integrantes del ncleo familiar, misma que fue impulsada para su creacin por las prdidas humanas ocasionadas, sumado a esto la presin de grupos feministas e instituciones a favor de la mujer, de tal manera que fue creada con su reglamento para su efectivo funcionamiento, no obstante, con la aplicacin de esta ley se han visto menoscabados los derechos de las personas involucradas como presuntos agresores en denuncias que aseveran situaciones de daos a la integridad y profanan el don de buena fe, e involucran a personas que en muchas ocasiones nada tiene que ver con dichas agresiones ya sean verbales o fsicas y por ende ocasionan ms vulneraciones de derechos.

De lo manifestado se observa que la ley es ineficiente y al crearla nunca se analiz la presuncin de inocencia el derecho a la defensa, por el contrario, se dictan medidas en contra del presunto agresor o agresora como si ya se hubiere comprobado su culpabilidad, ms an no ha logrado frenar la violencia contra la mujer pues no es suficientemente ptima para resarcir el dao hacia las presuntas vctimas provocando ms vulneraciones hacia los presuntos victimarios y precisando una demarcada y clara desigualdad de gneros en donde se visibiliza la inequidad ante los organismos de proteccin y justicia. Para Luis Cueva Carrin, refiere:

El derecho de defensa es aquel que asiste a todo demandado, imputado o acusado, y al defensor, para comparecer un juicio, en todas las etapas del proceso y en sus instancias, para articular en forma libre la prueba, los alegatos y las impugnaciones necesarias hasta obtener justicia. Se plasma en la exigencia de un juicio contradictorio para que las partes procesales hagan valer sus derechos e intereses. (2014, pg. 18)

Con lo anotado por el autor se reafirma la necesidad de la participacin activa de la persona presuntamente agresora es decir indistintamente de su condicin de acusado, imputado, demandado para que pueda defenderse de manera libre, articular la prueba, los alegatos e impugnaciones con fin de alcanzar la justicia.

 

Categoras del Presunto Agresor

Es necesario que forme parte de nuestra investigacin el aclarar qu es agresividad, para determinar a quienes se les considera agresores; para Pastor citado por Lpez Garca considera que la agresividad en varios periodos se origina en la persona con particularidades deformes, bruscas, anormales con esto reafirman una imaginacin divulgada que el sexo masculino es daino o peligrosos son seres humanos mentalmente desequilibrada e inestable y se les puede reconocer fsicamente (Lpez, 2004). Atendiendo a esta consideracin podramos aseverar que son actuaciones bruscas nada inteligentes denigrantes.

Por otro lado, Ruiz y Expsito (2010) refieren el perfil bsico del maltratador en el que se encuentran tres caractersticas bsicas como son: 1.-Compulsivo o rgido, impone disciplina con requerimientos elevados hacia los dems; posee un enfoque de la realidad y quiere que su pareja vea desde su punto de vista porque cree que tiene la certeza que es lo mejor para su pareja. 2.-Es dependiente, tiene problemas para arrogarse roles independientes busca un soporte afectuoso y seguridad no imagina la vida separada de su pareja. 3.-la deseabilidad social, tiene la necesidad de exponer una buena imagen en el entorno social, se muestra como una persona virtuosa y emocionalmente precisa, adems manifiestan que los maltratadores s caracterizan por su personalidad compulsivo dependiente.

Con respecto a lo manifestado por el autor debemos acotar que el perfil del presunto agresor debe ser analizado y tomado en cuenta bajo las caractersticas descritas sin embargo no es una generalidad por cuanto no todos los agresores pueden tener esta tipologa, que a lo mejor son usuales pero no generales, no obstante, debe ser tomado en cuenta previo a extensin de medias de proteccin por cuanto se verificar si tiene un trastorno; o es reincidente, de acuerdo con lo analizado para extender las medidas correspondientes y salvaguardar la integridad tanto de la presunta vctima como del presunto agresor.

Mientras tanto para Menndez que cita a Fernndez, Echebura y otros que establecen las caractersticas de los hombres agresores dentro de las cuales tenemos los antecedentes de violencia en la familia de origen, es decir, el agresor procede de una familia conflictiva y violenta, a esto sumamos el historial de violencia y agresividad que muchos de los agresores tienen antecedentes con parejas anteriores o con otras personas, respondan a un perfil antisocial y agresivo en general, no solo con su pareja o expareja. Sin embargo, no eran personas en general agresivas, sino que estaban caracterizados por rasgos compulsivos y dependientes, por centrar su agresividad y su ira solo en su relacin de pareja. A esto se suma la autoestima de los maltratadores es baja. (Menndez 2013).

Conviene sealar de las caractersticas aportadas por el autor los agresores que posiblemente provienen de un crculo familiar de agresiones y que repercuten en la conducta de las personas que presenciaron o sufrieron violencia, o a su vez se debe analizar los antecedentes de agresividad que han presentado anteriormente con otras parejas o su ambiente laboral, etc. Haciendo hincapi a que existe otro posible riesgo de agresiones cuando exista consumo de alcohol o de otras sustancias sumndole los trastornos de personalidad y una baja autoestima el agresor tiende a ver su punto de vista, presenta una actitud fra, despectiva no tiene remordimientos y, ms an, cuando la violencia se genera como parte de una cultura machista tanto en contesto familiar como social, es difcil romper este crculo pernicioso.

Tampoco se ha tratado de generalizar pues estas caractersticas no son especficas de cada ser humano o los agresores, puede variar, por consiguiente, son nicamente aproximaciones en las que puede encajar en algunas personas pero no cabe duda que estas caractersticas concuerdan con lo referido por Menndez que el agresor posiblemente tenga establecido una tipologa que coincide atendiendo a estas consideraciones creemos que no son lo suficientemente convincentes para determinar una conducta violenta no se debe olvidar que la violencia hacia el gnero femenino se ha generalizado, no tiene clase social, nivel educativo, incide en el mbito cultural laboral y familiar, de la misma manera no determina edad tampoco lugar, por tanto, no se puede determinar o especificar que las caractersticas aportadas por los autores sean definitivas y que todos los agresores las tengan.

En el Art. 4 de la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer en su numeral 5 dispone como definicin de persona agresora a quien comete una accin u omisin que involucre cualquier forma de violencia contra la mujer. (Asamblea Nacional,2018). Esta ley atribuye como persona agresora, prescindiendo de la presuncin de inocencia que toda persona goza, y afirma que por accin u omisin que involucre violencia, sin ser previamente evaluada, demostrada, sin verificar un dao previo a la emisin de medidas de proteccin simplemente se atribuye una responsabilidad sancionada y no es comunicada ni notificada para que pueda ejercer su derecho a la defensa previo a la emisin de las medidas simplemente se asume como vctima aseverando los actos o las omisiones declarados por la denunciante o terceros como si fuesen verdaderas y probadas, y por ende se afirma su culpabilidad.

 

Tabla 1: Tipologa de los agresores de violencia contra la mujer.

Caractersticas

Circunstancias o peculiaridades

Porcentaje

Antecedentes de violencia de origen

Contexto familiar conflictivo

28.9%

Historial de violencia o agresividad

Con otras parejas

Con otras personas

24.9%

39.3%

Abuso de sustancias

Consumo de alcohol

Consumo de otras sustancias

63.8%

40.4%

Psicopatolgicas y trastornos de personalidad

Trastornos ms frecuentes:

Antisocial, obsesivo- compulsivo, dependiente-sumisa, narcisista

 

86.8%

 

Atribucin de responsabilidades

No aceptan su responsabilidad culpan a la vctima

55.6%

Apoyo social

Cuentan con apoyo social

37.1%

Autoestima

Tienen la autoestima baja

14.8%

Nota. Datos tomados del artculo de Susana Menndez 2013.

 

Volviendo la mirada hacia el estudio de la ley, se establece que se debera medir el riesgo hacia la presunta vctima por la sola descripcin de los hechos, de tal manera que no existe la oportunidad para que el denunciado pueda exponer su situacin y defenderse y de verificar si existe o no el motivo para la emisin de las medidas de proteccin en su contra lo cual contraviene a lo que establece el derecho a la defensa, omitiendo tomar en cuenta que para dictar las medidas de proteccin de violencia debera ser evidentes y demostradas pues se ha mal utilizado las boletas de auxilio y las dems medidas de proteccin en muchos casos, se debera contar con un equipo tcnico de manera obligatoria para abordar a las presuntas vctimas y al existir agresiones fsicas se debera y proceder con exmenes mdicos, valoraciones visuales y una imprescindible valoracin psicolgica; de igual forma al presunto agresor y de ser posible a los integrantes del ncleo familiar.

Dentro de este marco es determinante que exista las garantas propias del derecho a la defensa en materia de violencia familiar para equiparar la balanza realizando un proceso justo y tener la certeza de establecer la peligrosidad del presunto agresor hacia la presunta vctima y garantizar de esta manera los derechos de las partes involucradas sin vulnerar ms derechos, y sobre todo se debe tener en cuenta que para emitir una medida de proteccin conviene incluir el rea de reeducacin para de esta manera erradicar la violencia mediante medidas correctivas y socioeducativas garantizando la presuncin de inocencia y el derecho a la defensa.

Al respecto Camargo, P. (2000) que: El Derecho a la Defensa, es un derecho constitucional y fundamental, aplicndose no solo en las esferas del derecho sino en todos los campos de la actividad del ser humano. Al ser un derecho fundamental nadie puede aducir la falta de mandato legal para desconocer el derecho a la defensa que poseen todas las personas. (p. 146).

Por tanto, el derecho a la defensa es inherente al ser humano y consustancial a la accin legal para responder sobre las acusaciones que le hacen en su contra, y sirve como proteccin contra abuso estatal, no existe una determinacin legal que establezca por qu en casos de violencia contra la mujer se omita el derecho a la defensa, no olvidemos que este derecho es connatural al ser humano en consecuencia no solo lo ostenta la presunta vctima si no tambin las personas presuntamente agresoras.

 

Por qu se debe reconocer el derecho a la defensa del presunto agresor?

El derecho a la legtima defensa del presunto agresor que se encuentra en completo deterioro faltando a la presuncin de inocencia, cambiando del estado de presunto inocente a presunto culpable; y, de esta manera emitiendo medidas en su contra sin tener elementos de prueba, que refuercen su utilizacin, vulnerando sus derechos y ms an, luego de haber sido interpuestas, no se toma en cuenta que existe un proceso social en donde es juzgado, estigmatizado al presunto agresor sin mediar un fundamento vlido ms que la palabra de la vctima, esto en los casos que no han sido demostradas dichas agresiones, y al no encontrar por parte de los jueces garantes de derechos y justicia social la culpabilidad o la razn de la extensin de medidas en contra del presunto agresor, procede a revocarlas sin existir disculpa alguna, no existe un resarcimiento a la integridad de esta persona que fue menoscaba por las tachas y hasta por haber sufrido el amedrentamiento por la polica, que son medidas que normalmente, son utilizadas da a da de la forma que establece la ley.

Sin duda Benavent (2009) considera a la presuncin de inocencia como una garanta individual hacia las personas como derecho pblico contenido en la Constitucin que reclama que se encuentren ante la autoridad competente y con el proceso que le corresponda, se debe considerar de manera restringida las medidas que limitan la libertad del imputado y a sus restantes derechos constitucionales siempre en observancia del debido proceso, pues considera a la libertad individual como una fortaleza frenando los abusos e injusticia y proporcionando una seguridad jurdica. Es enftico y claro en ostentar que la presuncin de inocencia independientemente de ser un proceso penal o no, es de suma importancia para poner freno a los atropellos es por esa la necesidad imperiosa de viabilizar de manera efectiva las medidas apropiadas, dictadas a favor de las mujeres vctimas de maltrato.

En trminos similares Noguera (2005) expone que la presuncin de inocencia es un estado de un individuo que se encuentra a quien se le ha atribuido un cargo; y que el tribunal imparcial, independiente y legal, ser el responsable de ubicar mediante pruebas ecunimes, objetivas si es culpable de lo imputado, de los hechos que constituyen el delito ya sea como autor, cmplice, o encubridor, mediante una sentencia razonada, adecuada al derecho. De acuerdo con las ideas expuestas por el autor, la presuncin de inocencia en un proceso es elemental, el asegurar que una persona goce de igualdad de condiciones para su defensa hasta que se demuestre lo contrario; es decir, sea declarado culpable o no y por lgica sea dispuesta una medida pertinente, pero al tener la certeza de que esa persona fue la causante de la agresin o del hecho que se le atribuye; sin embargo, la preocupacin nuestra es que no pueda comparecer a un proceso por no tener conocimiento del mismo lo cual conlleva a un total desequilibrio y muestra una inseguridad jurdica y un menoscabo al derecho a la defensa.

Para Martin (2008) la presuncin de inocencia atribuye que la persona sujeta a las investigaciones debe mantener un estado de no culpabilidad es decir inocente mientras no se haya demostrado su culpabilidad mediante una condena judicial. Mediante el derecho a la presuncin de inocencia se garantiza a las personas que se les considere cuando no haya el pronunciamiento judicial con sentencia en firme, es decir, no se le haya comprobado culpabilidad alguna.

Debemos ser enfticos en el hecho mismo que al vulnerar el derecho a la presuncin de inocencia estamos yendo en contra de la dignidad de una persona as lo refiere Ovalle (2019) quien menciona que poner a la dignidad humana como lmite del ius puniendi proporcionara la rendicin de las personas a un Estado supremo, y este escenario fue precedida con el surgimiento del constitucionalismo que conlleva inmerso el lmite del poder y la proteccin de los derechos de las personas.

Claramente por la condicin de ser humano, se debe considerar la inocencia permitiendo la realizacin de un proceso justo respetando el derecho a la defensa. Vinculando a lo que expone Ovalle como presuncin de inocencia, Bustamante (2010) la define como un principio de proteccin especial hacia la persona procesada este principio conlleva inmunidad que precautela al imputado en contra de las acciones abusivas de un Estado con el ejercicio del ius puniendi debiendo cumplir con las garantas procesales. Refiere el autor que el debido proceso es como un principio de inmunidad hacia el procesado o acusado de un hecho, es un cabestro a la actuacin inapropiada del Estado demostrando garanta a los derechos y una proteccin especficamente hacia el acusador.

Una vez ms hemos visto la importancia de la presuncin de inocencia sin embargo en los casos de violencia se inobserva este principio de proteccin hacia el acusado. Aunando

a la situacin, Ferrer quien es citado por Valenzuela (2011) considera que el derecho a la presuncin de inocencia como una norma de trato procesal, es decir, el imputado debe ser tratado como inocente hasta tener la certeza para sustituir el trato de inocente a culpable, el Estado determina en no tratar a un inocente como culpable. Partiendo de lo referido por el autor es indispensable previo al proceso y en el proceso se debe considerar la presuncin de inocencia para garantizar el derecho a la defensa.

Coincide Taruffo (2005) al sealar que el imputado debe ser condenado cuando haya la certeza de culpabilidad en los procesos, en los casos que existan dudas razonables el imputado deber quedar absuelto, sostiene que en los procesos penales entran en juego las garantas a favor del acusado y expone el acogimiento del criterio de la prueba razonable, adems limita las condenas a menos de que exista la certeza o casi certeza de culpabilidad y esto no excepta que exista justificaciones jurdicas, y que se vinculen con los principios fundamentales como son las garantas de debido proceso penal.

De lo referido por Taruffo se necesita que exista un proceso dentro del cual se evidencie o se haya demostrado la culpabilidad del imputado para que de una forma coherente y apegada al derecho mediante una sentencia en firme sea impuesta la pena, sostiene que en los procesos penales se adhieren las garantas a favor del acusado, de las consideraciones expuestas a pesar de existir el marco jurdico legal para garantizar la presuncin de inocencia y a su vez una justicia equilibrada apegada a la dignidad humana que impone un lmite al poder estatal protegiendo derechos universales de las personas, no se aplica con esta ley demostrando un desequilibrio total hacia el ser humano bajo presunciones se ha venido limitando el derecho a la defensa.

Dicho de otro modo se demuestra claramente que la nica forma de identificar la culpabilidad para tachar la presuncin de inocencia es con la sentencia, y por supuesto que para llegar a ella es necesario, que sea comprobada, motivada, razonada con justificaciones jurdicas y en cumplimiento a la normativa nacional como internacional, esta situacin no se encuentra inmersa en la ley de violencia eliminando por completo la presuncin de inocencia y violando los derechos de los presuntos agresores que son tratados como culpable sin haber comprobado el hecho denunciado.

El Reglamento General de la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su Art. 37 establece las caractersticas de las medidas de proteccin inmediata en su literal f) No son una valoracin jurdica concreta de la conducta de la persona agresora. Al no haber una valoracin concreta de la conducta de la persona agresora Cmo emiten las medidas si esa conducta no ha sido valorada? para establecer ya sea una prohibicin o una orden de salida, etc., se debera valorar la conducta y as se procede a emitir medidas, que en muchos casos en lo posterior han sido revocadas por los jueces, por no tener lo suficiente claro y sin fundamento legal, dejando en indefensin a los denunciados vulnerando sus derechos, sin darles a conocer las causas, simplemente se remite a la ejecucin de medidas impuestas.

Debemos tomar muy en cuenta la reeducacin de los agresores para encontrar una solucin definitiva que rompa el circulo de maltrato as refiere Arce y Faria (2006) en cuanto a la reeducacin de los agresores tiene como objetivo la eliminacin de modelos comportamiento y culturales desadaptados, logrando que acepten la responsabilidad de sus conductas violentas, un equilibrio psicolgico, cambiar sus ideas o juicios absurdos en lo referente al gnero y la violencia creando respeto hacia el gnero femenino, fomentando una cultura educativa en igualdad de gnero con conductas no agresivas ni violentas y autocontrol.

Con lo acotado por el autor claramente seala la eliminacin de modelos culturales o patrones culturales y para eso debemos referirnos a esto complementa Gonzales (2020) que citan a Rodrguez quien describe al femicidio como una construccin social es decir no son las expresiones, sociales, econmicas o valores si no tambin formacin o alineacin de la mujer como sujeto. Es decir, la relacin de la mujer hacia el gnero masculino como persona mas no como un objeto.

Conviene sealar que este problema de violencia, no hay que tomarlo por partes sino en todas sus aristas por cuanto es necesario comprender en s mismo que es lo que ocurre para poder eliminar la violencia, es por ello la necesidad de dar a conocer la inseguridad que tambin est expuesta la persona presuntamente agresora, su inocencia es tachada, le tildan de culpable en los medios sociales, en su entorno sin dejar de lado en los medios de comunicacin, realizan juicios y estigmas con la persona, pierde el respeto y se quebranta su honor al describirle como agresor sin ser comprobado y tener el derecho a defenderse.

Debemos entender y ser enfticos que gozamos de la presuncin de inocencia hasta que se nos demuestre la culpabilidad; es decir, en cualquier momento, la cual puede ser desvirtuada, mediante una sentencia fundada de culpabilidad o acusatoria pero este caso no media la oportunidad de su presunta inocencia y derecho a la defensa dejando en detrimento la integridad del denunciado o los denunciados que en ocasiones que se revierten las medidas no ha sido subsanado la vulneracin de derechos hacia esa persona. No pretendemos justificar actos de violencia denigrantes o atroces contra la mujer simplemente buscamos un equilibrio ante los rganos de justicia que garantice el derecho a la legitima defensa y la presuncin de inocencia.

 

Metodologa

La presente investigacin es no experimental, de nivel explicativo. Se realiz bajo enfoque mixto, cualitativo sobre la fundamentacin y la necesidad primordial del derecho a la defensa y cuantitativo por el anlisis de datos. Se utilizo el mtodo inductivo deductivo de casos especficos a generalizaciones; de la misma manera se aplic la investigacin descriptiva la que nos proporciona las caractersticas o situaciones del entorno de posibles agresores y que no han sido tratadas, igualmente se aplic el mtodo analtico sinttico en la valoracin de las causas, la naturaleza y los efectos de la vulneracin del derecho a la defensa y la presuncin de inocencia para la elaboracin de una sntesis en general del problema de la investigacin, y el mtodo histrico estudia la trayectoria real de los fenmenos y acontecimientos a lo largo de la vida que recaban la violencia como un problema social, se aplic la tcnicas de revisin bibliogrfica, de encuesta y fichaje.

 

Universo de estudio y tratamiento muestral

Se utilizo la tcnica no probabilstica por conveniencia los encuestados fueron de profesin de abogados hacia la aplicacin al derecho a la defensa y a la presuncin de inocencia se cont Jueces, Fiscales, con abogados constitucionalistas.

 

Resultados

Para precisar la informacin correspondiente a las preguntas que formaron parte de la encuesta se aplic la misma a jueces, fiscales, abogados constitucionalistas. Esta evaluacin mediante encuesta estaba conformada por seis preguntas y ciento catorce encuestas.

 

Tabla 2: Preguntas

PREGUNTAS

SI

NO

Considera usted que es obligatorio cumplir el debido proceso en los casos de violencia contra la mujer?

98%

2%

Cree usted que se vulnera el derecho a la defensa en los casos de violencia contra la mujer, cuando el presunto agresor no es notificado previo a la emisin de medidas de proteccin en su contra?

84%

16%

Considera usted constitucional que se emitan las medidas de proteccin en contra del presunto agresor sin que se presenten pruebas ni exista una sentencia motivada?

65%

35%

Cree usted que en estos casos se inobserva el art 76 numeral 7 literal a de la Constitucin que seala que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento?

82%

18%

Cree usted que se debe permitir ejercer el derecho a la defensa del presunto agresor en todo momento en los casos de violencia intrafamiliar?

90%

10%

Elaborado por la autora

 

La pregunta uno fue direccionada a definir el gnero de las personas encuestadas para poder confrontar las respuestas de una manera imparcial, con equidad social es decir no direccionada a favorecer por afinidad al mismo sexo, ya sea por simpata o antipata que por razones lgicas pueden llegar a condicionar firmemente la encuesta. En la pregunta dos tenemos 44.7% son mujeres y el 55.3% son hombres lo cual demuestra que la encuesta no va direccionada a un sexo definido sino a un grupo de la poblacional de estudiosos constitucionalistas.

 


Grfico 1: Gnero

Elaborado por: Soledad Ortz

 


Grfico 2: Respuestas de la encuesta

Elaborado por: Soledad Ortz

 

En la pregunta dos que hace referencia a la pregunta: Considera usted que es obligatorio cumplir el debido proceso en los casos de violencia contra la mujer? obteniendo una respuesta del 98.2% de profesionales en derecho constitucional se pronuncian a favor de la obligacin de cumplir con el debido proceso en los casos de violencia contra la mujer. Los datos mencionados describen la importancia decisiva del imperante derecho a la defensa y un debido proceso aplicado a la prctica procesal no nicamente una mencin o simulacin del ejercicio del derecho.

En la pregunta tres que corresponde a la pregunta: Cree usted que se vulnera el derecho a la defensa en los casos de violencia contra la mujer cuando el presunto agresor no es notificado previo a la emisin de medidas de proteccin en su contra, corresponde a un 84% de encuestados que afirman que se vulnera el derecho a la defensa del presunto agresor en los casos de violencia contra la mujer apegados al marco constitucional coincidiendo con la importancia y la preeminencia del derecho a la defensa dentro de un proceso de violencia contra la mujer hacia el presunto agresor

La pregunta cuatro hace relacin a la constitucionalidad de las medidas de proteccin en contra del presunto agresor sin existir de por medio pruebas o sentencia motivada. De las contestaciones a la encuesta un 64,9% responde aseverando la inconstitucionalidad de la norma de menor rango como es la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la Mujer y un 35.1% refiere que es constitucional las medidas dictadas. Lo que reafirma nuestra tesis el no obviar la preeminencia constitucional y a su vez el valor de la eficacia directa e inmediata de la norma suprema y por ende el cumpliendo del derecho a la defensa que esta ley est omitiendo.

Esta pregunta de la encuesta alude a la inobserva del art. 76 numeral 7 literal a, de la Constitucin de la Repblica que hace referencia a que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento con las repuesta del 81.6% afirma la inobservancia de la Constitucin, en casos de violencia contra mujer y el 18,4% opina que no se inobserva. En tal razn prima que el derecho a la defensa se quebranta en este caso en especfico, por tanto, se limita el goce y ejercicio del derecho a la defensa como obligacin del estado hacia las personas, al punto que las normas procesales deben garantizar el goce efectivo de esos derechos.

Como se puede colegir la pregunta cinco ha captado la opinin de los encuestados sobre la necesidad usted de permitir ejercer el derecho a la defensa del presunto agresor en todo momento en los casos de violencia teniendo un resultado del 90.4% confirman que es necesario la defensa del presunto agresor en todo momento y un 9.6% est en desacuerdo. Prevaleciendo el no vulnerar su derecho a la defensa para no ocasionar un desequilibrio en la justicia, una defensa ineficaz, sin oportunidad, que carece de tcnica y que conlleva a una inconstitucionalidad, por tal razn siempre los resultados sern negativos para el presunto agresor.

Al deducir del resultado de la encuesta coinciden con la necesidad de cumplir un debido proceso de modo que, se identifica la vulneracin a la presuncin de inocencia y derecho a la defensa en la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la Mujer que en su Art. 53 en lo que refiere al procedimiento omite la notificacin al presunto agresor previo a la emisin de medidas de proteccin en su contra, as como en el Reglamento General de la Ley Orgnica Integral para prevenir y erradicar la violencia en sus Art. 42 que establece las reglas para el otorgamiento de medidas administrativas de proteccin, sin tomar en cuenta que debe ser escuchado el presunto agresor de manera oportuna sin restringir su derecho a la defensa y el artculo 49 del mismo reglamento a cerca de la notificacin. Violenta los derechos de los presuntos agresores con la extensin de medidas en su contra sin mediar la presuncin de inocencia sin contar con los medios de defensa limitando su derecho a oponerse o contradecir.

 

Discusin

Finalmente, de las encuestas aplicadas en esta investigacin es imprescindible definir un debido proceso en los casos de violencia contra la mujer mismo que debe conllevar la implementar del procedimiento constitucional preestableciendo, garantizando el derecho a la defensa del presunto agresor y la presuncin de inocencia que excluyen los artculos 53 de Ley Orgnica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de igual manera el Art. 42 y 49 del Reglamento General de la Ley Orgnica de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la Mujer.

 

Proyecto de reforma de ley orgnica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y su reglamento general.

El inconveniente que genera la falta de derecho a la defensa y presuncin de inocencia en la Ley Orgnica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de igual manera en su reglamento general, propende a mltiples vulneraciones a los derechos de las personas presuntamente agresoras, la ley de violencia en su Art. 53 establece un procedimiento, pero omite un debido proceso y de modo que vulnera el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento, sin encontrarse las partes en igual de condicin y no tener medios adecuados para ejercer su derecho de igual forma el artculo 42 del reglamento de la mencionada ley establece las reglas para el otorgamiento de la medidas administrativas de proteccin sin tomar en cuenta que como regla primordial se debera presumir la inocencia, con excepcin de agresiones evidentes o flagrantes, situacin que dista de la realidad, pues el ningn estado del proceso se presume la inocencia lo cual conlleva a un detrimento de derechos de la persona presuntamente agresora y el en artculo 49 del mismo reglamento refiere en cuanto a la notificacin a la persona presuntamente agresora, pero si bien es cierto se extienden medidas en su contra y se notifica con las mismas sin haber comprobado an su culpabilidad, se le tilda de agresor es decir trasciende de un estado de presuncin de agresin a agresor lo cual perjudica el derecho de realizar una defensa tcnica y a ser escuchado de manera oportuna a oponerse dejndole en un estado de indefensin y provocando un desequilibrio en la justicia.

 

Considerando

Que el Art. 424 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador establece: La Constitucin es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurdico. Las normas y actos del poder pblico debern mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecern de eficacia jurdica.

Que el Art. 11 numeral 4 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador establece que ninguna norma puede restringir los derechos constitucionales.

Que la Convencin Americana de Derechos Humanos en su artculo 24 indica que todas l las personas son iguales ante la ley.

Que la Convencin Americana de Derechos Hombre en su artculo 7 instaura todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincin, derecho a igual proteccin de la ley.

Que la Convencin Americana de los Derechos del Humanos en su artculo 10 determina, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oda y pblicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinacin de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusacin contra ella en materia penal.

Que la Convencin Americana de los Derechos del Hombre en su artculo 11. establece toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio pblico en el que se le hayan asegurado todas las garantas necesarias para su defensa

Que la Convencin Americana de Derechos Humanos en su artculo 11 determina el derecho a la presuncin de inocencia.

Que la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artculo 2 se pronuncia con respecto a la igualdad de las personas ante la ley sin distincin alguna.

Que el Art. 66 numeral 4 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador establece el derecho a la igualdad formal y material.

Que el Art. 76 numeral 7 literal a) de la Constitucin de la Repblica del Ecuador dispone que nadie podr ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

Que el Art 76 numeral7 literal c) de la Constitucin de la Repblica del Ecuador ordena ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Y siguientes literales.

Que el Art. 428 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador establece que ante cualquier seal de inconstitucionalidad de norma secundaria los operadores de justicia estn facultados a realizar una consulta ante la Corte Constitucional quien har su pronunciamiento en aplicacin de la norma suprema y tratados internacionales de derechos humanos.

Que el art 53 de la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer determina:

El procedimiento para ordenar medidas administrativas de proteccin inmediata, se establecer en el reglamento que para el efecto emitir el Ente Rector del Sistema Nacional Integral para la Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra las Mujeres. Este ser gil en todas sus fases y no requerir patrocinio profesional. La autoridad dentro de sus competencias tendr la obligacin de adoptar las medidas que correspondan para garantizar la vida e integridad de las mujeres, nias y adolescentes vctimas de violencia.

Que el artculo 42 del Reglamento a la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer puntualiza:

Reglas para el otorgamiento de medidas administrativas de proteccin. Las autoridades competentes otorgarn medidas administrativas de proteccin de manera inmediata, oportuna, especfica e individualizada, respondiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y atendiendo las siguientes reglas:

Que el artculo 49 del Reglamento a la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer determina: La notificacin de las medidas administrativas de proteccin se la realizar inmediatamente a la presunta persona agresora y a las entidades del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con la medida otorgada. Sern notificadas a la presunta persona agresora todas las medidas administrativas de proteccin previstas en el artculo 51 de la Ley, otorgadas en su contra, salvo las previstas en los literales c, i, j, y m del mencionado artculo

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el numeral 6 del artculo 120 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, la Asamblea Nacional expide la siguiente:

 

Reforma

Artculo 1 de la ley. - Adase en el artculo 53 de la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer, a continuacin de la frase. vctimas de violencia y defensa de las personas presuntamente agresoras.

Artculo 1 del Reglamento. - Adase un literal al artculo 42 del Reglamento a la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer:

Literal j) La autoridad competente no podr de ninguna manera omitir la presuncin de inocencia del o las personas presuntamente agresoras, para lo cual garantizar sus derechos a la defensa desde el inicio del proceso hasta su culminacin; salvo agresiones flagrantes o evidentes.

Artculo 2 del Reglamento. - Adase un inciso al artculo 49 del Reglamento a la Ley de Prevencin y Erradicacin de la Violencia contra la Mujer.

Notifquese a la o las personas presuntamente agresoras previo a la emisin de medidas de proteccin en su contra para que sea o sean escuchados, garantizando su derecho a la defensa y la igualdad de oportunidades.

 

Conclusiones

El objeto de esta investigacin fue proponer el cumplimiento del marco jurdico constitucional garantizando el derecho a la defensa, a la presuncin de inocencia y a su vez a un debido proceso evitando la vulneracin de los derechos de las personas presuntamente agresoras en los casos de violencia contra la mujer, que han sido excluidas de una defensa imparcial y expedita.

El Estado garantiza de manera taxativa en la Constitucin el debido proceso que conforma el derecho a la defensa, y la presuncin de inocencia hacia una personas o una colectividad para poder defenderse sobre asuntos que se le atribuyen y de esta manera garantizando una debida diligencia en el cumplimiento de la seguridad jurdica, que si bien es cierto nuestro Estado es proteccionista hacia los derecho fundamentales y por tanto el titular puede exigir su respeto y fiel cumplimiento, como es el derecho a una legtima defensa que facilita poner un lmite al poder estatal mediante el ejercicio de los derechos.

Cabe subrayar que dicho ejercicio del derecho a la defensa y presuncin de inocencia en nuestro pas se ha convertido en una utopa puesto que es innegable que de las encuestas practicadas corrobora la vulneracin a los mencionados derechos en la Ley de Prevencin y Erradicacin de Violencia contra la Mujer y su reglamento general por lo que es preciso refrmalos, para plasmar garantismo constitucional y el ejercicio de la justicia social, y se aplique el debido proceso y de esta manera se previene el estigmatizar a las personas presuntamente agresoras, que no tiene una sentencia motivada, por tanto no ha sido an declarada su culpabilidad sin embargo existe ya un juicio social y medidas en su contra que determinan su culpabilidad dejndoles en la indefensin. Lo que se pretende es el respeto irrestricto de la norma constitucional para que la normativa interna pueda tener armona de conformidad con las disposiciones previstas en la Constitucin y los instrumentos internacionales.

 

Referencias

1.             Arce, R. &. (2006). Programa de Reeducaciob para Maltratadores de Genero. Anuario de Psicologia Juridica, 46. Recuperado el 17 de febrero de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315024763004

2.             Asamblea Nacional. (2018). Ley Organica Integral de Prevencin y Erradicacion de la Violencia contra las Mujeres. Quito, Ecuador: Corporacin de Estudios y Publicaciones.

3.             Barreto, H. (2004). En punto del mbito de proteccin del derecho de defensa, en especial en la fase. Dkaion, 18, 110. Recuperado el 13 de febrero de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72001307

4.             Benavent, H. (2009). El Decho Constitucional a la Presuncin de Inocencia en Peru y Mexico, asi como su relacin con los demas derechos constitucionales. doi:doi:org/10.4067/S0718-52002009000100003

5.             Bustamente, M. (2010). La relacin del estndar de prueba de la duda razonable y la presuncin de inocencia desde el. Opinin Jurdica, 9, 83. Recuperado el 13 de febrero de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94516348004

6.             Camargo, P. (2000). El debido proceso. Bogota: Leyer.

7.             Constitucin. (2008). Montecristi, Ecuador: Corporacin de Estudios y Pblicaciones.

8.             Corte Constitucional, N. 177-12-SEP-CC (3 de mayo de 2012). Recuperado el 29 de enero de 2

9.             Cruz, O. (2015). El Derecho a la Defensa. Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, 1. Recuperado el 13 de Febrero de 2021, de www,juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

10.         Cueva, L. (2014). El debido Proceso. Quito: Ediciones Cueva Carrin.

11.         Derechos Humanos, C. (15 de noviembre de 2004). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES, 49. Recuperado el 30 de enero de 2021

12.         Expsito, F. R. (2010). Reeducacin de Maltratadores: Una Experiencia de. Psychosocial Intervention, 19, 150. doi:10.5093/in2010v19n2a6

13.         Garcia Jimenez, M. (2005). Politicas de Investigacin en salud, en guia de recomendaciones para la incorporacin de la perpectiva de gnero. Observatorio de Salud de la Mujer, 17. Obtenido de http://www.mssi.gob.es/organizacin/sns/planCalidad/PROPUESTA_DE_GUIA_NIVEL_POLITICAS_DE_INVESTIGACION_SALUD.pdf

14.         Gonzales, O. M. (2020). De viva voz: estudio fenomenolgico con agresores primarios. Revista Iberoamericana de las ciencias sociales humanistas. doi:https://doi.org/10.23913/ricsh.v9i17.194

15.         Gutierres escudero, A. (2005). Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofia, Politica y HUmanidad [en linea. 2005, 7(13),, 13. Recuperado el 10 de marzo de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28261313

16.         Gutierrez Escudero, A. (2005). Revista Iberoamericana de Filosofia, Politica y Humanidades [ en linea]. Araucaria, 13. Recuperado el 10 de marzo de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28261313

17.         Lopez, E. (2004). LA FIGURA DEL AGRESOR EN LA VIOLENCIA DE GNERO:. Papeles del Psiclogo, 32. Recuperado el 12 de febrero de 2021, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77808805

18.         Martin, F. (2018). Presuncion de inocencia en los procesos penales por violencia de gnero. Iuis Praxis, 26. doi:doi.org/10.4067/S0718-00122018000300019

19.         Menndez, S. &. (2013). La violencia de pareja contra la mujer en Espaa: Cuantificacin y caracterizacin del problema, las vctimas, los agresores y el contexto social y profesional. Psychosocial Intervention, 48,49,50. doi:doi.org/10.5093/in2013a6

20.         Nario, A. (1793). Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recuperado el 29 de enero de 2021, de http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8s4z7

21.         Noguera, H. (2005). Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presuncin de inocencia. Ius et Praxis. doi:doi.org/10.4067/S0718-00122005000100008

22.         Ovalle, M. (2019). La dignidad humana como limite al Ius Puniendi. Chile. doi:doi.org/10.5294/dika.2019.28.1.2

23.         Tapia, R. (2018). Sembranza Historica y Contenido Esencial de los Derechos Humanos. doi:10.30973/inventio/2018.14.33/3

24.         Taruffo. (2005). Conocimiento cientifico y estandares de prueba. Jueces para la democracia, 63-73. Recuperado el 5 de febrero de 2021, de http://www.araeditores.com

25.         Valenzuela, J. (2011). Presumir la Responsabildad sobre una relacin entre Prisin Preventiva y Presuncion de Inocencia en el Derecho Procesal Chileno. Revista de Estudios de la Justicia. doi:10.5354/0718-4735.2013.28554

 

 

 

 

2020 por los autores. Este artculo es de acceso abierto y distribuido segn los trminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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