Ciencias sociales y polticas

Artculo de revisin

 

Lmites del control de constitucionalidad a los poderes del estado

 

Limits of the control of constitutionality to the powers of the state

 

Limites do controle de constitucionalidade aos poderes do Estado

 

 

Ena Cecilia Obando-Peralta I

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-5734-6764

 

 

 

Correspondencia: [email protected]

Ciencias sociales y polticas

Artculo de revisin

 

 

*Recibido: 25 de mayo de 2021 *Aceptado: 20 de junio de 2021 * Publicado: 05 de julio de 2021

 

       I.            Economista y Abogada, Doctora en Educacin, Doctora en Derecho, Maestra en Educacin, con Mencin en Didctica de la Educacin Superior, Maestra en Derecho con Mencin en Derecho Civil Empresarial, Maestra en Administracin con mencin en Recursos Humanos, Maestra en Educacin con mencin en Gestin Educativa y Acreditacin, Maestra de Educacin con Mencin en Investigacin Cientfica, Universidad Privada Antenor Orrego, Per.

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

El presente artculo presenta como objetivo principal analizar la naturaleza jurdica del principio constitucional de la separacin de poderes recogido en el artculo 43 de la Constitucin Poltica de 1993 como forma de gobierno en nuestro ordenamiento jurdico y los efectos en la estructuracin, funcionamiento e independencia de los poderes pblicos en cuanto a la emisin de sus actos polticos y jurdicos propios de sus facultades constitucionales en concordancia con la Carta Magna y las leyes de la Repblica. En tal sentido, expondremos los alcances de los lmites jurdicos del control de constitucionalidad de los actos polticos y jurdicos de los poderes del Estado por parte del Tribunal Constitucional respecto a la divisin tripartita del poder poltico, esto es, considerando el principio de Supremaca de la Constitucin, principio de legalidad, la no invasin de las competencias funcionales de los poderes del Estado y la funcin de interpretacin constitucional. Finalmente, hablaremos del rol del juez constitucional en el derecho constitucional peruano contemporneo.

Palabras clave: Separacin de poderes; Tribunal Constitucional; control de constitucionalidad; juez constitucional.

 

Abstract

The main objective of this article is to analyze the legal nature of the constitutional principle of the separation of powers contained in Article 43 of the Political Constitution of 1993 as a form of government in our legal system and the effects on the structuring, operation and independence of the public powers regarding the issuance of their political and legal acts proper to their constitutional powers in accordance with the Magna Carta and the laws of the Republic. In this sense, we will expose the scope of the legal limits of the control of constitutionality of the political and legal acts of the powers of the State by the Constitutional Court with respect to the tripartite division of political power, that is, considering the principle of Supremacy of the Constitution, the principle of legality, the non-invasion of the functional competences of the powers of the State and the function of constitutional interpretation. Finally, we will discuss the role of the constitutional judge in contemporary Peruvian constitutional law.

Keywords: Separation of powers; Constitutional Court; control of constitutionality; constitutional judge; constitutional judge.

 

Resumo

O objetivo principal deste artigo analisar a natureza jurdica do princpio constitucional da separao de poderes contido no artigo 43 da Constituio Poltica de 1993 como forma de governo em nosso ordenamento jurdico e seus efeitos na estruturao, funcionamento e independncia. dos poderes pblicos quanto emisso dos seus atos polticos e jurdicos dos seus poderes constitucionais nos termos da Carta Magna e das leis da Repblica. Nesse sentido, apresentaremos o alcance dos limites legais do controle de constitucionalidade dos atos polticos e jurdicos dos poderes do Estado pelo Tribunal Constitucional no que se refere diviso tripartite do poder poltico, ou seja, considerando o princpio da Supremacia da a Constituio, o princpio da legalidade, a no invaso das competncias funcionais dos poderes do Estado e a funo de interpretao constitucional. Por fim, falaremos sobre o papel do juiz constitucional no direito constitucional peruano contemporneo.

Palavras-chave: Separao de poderes; Corte Constitucional; controle da constitucionalidade; juiz constitucional.

 

Introduccin

Los mecanismos de control poltico en el derecho constitucional contemporneo han sido vlidamente incorporados por los ordenamientos jurdicos sociales demcratas, especialmente la aplicacin de los mecanismos de control parlamentario hacia los dems poderes pblicos y organismos constitucionalmente autnomos. Dichas figuras jurdicas acontecen desde los orgenes de la Revolucin Francesa cuando se estableci el Tercer Estado, como aquella asamblea conformada por tres estamentos que representaban a la mayora de la poblacin francesa, ejerciendo de esta forma, el poder poltico y participar activamente en la toma de las decisiones gubernamentales.

El sometimiento del Poder Ejecutivo, como primer poder del Estado frente al Poder Legislativo provoc diversos escenarios de tensiones polticas entre ambos poderes pblicos, ocasionando inestabilidad en el gobierno; y, de esta forma permite el surgimiento del control jurisdiccional de los actos emanados por estos poderes estatales; a travs del Poder Judicial o del mximo intrprete de la Carta Magna que es el Tribunal Constitucional; con el objetivo de evitar el ejercicio abusivo del poder poltico encargado por el Poder Constituyente y; con ello se conforma un mecanismo de fiscalizacin en el aparato estatal garantizando el irrestricto cumplimiento a la norma constitucional en nuestro ordenamiento jurdico.

Es por ello, que se empiezan a reconocer los principios garantas de divisin de los poderes pblicos, democracia representativa y pluralismo poltico, mencionado anteriormente; puesto que, esto permitira incoar la responsabilidad poltico de todo aquel gobernante que vulnerare cualquiera de estos principios y alteraran la vida democrtica del pas, respetndose el Estado Constitucional de Derecho.

Entonces, que el derecho constitucional contemporneo, teniendo en cuenta el constitucionalismo clsico, le dio mayor importancia a la democracia representativa y a la separacin de poderes, fortaleciendo as los procedimientos de fiscalizacin poltica, por el cual se encontrarn sometidos los funcionarios pblicos.

La institucin de control contiene diversas especies, y estos son los controles jurdicos y polticos; entre los primeros estn la justicia o control constitucional y la jurisdiccin contenciosa y sobre los segundos, se encuentra el juicio poltico, y las comisiones de investigacin, las administrativas autnomas, cuestiones de confianza, entre otros. (Segado, 1987, p.159).

Como se ha mencionado lneas arriba, el Poder Legislativo es el rgano por excelencia en el ejercicio del control poltico, quien tendr en cuenta dos criterios: el objetivo, mediante el cual se basar en los preceptos constitucionales y el procedimiento segn su Reglamento del mismo; y, asimismo, el subjetivo, mediante el cual ejercer el control poltico teniendo en cuenta la discrecionalidad de la mayora parlamentaria y el nivel de confianza segn la coyuntura poltica.

Cabe resaltar, que estos procedimientos se basan sobre la discrecionalidad del ente controlador quien har efectiva la responsabilidad poltica del gobernante del acto poltico emitido, que no siempre en la mayora de los casos puede estar afectando a la poltica de gobierno, sino ms bien, al nivel de confianza con el que cuenta en el Parlamento.

Sin embargo, con los avances del constitucionalismo contemporneo se reforz la necesidad de establecer un control de constitucionalidad a los tres poderes pblicos por parte de un organismo independiente y autnomo de los mismos, como el caso del Tribunal Constitucional, quien velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales y cultura democrtica de nuestro pas, bajo determinados lmites constitucionales que la misma Carta Magna y normas jurdicas han previsto.

 

El principio constitucional de la separacin de poderes

En palabras del autor Ferrero (2015) seala que: es una cuestin de atribucin jurdica con respecto al poder pblico, los actos de un poder no estn sujetos a la autoridad del otro, sino al ordenamiento jurdico que la Constitucin ha establecido respecto a los principios, derechos y garantas (p.245).

Concordamos con lo expuesto por el autor, debido a que una divisin de poder pblica estrictamente dicha, esta se encuentra relativamente, debido a que cada poder del Estado es independiente frente al otro en el ejercicio de sus funciones y sus miembros, puesto que la norma constitucional ha previsto que la estabilidad en la funcin pblica depender de la probidad en el cargo y solo sern removidos mediante los procedimientos que seale la ley y no por discrecionalidad operante de los otros poderes; empero, se encuentran subordinados al cumplimiento de las normas constitucionales y leyes; establecindose relaciones de cooperacin y trabajo entre los poderes pblicos al ser los detentadores del poder poltico que se les ha conferido.

Esto es, este mencionado principio establece una doble independencia en los tres poderes del Estado, en cuanto a sus miembros y sus atribuciones frente a los otros; donde no sern removidos por orden de los otros miembros de los otros poderes, si no es, mediante los procedimientos que fija la norma. De esta manera, se establece una organizacin del control poltica y la forma de gobierno de cada ordenamiento jurdico.

Desde que surgi el Estado como sociedad jurdicamente organizada, se ha pretendido buscar la mejor manera de organizarse ya sea en cuanto a los rganos o entidades pblicas que lo van a estructurar o en cuanto a los representantes en el cargo de dichos rganos que los administrarn; empero, la discusin ms transcendental ha recado en cmo se organizaran los poderes estatales, segn el modelo de gobierno de cada ordenamiento jurdico, como una autolimitacin constitucional del poder poltico. Todas estas discusiones han recado en numerosa doctrina que abarca el constitucionalismo.

En tal sentido, concordamos con el pensamiento del autor Daz afirmando que una caracterstica primordial del Estado como sociedad jurdicamente organizada es la delimitacin del control del poder poltico; y de esta manera, garantizar el respeto irrestricto de la estructura orgnica del aparato estatal y los derechos constitucionales.

Todo este desarrollo histrico se remota a tiempos desde la edad antigua, revoluciones, guerras entre estados y marcaciones demogrficas entre los mismos, que han influenciado notablemente en la estructura de los aparatos estatales y la forma de constitucin del poder poltico de los mismos; puesto que conllevar al proceso de la conformacin de la divisin del poder pblico, por principio constitucional de delimitacin del poder poltico, teniendo en cuenta dos criterios fundamentales: (i) El Estado, como sociedad jurdicamente organiza y (ii) Democracia representativa, donde ser la sociedad quienes elijaran a los representantes que ejercern el poder poltico en el Estado.

En la Edad Antigua, Aristteles sostena que la finalidad de la norma jurdica y su supremaca de regular las conductas humanas, como forma de regular la relacin poltica entre gobernante gobernando implicaba el reconocimiento de derechos como dignidad, libertad y participacin del ciudadano en la sociedad, lo que no sucedera en los Estados con gobiernos tiranos, donde primaba la decisin del monarca o gobernante. En tal sentido, Aristteles estableca que lo que debe regir en un Estado de derecho son tres requisitos imprescindibles: (i) La satisfaccin del inters pblico como objetivo principal del Estado; (ii) Los actos y decisiones del gobierno deben estar basados en leyes determinadas y no en actos despticos; (iii) Es deber de los gobernados obedecer lo prescrito por las normas jurdicas de manera voluntaria, sin que el gobierno tenga que recurrir a la fuerza o el abuso de poder para dar cumplimiento de las mismas.

Tiempo ms tarde, en la poca del Imperio Romano, se establecieron composiciones mixtas de gobierno de acuerdo con los modelos vigentes ya sea monarquas, autocracias, tiranas, democracias; donde el Estado iba a estar conformado por elementos constitutivos por los cuales se iba a organizar el poder poltico, permitindose que uno sobrepasar el otro para ejercer pesos y contrapesos recprocamente. Toda esta conformacin de elementos constitutivos no recaera nicamente entre la clase aristocrtica, iba ser imprescindible la participacin de las clases sociales; para de esta forma suplir los inters pblicos del Estado; resaltando la supremaca de la ley como forma de regular las conductas sociales; y, de esta manera el Estado poda estructurarse basado en el derecho y entablar mejores relaciones polticas sociales con los ciudadanos.

Por otra parte, en la poca del medioevo europeo, especficamente, en el feudalismo, por Inglaterra ya no se ejerca el poder de manera absoluta a travs de monarquas tiranas, puesto que la participacin del seor feudal conllev a la inclusin de determinados estamentos sociales en la toma de decisiones polticas. De esta manera, se estableci el principio de distribucin de competencias, puesto que el poder empez a tener una estructura horizontal en cuanto todos los grupos sociales participaban activamente en el gobierno; empero, todo estas relaciones de poder poltico entre los estamentos sociales iban seguir enmarcados en el poder divino o la ley espiritual. Asimismo, el monarca perdi el poder absoluto del Estado, debido al surgimiento de los Estados liberales, estableciendo los principios de divisin de poderes, libertad, justicia e igualdad; conllevando a que el rey se convirtiera en ltima instancia de resolucin de conflictos. Todo esto origin a que el derecho fuera esttico, permanente en la divinidad y lo consuetudinario, donde se permita por parte de los senados la interpretacin de las normas jurdicas emitidas por ellos cuando surgiera controversias; no obstante, no se permitira el cambio de modelo de gobierno o la creacin de nuevas leyes.

La organizacin social y jurdica queda manifestada respecto a la existencia de los derechos y garantas denominados preconstitucionales, los cuales consistan, ms bien, en capacidades y facultades de ndole social, ms no de carcter individual [] (Cavero, 1993, citado por Daz, 2012, p.245).

Todo lo anterior quiere decir que los poderes pblicos como parte de la estructura del Estado, tenan un marco de actuacin como iurisdictiones, esto es, de acuerdo con su derecho vigente resolvan las controversias ya no por mano propia, sino estableciendo la resolucin de conflictos por la heterocomposicin, creando sistemas de justicia para que se encargarn de ellos, estableciendo sus procedimientos correspondientes.

No obstante, haba situaciones que no estaban comprendidas en estos procedimientos o normas jurdicas, puesto que constituan supuestos de hechos que abarcaban la vida privada de la familia como era el patria potestas, que trataba sobre la administracin domstica de la familia; que era una potestad de los jefes de familia, incluyendo del rey que regan las normas de convivencia entre los hijos y los padres; constituyendo supuestos en los que el derecho o iurisdictiones no podan intervenir.

Ahora bien, en la baja Edad Meda comenzaron cambios trascendentales en la nueva organizacin del poder poltica y estructura de los Estados; esto se debi, a las nuevas formas de comercio entre los pases que dio surgimiento al mercantilismo, esto es, provoc la creacin de nuevo derecho debido al cambio social de la poca. La gran repercusin se dio con el decaimiento de las monarquas, y la instauracin de un aparato estatal como nico gestor del monopolio del poder poltico de la sociedad. Se fragmentaron los sectores feudales, y empez a distribuirse equitativamente el poder en los estamentos sociales. Todo esto signific, que el Estado contena un solo rgano de administracin del poder poltico, no exista la divisin de dicho poder, estableciendo un Estado Unitario con diversas funciones.

Asimismo, la concentracin del poder en un Estado Unitario desencaden la desvinculacin con la Iglesia Catlica y sus leyes espirituales, lo que a su vez, conllev al traspaso del poder del monarca hacia un contrato con la sociedad, es decir, es decir, se empezaron a establecer mecanismos de control poltico hacia el monarca y sobre quienes detentaban el poder, limitndolos a normas constitucionales y jurdicas.

Concordando con el pensamiento poltico de Daz, el ejercicio de la funcin legislativa parte del principio de soberana estatal en cada ordenamiento jurdico interno. No obstante, con el avance del constitucionalismo se han adoptado teoras de gobiernos con funciones mixtas, esto es, funciones de naturaleza jurdica y gubernamental; donde se iba erradicando la idea de que dichas funciones recaan en el monarca a pasar a compartir el gobierno con las dems clases sociales.

 

La divisin tripartita en el aparato estatal

Se ha establecido como principio general, que la denominacin clsica de separacin de poderes constituye una clasificacin entre poderes jurdicos y poderes polticos; y a su vez, en poderes constituyentes y poderes constituidos. Ahora bien, cuando se hace referencia sobre el poder constituyente, hablamos de la mayor expresin de poder poltico del Estado, es decir, porque va a ser este quien defina la estructura y organizacin del aparato estatal; empero, este debe ser limitado por la norma constitucional; y esto solo ocurrira cuando la misma norma constitucional ha previsto su reforma o modificatoria a travs de procedimientos parlamentarios.

Respecto a la distribucin tripartita del poder, hace referencia a cuestiones jurdicas sobre cmo va a organizarse en poder poltico entre ellos; es decir, que los actos y decisiones emitidos por ellos estarn sujetos a la norma suprema y normas jurdicas, ms no a la subordinacin de un poder sobre el otro, es aqu donde se realza esta divisin de poder. Porque todo esto, conllevar que ningn poder se inmiscuir en las funciones y estructura sobre el otro, y si esto se permitiera sera a travs de procedimientos polticos de fiscalizacin regulados en la norma constitucional.

Montesquieu no utiliza en s esta conceptualizacin de divisin de poder, lo que l estableci primigeniamente en su ttulo El Espritu de las Leyes, era la percepcin de la limitacin al monarca, buscando el equilibrio en los detentadores del poder, y las funciones entre los gobernantes deben estar enmarcadas y separadas. Los jueces eran quienes aplicaran las leyes en las controversias, y eso significa que ni el monarca ni el Parlamento podran intervenir o atribuirse dicha funcin; porque si esto sucediese, se perda la libertad, como pensamiento imprescindible en un ordenamiento jurdico; puesto que el ejercicio abusivo del poder conlleva a la tirana, y cuando se establece una separacin en el poder se podr garantizar la libertad como fin supremo.

De esta manera, Montesquieu se aleja del pensamiento poltico de Locke, debido a que al establecer su nueva teora de divisin del poder, seala expresamente la coexistencia de tres poderes pblicos: el Legislativo, encargado de la promulgacin de leyes as como su derogatoria si fuera necesario; el Ejecutivo, quien promulgar de gobernar y de las relaciones con los otros Estados y del cumplimiento de las normas jurdicas aprobadas por el Legislativo; y el Judicial, quien prever la funcin de justicia frente a la sociedad.

Dicho lo anterior, Montesquieu consideraba el Poder Judicial debe estar conformado por representantes directos del pueblo, donde se estableceran sus funciones y duracin en el cargo, y de esta manera quedaba descartado que fuera el monarca o un representante del Senado que ejerciera dicha funcin; debido a que la funcin que ejerceran los rganos jurisdiccionales era tal relevancia que no deban estar subordinados a ninguna clase aristocrtica, a diferencia de los otros poderes quienes representaban directamente a la sociedad, que en la mayormente se encontraban formados por las clases sociales de la nobleza, monarca, iglesia, burguesa, entre otros. Es importante sealar que los jueces no creaban derechos, se encontraban sometidos a lo prescrito por una norma constitucional y por las leyes, puesto que esta funcin era exclusivamente del Poder Legislativo.

Es importante sealar que la clasificacin de estos tres poderes no es estricta segn un Estado Constitucional de Derecho, puesto que esto depender de cada ordenamiento jurdico sobre como organiza entre sus rganos el poder poltico; lo que si ser especfico es la separacin de este poder en tres rganos con funciones y atribuciones especficas; debido a que este modelo tripartita debera garantizar tres presupuestos: (i) La libertad poltica entre los rganos del Estado, buscando su equilibrio y autonoma; (ii) La necesidad de distribuir el poder equitativamente y de manera especfica; (iii) La separacin no es absoluta, esto responder a la realidad social y poltica de la poca.

 

Aplicacin de la divisin tripartita por el tribunal constitucional

Como expusimos lneas arriba, se defini la estructura de los poderes del Estado en cuanto a su composicin, legitimacin, funciones y atribuciones del neoconstitucionalismo; debiendo mantenerse el equilibrio en el aparato estatal; no obstante, esta diferenciacin entre las funciones de los poderes pblicos y las entidades pblicas no solo ha respondido a criterios legislativos y tcnicos; sino ms bien, ha respondido a los fenmenos polticos y sociales entre los detentadores del poder poltico, tratando de evitar el ejercicio abusivo de este ltimo, que conllevara a una vulneracin a los preceptos constitucionales.

No obstante, surgieron controversias de quin debera ser poder estatal o el rgano constitucional responsable de la solucin de los conflictos entre los Poderes del Estado. En el desarrollo histrico del constitucionalismo contemporneo, esta funcin se le ha sido otorgada al Poder Judicial como rgano resolutor de los conflictos jurdicos entre los rganos constitucionales; sin embargo, la funcin jurisdiccional se ha visto afectada por las decisiones polticas emitidas por el gobierno o por la oposicin parlamentaria; es por ello, que se recurri a la necesidad de la creacin de un rgano independiente de los poderes estatales, competente para resolver las controversias entre los mismos, en defensa del constitucionalismo, surgiendo as el Tribunal Constitucional, debiendo salvaguardar el sistema de balance de poderes, pesos y contrapesos.

Asimismo, la doctrina nacional ha considerado al Tribunal Constitucional clasificado en los organismos constitucionalmente autnomo e independiente del Poder Judicial, debido a que sus decisiones repercuten en el funcionamiento de las dems instituciones del Estado y debe garantizarse con un alto grado de responsabilidad la imparcialidad y transparencia de los magistrados constitucionales. Todo esto hace referencia, que actualmente, la separacin de poderes se encuentra limitada debido a la realidad poltica, social y econmica y, tambin a la constitucionalidad que les otorgue el Tribunal Constitucional a las resoluciones emanadas por los poderes pblicos.

En ese escenario, el Tribunal Constitucional, como rgano constitucional tiene lmites pero tambin participa de los equilibrios y de los pesos y contrapesos que existen entre los propios rganos del Estado. (Acua, 2014, p.54).

Siguiendo esta lnea argumentativa, el Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas sentencias constitucionales que la separacin de poderes no es concebido desde su acepcin clsica o sentido estricto, es decir, que los poderes del Estado deben estar enfticamente separados con funciones y atribuciones independientes sin ningn tipo de relacin de coordinacin entre los mismos; sino que debe predominar el check and balance en el aparato estatal, esto es, relaciones de cooperacin, coordinacin y de control entre los mismos, evitando actuaciones apartados ente los poderes, ms bien debiendo enmarcar sus funciones en defensa del Estado Constitucional de Derecho y ejerciendo el control poltico de un poder sobre el otro para evitar la vulneracin de los preceptos constitucionales.

No obstante, este control poltico de poderes no debe afectar o inmiscuirse en la autonoma y funciones de un poder sobre otro, es decir, solo podr aplicarse el sistema de pesos y contrapesos cuando alguno de estos, en el marco de constitucionalidad, exija la responsabilidad poltica de sus miembros por el cometido de infracciones constitucionales o de delitos funcionales, como bien lo ha prescrito el artculo 99 y 100 de la norma suprema vigente que regula estos procedimientos de fiscalizacin poltica a todos los funcionarios del Estado.

Asimismo, este mencionado principio est consagrado en el artculo 43 del texto constitucional que regula que la organizacin de nuestro ordenamiento jurdico se organiza bajo el principio de separacin de poderes. No obstante, aplicando la interpretacin constitucional, debe considerarse que, en primer lugar, el mencionado principio hace referencia a la enmarcacin tripartita de poderes; empero, tambin se reconoce la separacin de funciones respecto a los organismos constitucionalmente autnomos.

Es por ello, que la norma constitucional aparte de estar esta delimitacin en cuanto a los poderes del Estado establece que los poderes constituidos debern establecer su funcionamiento en el marco de la ley, sin interferir en la estructura y autonoma de los dems rganos constitucionales; no obstante, todos estos se complementan en un sistema de coordinacin y colaboracin protegiendo la norma constitucional.

Es as pues, que en la sentencia constitucional del Expediente N 005-2007-AI/TC, se estableci que la norma constitucional ha reconocido las funciones bsicas de cada poder del Estado; no obstante, no deben interpretarse en sentido estricto, puesto que coexisten a su vez funciones especiales y distintas en cada poder pblico, estableciendo distinciones concretas entre cada uno de ellos, como asimismo, son funciones esenciales en la estructura del aparato estatal frente a los dems rganos estatales.

Lo anterior hace referencia, como se expuso lneas arriba, en nuestro ordenamiento jurdico est compuesto por poderes constituidos y poder constituyente, siendo este ltimo quien siguiendo el pensamiento de divisin tripartita del poder, ha estructurado al aparado estatal en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial y, a su vez por organismos constitucionalmente autnomos que coadyuvaran al funcionamiento de los poderes estatales para la satisfaccin del inters pblico. Caba resaltar que esta separacin de poderes est compuesta por los rganos de naturaleza poltica siendo estos el Poder Ejecutivo, que a su vez engloba a toda la Administracin Pblica y el Congreso de la Repblica y, los rganos de naturaleza judicial siendo estos el Poder Judicial compuesto por todas las Cortes a nivel nacional, Tribunal Constitucional, Tribunal Registral, Tribunal Fiscal, entre otros.

No obstante, no tiene relevancia todas las entidades pblicas y los poderes estatales quienes detentaran el poder de gobierno y administracin, sigue mantenindose el principio de correccin funcional derivado de la separacin de poderes, con el fin de evitar que un rgano o institucin se atribuya funciones que no le son competentes, y as evitar la concentracin del poder poltico y el ejercicio abusivo de este; puesto que como ha regulado nuestra Carta Magna, este poder poltico estar descentralizado en las dems regiones; esto es, descentralizando a los rganos de gobierno y a los rganos jurisdiccionales.

 

Control de constitucionalidad a los poderes del estado

Respecto al Poder Ejecutivo, tenemos que segn el desarrollo histrico del constitucionalismo peruano, el gobierno se ha visto afectado, en su mayora, por los golpes del Estado por parte del militarismo o a la asuncin del poder de caudillismo; donde se reflejaban graves hechos de impunidad y corrupcin en el ejercicio del poder poltico acarreando inestabilidad social y econmica en el pas.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha ejercido de manera abusiva el poder poltico debido a la delegacin para legislar que la Constitucin Poltica le ha otorgado a travs de la aprobacin de las mismas por el Congreso de la Repblica, es decir, al emitir normas jurdicas con el mismo rango legal. Este ejercicio abusivo del poder, muchas veces se ha debido a que el gobierno cuenta con el respaldo de la mayora parlamentaria, es decir, del consenso de las fuerzas polticas; provocando as dictaduras o golpes de Estado como ha sucedido en la historia peruana.

Por otra parte, cuando se encontraba vigente la Carta Magna, el expresidente Alberto Fujimori solicita facultades para legislar al aquel entonces Legislativo para la aprobacin de proyectos de ley en materia econmica fomentando, en su mayora, la inversin privada y la economa del libre mercado, sumando un total de 126 Decretos Legislativos. Frente a ello, el Congreso rechaz la aprobacin de 28 decretos legislativos por contravenir los preceptos constitucionales; y decide aprobar el Proyecto de Ley N 25937, ley que regulaba el control poltico de los actos emanados por el mandatario. Debido a la aprobacin de esta ley, Alberto Fujimori da el Golpe de Estado del 05 de abril de 1992, creando la nueva Constitucin Poltica de 1993, y provocando la disolucin del Congreso del aquel entonces y la inestabilidad funcional de muchas entidades del Estado.

No obstante, antes del Golpe de Estado, fueron sometidas muchas demandas de inconstitucionalidad de los decretos legislativos del expresidente Alberto Fujimori ante el Tribunal de Garantas Constitucionales. Por ejemplo, en el proceso de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N 650 sobre la materia de compensacin por tiempo de servicios en el rgimen laboral, el Tribunal resolvi declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad por dos razones fundamentales: (i) El Ejecutivo haba excedido el ejercicio de la legislacin delegada por parte del Legislativo y; (ii) El rango legal del decreto legislativo en la jerarqua normativa de nuestro ordenamiento jurdico.

Respecto a los fundamentos de derecho que argument el Tribunal de Garantas Constitucionales en el mencionado proceso, la materia de beneficios sociales como la compensacin por tiempo de servicios estaba incluida en las materias competentes para emitir decretos legislativos por legislacin delegada por parte del Presidente de la Repblica, habindose cumplido con los presupuestos legales.

Empero, sectores de la doctrina se pronunciaron en aquella poca advirtiendo que el Tribunal no tom en cuenta que consolidar normas como decretos legislativos no conlleva a su reforma o modificacin integral, sino ms bien integrarlas al ordenamiento jurdico mientras no contravengan las normas constitucionales. Todo eso signific, que el Tribunal de Garantas Constitucionales haba realizado un anlisis meramente positivista, es decir, realizan un control o ponderacin entre la norma autoritaria y el decreto legislativo; teniendo en cuenta que todas las leyes emitidas por el mandatario mediante legislacin delegada no se presumen de constitucionales o acorde a la norma constitucional o principio de legalidad, sino renen los requisitos legales; sino ms bien demostrar dicha constitucionalidad ante el rgano constitucional competente, como en este caso ante el Tribunal de Garantas Constitucionales.

Es por ello, que la crtica se centr en que el Tribunal debi realizar el control constitucional de los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo, debido a que la legislacin delegada por parte del Congreso de la Repblica no est sometida a la discrecionalidad del gobierno, ms bien debe cumplir con lo que la ley establece.

Respecto al Poder Legislativo, en el desarrollo del constitucionalismo peruano, se ha visto con mayor relevancia el control poltico-jurdico del Tribunal Constitucional a las decisiones y actos emanados por el Poder Legislativo; debido a que el rgano constitucional en muchas ocasiones ha declarado inconstitucionales las normas jurdicas emanadas por el legislador por ser contrapuestas a los preceptos constitucionales; e indicndole que enmarca su actuacin en la aprobacin de leyes conformes a la norma constitucional; este tipo de sentencias, son las denominadas sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional que se dividen en dos tipos.

Por un lado, las sentencias estimatorias, que son aquellas que declaran fundada una demanda de inconstitucionalidad. Su consecuencia jurdica especfica es la eliminacin o expulsin de la norma cuestionada del ordenamiento jurdico, mediante una declaracin de invalidez constitucional. (Acua, 2014, p.58).

A su vez, compartimos la definicin del autor, en el sentido que este tipo de sentencias se encuentran arduamente estudiadas en la doctrina nacional conceptualizndolas en aquellas donde el Tribunal Constitucional, como mximo supervisor de la norma constitucional declara vlida o ley como inconstitucional por ser contraria o vulnerar los preceptos constitucionales, acarreando as su expulsin del derecho interno, como consecuencia de la invalidez de la norma. Esto es, este tipo de sentencias se pronuncian sobre el fondo de la norma, los contenidos esenciales que esta abarca y que vulneran derechos fundamentales consagrados o la estructura orgnica del Estado en la Carta Magna. Como se mencion, este tipo de sentencias se subclasifica en sentencias estimatorias en sentido estricto y la manipulativas.

Respecto a las sentencias desestimatorias, son aquellas que declaran infundada una demanda inconstitucionalidad. Mediante estas sentencias se dispone que una disposicin legal no sea inconstitucional si es que sta puede ser interpretada conforme a la Constitucin. (dem).

En tal sentido, como ha sealado el autor, en este tipo de sentencias cabe la posibilidad de dos formas de interpretacin; es decir, se admite la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar o ser contraria a los preceptos constitucionales como regla general, sin embargo, esto podra excluirse en el caso que esta norma o ley pueda ser interpretada mediante la interpretacin autntica que realiza el legislador y realizarla de manera conforme a la Constitucin Poltica, es decir, revocar el contenido esencial con la cual fue aprobada y darle la posibilidad de ajustarme a la norma constitucional; no obstante, si esto an no pudiera realizarla o fuera imposible ya sea por cuestiones de fondo, en el ltimo caso ser declarada completamente inconstitucional al ordenamiento jurdico y expulsada fuera de este. En conclusin, el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional a toda aquella norma o ley que no pueda en ltima ratio ser conforme a la norma constitucional mediante una interpretacin autntica.

Respecto al Poder Judicial, como tercer poder estatal, el Poder Judicial al ser el garante de los tribunales de justicia, se encuentra revestido de la independencia e imparcialidad en la funcin jurisdiccional al resolver las controversias sometidas a su jurisdiccin de los justiciables al ejercitar el derecho de accin. Es por ello, que dentro del sistema de pesos y contrapesos, la mayor relevancia se encuentra en los rganos jurisdiccionales al ser los llamados a resolver los procesos donde se hayan violentado las normas jurdicas.

Asimismo, en numerosa jurisprudencia constitucional el Tribunal Constitucional he reiterado que la funcin de juzgar le corresponde a los tribunales judiciales segn lo prescribe la Constitucin Poltica, salvo excepciones (justicia arbitral, justicia militar, rondas campesinas). No obstante, se ha previsto tambin que la funcin de justicia tiene lmites, y estos son el irrestricto cumplimiento de los preceptos legales y constitucionales.

Es por ello, que la Constitucin Poltica ha previsto cules son los principios constitucionales fundamentales que ha de cumplir obligatoriamente el Poder Judicial entre ellos tenemos la exigencia constitucional de las motivaciones de las resoluciones judiciales, la exclusividad de la funcin jurisdiccional, la independencia e imparcialidad en la administracin de justicia, la publicidad de las audiencias, la pluralidad de instancias y el derecho a recurrir, la indemnizacin por errores judiciales en los procesos penales, la integracin en caso de vacos o lagunas conforme a la doctrina y principios generales del derecho, el principio de cosa juzgada, el principio de contradiccin y ejercicio del derecho de defensa, el principio de inmediacin del juez con las partes y los medios de prueba actuados en proceso judicial, entre otros.

En tal sentido, hay que sealar que el Tribunal Constitucional no integra el Poder Judicial ni se encuentran subordinados el uno respecto al otro; no obstante, existe una relacin funcional entre ambos, integracin y/o colaboracin, al ejercitar la funcin jurisdiccional desde sus competencias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional puede declarar nulas decisiones judiciales cuando estas contravengan las normas constitucionales o tambin someterse procesos de competencia entre conflictos de funciones por parte de los poderes del Estado.

 

Lmites del tribunal constitucional

Como expusimos lneas arriba, el Tribunal Constitucional es el mximo garante de la norma constitucional, y debe efectivizar su cumplimiento por todos los miembros de la sociedad; siendo sus principales lmites los derechos fundamentales y la organizacin de la competencia del estado segn sus organismos pblicos que limitaran la justicia constitucional impartida por estos magistrados.

Cabe resaltar, que este organismos constitucionalmente autnomo es un poder constituido y debe autolimitarse en cuanto a su jurisdiccin por ser la ltima instancia judicial en nuestro ordenamiento jurdico, puesto que al excederse en el cumplimiento de sus funciones acarrear la usurpacin de funciones no designadas; esto quiere decir, que no es competente para crear nuevas fuentes de derecho como las normas jurdicas como son competencia del poder constituyente y todos sus pronunciamientos judiciales deben ser metodolgicos y debidamente motivados.

No obstante, como excepcin se le faculta a travs del proceso de inconstitucionalidad expulsar definitivamente normas que son incompatibles con la norma fundamental; o a su vez, interpretarlas conformes a esta ltima; empero, estas decisiones suelen generar conflictos con los otros poderes estatales o entidades pblicas al inmiscuirse o ejercer el control judicial de sus decisiones emitidas.

Entonces, como primer lmite es el principio de legalidad donde se ha establecido que el Tribunal Constitucional se encuentra sometido a la Constitucin Poltica que interpreta y aplica y a leyes competentes. En cuanto al segundo lmite, es no pretender la invasin de las competencias funcionales de los poderes del Estado debido a que estos son autnomos y solo har pronunciamiento en cuanto estos ejerzan el poder poltico arbitrariamente creando situaciones de tensiones polticas y afectacin de los derechos constitucionales en la sociedad.

En cuanto al tercer lmite, es que la funcin de interpretacin constitucional debe estar regida bajo el principio de racionalidad; esto es, que sea compatible con el funcionamiento y relaciones de los otros poderes estatales y entidades pblicas, no creando atribuciones que la ley no les ha conferido expresamente; es decir, establecer que el Tribunal Constitucional no tiene funcin legisladora, esto significa que a travs de sus sentencias interpretativas debe dedicarse nicamente a la expulsin de aquellas normas que son incompatibles ya sea por forma o por fondo con el texto constitucional, y no actuar como legislador positivo, creando nueva fuente normativa, o agregar ms contenido a la norma cuando no se les ha conferido tal competencia.

 

Conclusiones

A)        Se ha sostenido que el principio de separacin de poderes como aquel precepto constitucional donde se establece una forma de gobierno donde prima la divisin tripartita del poder poltico: El Poder Ejecutivo, el encargado de la funcin gubernativa y de ejecutar las leyes y velar por su cumplimiento; El Poder Legislativo, el mximo representante de la sociedad encargado de legislar y de ejercer el control poltico a los otros poderes y dems entidades pblicas; y el Poder Judicial, encargado del sistema de administracin de justicia; mediante el cual se designan mecanismos de control poltico de un poder respecto al otro para salvaguardar el sistema de pesos y contrapesos.

B)         El principio de separacin de poderes permite establecer distribucin de funciones en los poderes estatales, mejorar las relaciones entre los mismos, darles autonoma e independencia respecto uno sobre el otro, establecer mecanismos de cooperacin, fiscalizacin y apoyo entre los mismos; donde se evitar el ejercicio arbitrario del poder poltico y la asimilacin de atribuciones o competencias de un poder sobre el otro cuando la norma constitucional no se las ha conferido.

C)         El Tribunal Constitucional es el mximo intrprete de la Carta Magna, donde la funcin principal de estos magistrados es asegurar el respeto irrestricto de los preceptos constitucionales frente a todos los ciudadanos del ordenamiento jurdico.

D)        Los lmites al Tribunal Constitucional son el Principio de Legalidad y Supremaca Constitucional prescrito en el Artculo 51 de la Constitucin Poltica de 1993 y Artculo II del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Constitucional; tambin el Principio de Razonabilidad y la No Abrogacin de la Funcin Legisladora.

 

Referencias

1.         Acua, A. (2014). Funciones y Competencias del Tribunal Constitucional Peruano. Obtenido de Tesis para obtener el grado acadmico de Magister en Derecho con mencin en Derecho Constitucional: file:///C:/Users/51945/Downloads/ACUNA_CHAVEZ_ARACELI_FUNCIONES_COMPETENCIAS%20(3).pdf

2.         Constitucin Poltica del Per de 1993.

3.         Daz, E. (2012). Desarrollo Histrico del Principio de Separacin de Poderes. Obtenido de Universidad Santo Toms: https://www.redalyc.org/pdf/851/85124997008.pdf

4.         Ferrero, R. (2015). Manual de Derecho Constitucional General. Brea: Pacfico Editores S.A.C.

5.         Segado. (1987). La Cuestin de Confianza: Marco jurdico constitucional y praxis poltica. Obtenido de file:///D:/Usuario/8331/Downloads/Dialnet-LaCuestionDeConfianza-79359.pdf

 

 

 

 

 

2020 por los autores. Este artculo es de acceso abierto y distribuido segn los trminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

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