Ciencias Sociales y Polticas

Artculo de Revisin

 

El control constitucional en el Ecuador: Anlisis desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional

 

Constitutional control in Ecuador: Analysis from the jurisprudence of the Constitutional Court

 

Controle constitucional no Equador: anlise da jurisprudncia do Tribunal Constitucional

 

Eulalia Adriana Quituisaca-Zhuno I
 eulalia.quituisaca.49@est.ucacue.edu.ec  
https://orcid.org/0000-0002-1465-9477
 


 

 

 

Ana Fabiola Zamora-Vzquez II    
afzamorav@ucacue.edu.ec 
https://orcid.org/0000-0003-1611-5801
 

 

 

 

 


Correspondencia: [email protected]

 

 

*Recibido: 29 de marzo del 2022 *Aceptado: 19 de abril de 2022 * Publicado: 17 de mayo de 2022

 

        I.            Abogada, estudiante de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Docente de la Maestra en Derecho Constitucional con Mencin en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

Resumen

El presente artculo se realiz con el propsito de hacer un estudio jurdico-analtico sobre la necesidad de establecer el tipo de control constitucional que rige en el Ecuador, tomando en consideracin la diversa normativa constitucional y legal lo que permite el establecimiento de la coexistencia de los dos sistemas de control constitucional tanto el difuso a cargo de las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidoras y servidores pblicos quienes deben aplicar directamente las normas constitucionales en un sentido pro ser humano, observando el bloque de constitucionalidad; como el control concentrado en caso de duda motivada y razonable el cual est a cargo de la Corte Constitucional del Ecuador como mximo rgano de control, interpretacin y administracin de justicia en esta materia. La incertidumbre generada a travs de los diversos fallos emitidos por los anteriores y actuales Miembros de la Corte Constitucional y su alejamiento de sus propios precedentes es evidente. Para lo cual se efectu un estudio descriptivo con enfoque cualitativo histrico sobre los tipos de control constitucional y de las diversas sentencias emitidas por la Corte Constitucional sobre el tema, el control de convencionalidad, y el anlisis de la normativa vigente en el Ecuador, arribando a la coexistencia de los dos modelos el difuso y concentrado.

Palabras clave: Control; constitucional; convencionalidad.

 

Abstract

This article was carried out with the purpose of making a legal-analytical study to establish the type of constitutional control that governs in Ecuador, taking into consideration the diverse constitutional and legal regulations, which allows the establishment of the coexistence of the two systems of constitutional control both the diffuse one in charge of the judges, administrative authorities, servants and public servants who must directly apply the constitutional norms in a pro-human sense, observing the block of constitutionality; as the concentrated control in case of reasoned and reasonable doubt which is in charge of the Constitutional Court of Ecuador as the highest body of control, interpretation and administration of justice in this matter. The doubts generated through the various judgments issued by the previous and current Members of the Constitutional Court and their departure from their own precedents is evident. For which a descriptive study with a historical qualitative approach was carried out on the types of constitutional control and the various rulings issued by the Constitutional Court on the subject, the control of conventionality, and the analysis of the regulations in force in Ecuador.

Keywords: Control; constitutional; conventionality.

 

Resumo

Este artigo foi realizado com o objetivo de fazer um estudo analtico-jurdico sobre a necessidade de estabelecer o tipo de controle constitucional que rege no Equador, levando em conta os vrios regulamentos constitucionais e legais que permitem estabelecer a coexistncia de dois sistemas de controle constitucional tanto o difuso a cargo dos juzes, autoridades administrativas e servidores pblicos que devem aplicar diretamente as normas constitucionais em sentido pr-humano, observado o bloco de constitucionalidade; como o controle concentrado em caso de dvida fundamentada e razovel que est a cargo do Tribunal Constitucional do Equador como o rgo mximo de controle, interpretao e administrao da justia nesta matria. evidente a incerteza gerada pelas vrias decises proferidas pelos anteriores e actuais membros do Tribunal Constitucional e pelo seu afastamento dos seus prprios precedentes. Para o qual foi realizado um estudo descritivo com abordagem qualitativa histrica sobre os tipos de controle constitucional e as vrias decises emitidas pela Corte Constitucional sobre o assunto, o controle de convencionalidade e a anlise das normas vigentes no Equador, chegando a a coexistncia dos dois modelos, difuso e concentrado.

Palavras-chave: Controle; constitucional; convencionalidade.

 

Introduccin

La seguridad jurdica, es uno de los principios ms importantes del ordenamiento jurdico, pues la misma permite la planificacin y proyeccin de vida de los individuos. Es quiz la ms importante manifestacin del Estado constitucional de derechos y justicia que sirve de freno y control al poder estatal. El Art. 82 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador (2008) dispone: El derecho a la seguridad jurdica se fundamenta en el respeto a la Constitucin y en la existencia de normas jurdicas previas, claras, pblicas y aplicadas por las autoridades competentes. La seguridad jurdica por tanto consiste en la certeza y previsibilidad de la actuacin del Estado y de los ciudadanos, as como de la estabilidad del sistema jurdico.

Ahora bien, la seguridad jurdica tiene muchas amenazas, entre ellas la separacin de poderes, la desvalorizacin de las fuentes del derecho, y la separacin del precedente judicial. El Art. 2 de la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009) en adelante LOGJCC prescribe que:

Principios de la justicia constitucional. - Adems de los principios establecidos en la Constitucin, se tendrn en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento () 3. Obligatoriedad del precedente constitucional. - Los parmetros interpretativos de la Constitucin fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podr alejarse de sus precedentes de forma explcita y argumentada garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia.

En atencin a la norma transcrita y a las sentencias 1791-15-EP/21; 1035-12-EP/20 y 109-11-IS se advierte que la actual Corte Constitucional ha precisado el concepto del precedente judicial en sentido estricto abordando en las mismas, la nocin de ratio decidendi y su ncleo, la hetero-vinculatoriedad y la auto-vinculatoriedad vertical y horizontal. Tal es as, que los miembros de la Corte Constitucional, pueden alejarse de sus precedentes lo cual tiene un efecto determinante en la seguridad jurdica, pues aquella certeza y previsibilidad que se pueda tener para resolver asuntos constitucionales particulares estn sujetos a los criterios y al ejercicio de argumentacin de los nuevos miembros de la Corte Constitucional, lo que ha llevado a que cada vez que se cambian los integrantes de la Corte Constitucional, se den cambios en los diversos precedentes constitucionales.  

La tratadista Moral Soriano (2002) precisa que se puede distinguir dos modelos justificativos de la obligacin de seguir un precedente el primero denominado argumento pragmtico y, el segundo denominado argumento de justicia formal.

Segn el primero, la razn para seguir los precedentes se encuentra en los beneficios que con ello se obtienen: la uniforme aplicacin de las leyes y de la Constitucin, la economa procesal, la prediccin de las decisiones judiciales, la seguridad jurdica y el prestigio de los jueces y tribunales, entre otros. Segn el argumento de justicia formal, la razn para seguir los precedentes es el principio de igualdad, es decir, que casos iguales requieren un tratamiento semejante (pg. 128),

Consecuentemente, la necesidad de certeza, unidad y coherencia del ordenamiento jurdico, es importante para garantizar la seguridad jurdica; siendo  preciso que los precedentes tengan algn grado  de vinculacin a las diversas interpretaciones que respecto de la Constitucin y las leyes formulen los miembros de la Corte Constitucional, pues en la actualidad se estn dando tantos significados de la Constitucin, interpretaciones distintas y hasta contradictorias, lo cual nos lleva a la incertidumbre  y a la falta de unidad en el sistema jurdico.

De tal manera que se considera necesario establecer la generalidad en la interpretacin y aplicacin de los precedentes por parte de los jueces de la Corte Constitucional, no bastando la carga argumentativa que precisa el maestro Robert Alexy (1997) de que Quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentacin. (pg. 265)

Por otro lado, se ha calificado a los jueces constitucionales como verdaderos legisladores negativos en razn que pueden anular o modificar una disposicin jurdica que contravenga la Constitucin y consecuentemente retirarla del espectro jurdico. Con ello el juez constitucional adquiere el privilegio de interpretar disposiciones de carcter supremo. Sin embargo, es necesario sealar que el juez Constitucional entre los ms altos valores que debe preservar est la Supremaca normativa de la Constitucin, principio de legalidad, reserva de ley y separacin de poderes (Ferrer & Lelo de Larrea, 2008).

Los precedentes judiciales permiten a los justiciables prever el contenido de las decisiones de los jueces, lo cual hace posible la seguridad jurdica, por lo que la estabilidad en el precedente judicial permite anticipar las consecuencias de las actuaciones del Estado como de los particulares. Por tanto, es necesario garantizar la estabilidad de los precedentes judiciales y limitar su constante alejamiento.

En el presente trabajo se analiz qu tipo de control constitucional rige actualmente en el Ecuador? a travs de los diversos cambios de precedentes constitucionales emitidos por parte de los miembros de la anterior y la actual Corte Constitucional, la doctrina y la normativa internacional; quedando evidenciado que la indeterminacin del tipo de control constitucional que rige en el pas subsiste hasta la presente fecha, y sta debe ser una tarea primordial a ser dilucidada por los miembros de la misma a fin de garantizar la seguridad jurdica. Qued identificado adems que el control difuso como el concreto estn plasmados en el texto constitucional ecuatoriano y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por tanto, se encuentra vigentes y no puede ser invalidado por los miembros del mximo intrprete de la Constitucin.

 

Referencial terico

Antecedentes: Orgenes del control constitucional

La lucha por la libertad y la bsqueda incesante de la felicidad se encuentra enraizada en la vida del hombre, y entre este devenir del tiempo y los acontecimientos en la vida de los pueblos, los cambios culturales, sociolgicos, econmicos y de la naturaleza, evidencian que ningn perodo es estable y definitivo, y que lo antiguo volver a surgir nuevamente con un nuevo matiz, algo que confirmara la teora del corsi e ricorsi que el filsofo Giambattista Vico (1668-1774) sealaba.

Ya lo precisara Nicols Maquiavelo en su obra El Prncipe En toda ciudad existen dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado y oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo.(pg. 286). Por tanto, este necesario contrato social que Juan Jacobo Rousseau deca que sostiene a la sociedad, encuentra su mximo complementado con la idea de que los hombres nacen libres e iguales en derecho encontrara su mximo esplendor en el Constitucionalismo.

Ahora bien, el desplazamiento del principio de legalidad por el principio de supremaca constitucional que varios tratadistas ecuatorianos como Rafael Oyarte, Pal Crdova Vinueza, Juan Montaa Pinto entre otros, refieren es evidente en los actuales momentos, en donde los jueces ya no son la boca de la ley, sino que crean derecho, cambiando por completo el papel de los jueces, de una tradicin romnico-cannica de empleado experto a lo que considera John Henry Merryman(2000) de los jueces angloamericanos en () hroe cultural, incluso una figura paternal(pg. 72). As mismo la existencia de un cuerpo normativo con la caracterstica de supremo y el establecimiento de un rgano encargado de la defensa del mismo hace que en el siglo XXI, hablemos ciertamente de un Estado constitucional de derechos y justicia(Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008).

El primer antecedente del constitucionalismo moderno se le atribuye al juez de Inglaterra Sir Edward Coke, en el conocido caso del Dr. Thomas Bonham (1610) Sir E. Coke, junto con los jueces Daniel y Warbuton, dej de aplicar una ley del Parlamento ingls de 1553 por ir en contra de los principios rectores de la common law. El College of Physicians de Londres, controlaba el ejercicio de la medicina en Londres y sus cercanas, para lo cual poda multar e incluso encarcelar a aquellos que intentaran operar fuera de su supervisin. El Dr. Thomas Bonham, que haba estudiado medicina en Cambridge y Oxford, comenz a ejercer en Londres sin el consentimiento del College, por lo cual Bonham fue enviado a prisin por unos das y rigurosamente multado. En este caso los jueces consideraron que: a) el Colegio no tena poder alguno sobre los practicantes no autorizados, lo que es muy diferente de ser incompetente, y que el Colegio reciba la mitad de las multas por lo que actuaba como juez y parte y b) el Colegio si bien tena poderes, stos no fueron utilizados debidamente.

No se puede desconocer que fueron los tribunales quienes defendieron afirmando la independencia judicial frente a la Corona y frente al Parlamento. De esta sentencia tenemos el primer pronunciamiento expreso sobre el Estado de Derecho ingls o el control judicial de las leyes plasmado en el siguiente texto:

Aparece en nuestros libros que en muchos casos el common law controla Acts del Parlamento y que a veces los relega a la absoluta nulidad: porque cuando un Acts del Parlamento se opone al derecho comn y a la razn, o repugna o es de imposible aplicacin, el common law lo controla y se impone sobre tal Acts, anulndolo(Velasquez Rizo, 1999).

Sin embargo, se le atribuye a Estados Unidos el origen del tipo de control constitucional conocido como difuso en el conocido caso Marbury versus Madison, en el cual John Marbury habiendo sido designado como Juez de Paz por el presidente saliente de Estados Unidos John Adams, el nuevo secretario del Estado James Madison designado por el nuevo presidente Thomas Jefferson, se neg a entregarle el nombramiento a Marbury, por lo cual Marbury acudi a la Corte Suprema solicitando se expida un writ of mandamus conforme lo estableca en la Ley la Judiciary Act de 1789. La particularidad del caso es que el Secretario de Estado quien deba haberle entregado el nombramiento a Marbury era el mismo John Marshall, quien contaba con licencia de la Corte Suprema para ejercer dicho cargo.

Al retornar a su cargo de juez John Marshall en 1803 y al resolver el caso, da lugar al establecimiento de lo que se conoce como El Judicial Review que se sustenta en el principio de que la Constitucin es la ley Suprema de la Nacin, consecuentemente todo acto contrario a la Constitucin es nulo, de esta manera el dictamen de la Corte Suprema dispone que el Poder Judicial de los Estados Unidos se ampla a todos los casos que emanan de la Constitucin, sealando adems que el desconocimiento del juramento de obediencia a la Constitucin por parte de los jueces sera inmoral, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Art. 6 prrafo 2 de la Constitucin de Estados Unidos que indica en su parte pertinente:

Esta Constitucin, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, sern la suprema ley del pas y los jueces de cada Estado estarn obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitucin o las leyes de cualquier Estado.(National Archives)

El presente caso se constituye en la primera seal (obiter dicta) de lo que seran las cuestiones polticas no judiciables. Posterior a ello, tenemos en el derecho estadounidense los casos de Luther vs. Borden 1849 y Baker vs. Carr 1962. El primero surge por la aplicacin de la llamada clusula de garanta que reclamaba Luther, la cual se encuentra establecida en el Art. IV, seccin 4 de la Constitucin estadounidense.

La Legislatura de Rhode Island, frente a un intento de golpe de Estado, haba declarado la ley marcial en el territorio, por lo que se irrumpi en la casa de Luther en busca de un hombre acusado de traicin, Luther demand al Estado por los daos causados en su casa y solicit al Gobierno federal que interviniera por medio de la clusula de garanta. La Corte Suprema rechaz la demanda, argumentando que revisar la legitimidad del grupo gobernante era una cuestin poltica ajena a la jurisdiccin del tribunal.

En el caso Baker vs. Carr, se demand la inconstitucionalidad de una ley del Estado de Tennessee sobre prorrateo distrital. La Corte Suprema revoc la decisin del tribunal inferior, enunciando como fundamentos principales: a) que el tribunal inferior posea jurisdiccin en la materia objeto del juicio; b) que la cuestin planteada era justiciable, y c) que los recurrentes tenan personera para discutir la ley de prorrateo distrital. (Amaya, 2015, p.189)

Y si el juez Marshall fue el ms grande juez de la historia de Estados Unidos, su sucesor Roger B. Taney es conocido por la emitir la peor sentencia de la historia en el caso Dred Scott vs. Eliza Sandford. El 8 de abril de 1846 Dred y su esposa Harriet Scott demandaron ante el condado de San Luis Missouri su libertad, continuando luego con la causa solo Dred por los costos del juicio. El principio de que una vez libre, siempre libre hizo que Dred ganara en primera instancia, pero la Suprema Corte de Missouri en 1852 desech dicho fallo.

El caso lleg a la Corte Suprema de los Estados Unidos en la cual se resolvieron tres principales aspectos: 1) Las personas de color, aunque fueran libres, no tenan ni nunca podran tener la ciudadana de los Estados Unidos. 2) El reconocimiento de la libertad de Dred Scott que haba hecho el Congreso era inconstitucional, porque el Congreso no tena facultades para ello. 3) La situacin jurdica de Scott se rige por la ley del Estado, no siendo aplicable la ley de Illinois donde haba vivido. Por lo que, al declarar la constitucionalidad de la esclavitud y el negar la calidad de ciudadanos de las personas de color, as las mismas fueran libres, constituyen a la luz de la razn y del Derecho uno de los mayores atentados a la dignidad humana plasmadas en un texto jurdico:

() La cuestin es si la persona ahora recurrente forma parte de ese pueblo y si es cotitular de la soberana. Creemos que no. Este tipo de personas no estn incluidas y no estaba previsto que lo estuvieran, en el concepto constitucional de ciudadanos y, por consiguiente, no pueden vlidamente reclamar ninguno de los derechos, libertades e inmunidades que la Constitucin garantiza a los ciudadanos de los Estados Unidos. Al contrario, en el momento constituyente eran considerados una raza subordinada e inferior, bajo la autoridad de la raza dominante, y, en libertad o en esclavitud, continan sometidos a ella y no tenan ms derechos que los que las autoridades quisiesen otorgarles ()(Carbonell, 2007)

Pero no podemos olvidarnos que tambin los discursos jurdicos, dependen de un concierto de hechos histricos y de los discursos de las ciencias naturales, los cuales a la poca sin lugar a dudas contribuyeron a que fueran condenados a una inferioridad evolutiva biolgica inalterable por parte de la biologa evolutiva decimonnica los africanos negros, los aborgenes australianos, las tasmanas, los indios botocudos, las malayas, los pigmeos, los nativos coloniales, as como las mujeres en general. Pues ni el propio Charles Darwin pudo alejarse del paradigma racista de su tiempo. Ya lo dira Remo Bodei citado por Juan Manuel Snchez Arteaga (2007) "Los conceptos y las prcticas concernientes a la alienacin estn estrechamente ligados a la sensibilidad contempornea referente a la razn y a la irracionalidad y la influencian ampliamente"

Sin embargo, llegara en 1865 la Decimotercera enmienda, adoptada sobre el final de la Guerra de Secesin, que aboli la esclavitud y que corrigi tan oprobio criterio, aunque ser necesaria la Decimocuarta y Decimoquinta enmienda para terminar con la discriminacin. La motivacin del Tribunal para dicha resolucin, es que realizaron una interpretacin originalista as citan: Si utilizase cualquier otra regla de interpretacin, ello significara para este Tribunal perder su condicin de rgano jurisdiccional, convirtindose en un simple reflejo de la opinin pblica y de las pasiones de cada da () dicho Tribunal busc segn redactan el verdadero sentido de las palabras en el momento en que fue promulgada, como de la intencin con que fue promulgada la Constitucin, olvidndose que su antecesor John Marshall en la sentencia Mcculloc vs. Maryland de manera acertada ya precis no olvidemos que es una Constitucin lo que estamos interpretando por lo que siempre que se interpreta una Constitucin es vlido y legtimo preguntarse cul es ese sentido?.

En Europa, en cambio la discusin se centra en quin iba a encargarse del control constitucional? As para Carl Schmitt en su obra La defensa de la Constitucin identifica que dicho control le corresponde al presidente del Reich como Jefe de Estado, quien goza de neutralidad e independencia ya que su origen es democrtico; para el jurista vienes Hans Kelsen en su obra Quin debe ser el defensor de la Constitucin?, luego de refutar la tesis de Schmitt, sostiene que se debe crear un rgano distinto a los que deban ser controlados, surgiendo la idea del control concentrado a travs de un Tribunal Constitucional, que controla la compatibilidad de las normas abstractas con la Constitucin, limitando su decisin a un efecto ex nunc, pero de carcter erga omnes, y como un legislador negativo.

En Amrica Latina hay que resaltar como antecedente de este control de constitucionalidad, al texto de la Constitucin de la provincia de Cundinamarca de 1811 en donde se estableci una accin directa de inconstitucionalidad, es decir, que ya haba bases de control concentrado de constitucionalidad en Amrica, ciento diez aos antes que Kelsen la propusiera.

Artculo 9.- Habr un Senado de Censura y Proteccin, compuesto de un Presidente, que lo ser el Vicepresidente de la Representacin Nacional, y cuatro miembros, para sostener esta Constitucin y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infraccin o usurpacin de todos o cada uno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constitucin.(Constitucin de Cundinamarca, 1811)

En el Ecuador sucede algo distinto a lo acontecido en el caso Marbury. En el proceso del Coronel Federico Irigoyen, la Corte Suprema Marcial en su sentencia del 19 de febrero de 1887 concluye precisando que a la Corte Suprema, de acuerdo a la Convencin de 1878 y la de 1869 se le concedi la facultad poltica de decidir si un proyecto de ley era inconstitucional cuando como tal hubiese sido objetado por el Poder Ejecutivo, por lo que el Tribunal Supremo ya en 1881 precis que los jueces no pueden dejar de aplicar las leyes, an en el caso que fueran contrarias a la Constitucin por lo que la Corte debe aplicar la ley sin examinar si es o no Constitucional, hacerlo sera arrogarse funciones (Oyarte, 2019, pg. 1064) por lo que omiten el control constitucional, y su actuacin se limita a la aplicacin de la Ley, an sea esta contraria a la Constitucin.

El modelo ecuatoriano sin duda alguna tiene caractersticas propias, que no aseguraban ni aseguran una institucionalidad firme y clara para el ejercicio del control constitucional durante gran parte de la poca republicana y hasta nuestros das. As la Constitucin de 1967 reconoce la atribucin de suspender de manera total o parcial los efectos de una ley, ordenanza o decreto que pueda ser considerado inconstitucional por la forma o por el fondo a la Corte Suprema.

Luego por la reforma producida en 1983 a la Constitucin de 1978 esa atribucin se desplaza de la Corte Suprema al Tribunal de Garantas Constitucionales, pero confiriendo la responsabilidad final al Congreso para decidir sobre la constitucionalidad de la ley, ordenanza o decreto. Con la reforma de 1992 se establece que esas funciones corresponden a una Sala Constitucional de la Corte Suprema, generndose una pugna institucional de sta, con el Tribunal de Garantas Constitucionales.

Dicho control constitucional viene a convertirse en una tesis eclctica de control constitucional concentrado, sealndose que el control constitucional debe estar a cargo de un Tribunal o Corte especializado, pero con autonoma de Funcin Judicial, y por otro lado dicho control se debe efectuar por parte de un organismo que sea parte de la Funcin Judicial.

En la Constitucin Poltica de 1998 se establece un control constitucional mixto, es decir si bien est a cargo de un rgano especializado e independiente de la Funcin Judicial como lo fue el Tribunal de Garantas Constitucionales, dicho control tambin lo realizaban todos los jueces debiendo dejar de aplicar una norma que sea contraria a la Norma Suprema. Y en la vigente Constitucin del 2008 surge la confusin sobre el tipo de control constitucional que rige en el pas, lo cual es materia del presente estudio, ya que jurisprudencialmente como se ver ms adelante se ha establecido un control concentrado de constitucionalidad.

Modalidades de control de constitucionalidad

Los sistemas jurdicos adoptados por cada pas, han hecho posible una variedad de modalidades de control constitucional. Una de las mejores clasificaciones de las modalidades de Control Constitucional es la realizada por el Dr. Rafael Oyarte (2019) por lo que de acuerdo a su clasificacin tenemos:

1) Por el rgano que controla: a) esta puede ser realizada por un rgano poltico, en este caso el control constitucional estar a cargo de los rganos legislativos; b) tenemos el control difuso el mismo que corresponder realizarlo a todos los jueces; c) control concentrado para lo cual dicho control se asigna a una magistratura especializada o por un rgano judicial, y, d) el control mixto que es una mezcla del control difuso y concentrado.

2) Por lo que controla en el proceso: a) Control abstracto ste se produce va accin, cuando se ataca una norma, pero tambin puede darse va excepcin a consecuencia del control concreto. b) Control concreto, ste se produce va excepcin, el control es incidental.

3) Por la Oportunidad del Control este puede ser: a) Preventivo, previo o ex ante, es decir el control se realiza en el trmite de aprobacin de la norma; y, b) Posterior, represivo o ext post facto, en este caso la revisin se da de normas vigentes a travs de demandas de inconstitucionalidad. Es factible tambin la revisin de una norma derogada si sta ha producido efectos.

4) Por los efectos del control en el tiempo: a) Ex tunc el efecto ser retroactivo desde su origen; b) Ex nunc sus efectos sern solo a futuro; c) Vacatio sentenciae, cuando se dispone un diferimiento en el tiempo, de los efectos de la decisin, es decir se aplicar luego de un periodo intermedio.

5) Por los destinatarios de las resoluciones: a) Inter partes: Lo decidido solo tiene efecto en la causa y aplicable solo para los justiciables. Dentro de esta tambin puede tener efectos a.1) Inter pares: esto es que la regla que ella define se aplique a futuro en casos similares. y a.2) Inter Comunis: Sus efectos alcanzan y benefician a terceros, que no siendo parte del proceso comparten circunstancias comunes. b) Erga omnes: cuyo destinatario es universal y general.

6) Por el inicio de la accin: a) A requerimiento de parte, para lo cual es necesario la presentacin previa de la demanda; b) Control de oficio, en donde no se requiere demanda. c) Control Obligatorio o Automtico dentro de estos tenemos el Control Obligatorio-Preventivo: Tratados internacionales, proyectos de ley objetados por razones de inconstitucionalidad, convocatorias a consulta popular, reformas constitucionales algunos decretos leyes de urgencia econmica y el Control Obligatorio - Represivo: Estados de excepcin.

Esta clasificacin permite entender los tres modelos de control constitucional originarios: a) EL ESTADOUNIDENSE O JUDICIAL el cual no consta taxativamente en la Constitucin, y cuyas principales caractersticas de la llamada judicial review son: que es un sistema judicial difuso; es adems incidental, ya que nace y se desarrolla en el seno de un proceso judicial, en donde el asunto constitucional no es el objeto principal del proceso, pero es necesaria su solucin para la resolucin del caso en litigio, es decir tenemos un control concreto que surge a pedido de las partes interesadas. Otra caracterstica del sistema estadounidense es que dicho control no se ejerce sobre cuestiones no justiciables, polticas o actos de gobierno. Su resolucin tiene efectos sobre el caso en concreto y adems inter partes y ex tunc pero en otros casos tiene un alcance ms genrico, en virtud de la regla del precedente obligatorio Stare decisis.

b) POLTICO O FRANCS caracterizado por que dicho control est a cargo de un rgano especial (Consejo Constitucional) cuyo presidente es designado por el Presidente de la Repblica, es un sistema concentrado poltico, el control es preventivo y a partir del ao 2008 tambin posteriori; la legitimacin al inicio estaba limitada al presidente de la Repblica, primer ministro, y presidente de las Cmaras; a partir de 1974 a sesenta senadores o diputados de las minoras y a partir del ao 2008 se ampla al Consejo de Estado y Cmara de Casacin ante una cuestin prioritaria o prejudicial de inconstitucionalidad, abrindose de esta manera la legitimidad indirecta de los particulares. Al principio el procedimiento fue contradictorio y secreto y a partir del ao 2010 es contradictorio y pblico.

c) KELNESIANO O CONTINENTAL, el control est a cargo de un rgano especial (tribunal constitucional) integrado por un nmero reducido de miembros, con una misin jurdica y quienes actan como legislador negativo; el control es represivo o a posteriori, abstracto y concentrado, la legitimacin est a cargo de sujetos pblicos y las sentencias tendrn efectos erga omnes y ex nunc.

Conceptos de control constitucional

El control constitucional es una actividad compleja, cuyo parmetro de verificacin que se utiliza es impreciso y requiere de un proceso interpretativo amplio sin llegar a decisiones arbitrarias del intrprete constitucional, por lo que existen diversos conceptos del mismo. As para el autor Juan Carlos Ferrada Brquez (2004) respecto al tema expresa:

El control constitucional aparece como un tipo especfico de control que se caracteriza ms que, por la actividad misma, por el parmetro de verificacin utilizado las normas constitucionales y, como consecuencia de ello, de los criterios utilizados para la interpretacin adecuada de ste y de los rganos constitucionalmente habilitados para ello.

Segn los abogados Pedro Peafiel Martillo y Calvas Preciado(2018) El control de constitucionalidad es un mecanismo de supervisin de los actos que emanan de los poderes del Estado, as como, de las normas jurdicas en sentido amplio. Para H. Spector citado por (Olivares, 2018) el control constitucional:

Es un asunto complejo porque abarca dos tipos diferentes de disputas constitucionales: 1) disputas sobre poderes, y 2) disputas sobre derechos. Por un lado, al interior de las disputas sobre poderes, se distingue entre: a) conflictos verticales (federalismo), y b) conflictos horizontales (divisin de poderes). Por el otro, al interior de las disputas sobre derechos, el autor diferencia entre: a) reclamos de minoras hacia mayoras y, b) reclamos de ciudadanos hacia sus representantes.

Para el tratadista Jos Gamas Torruco(2001, pg. 199)

El control de constitucionalidad es el conjunto de actos y procedimientos establecidos para la verificacin y aseguramiento por parte de un rgano del sistema, de que el principio de supremaca constitucional es respetado por todos los rganos constituidos en los procedimientos de creacin-aplicacin del orden. Algunos autores (Hctor Fix-Zamudio) hablan de "defensa constitucional" para calificar esta misma funcin.

Por lo que, de dichos conceptos se puede concluir que el control constitucional es el conjunto de actos y procedimientos de supervisin, interpretacin y defensa ejecutados por parte de un rgano designado constitucionalmente, para resolver las diferentes disputas que puedan darse sobre derechos, ejercicio de poderes y reclamos entre los ciudadanos y de estos con el Estado, tomando como referente la norma suprema vigente.

Anlisis del desarrollo jurisprudencial del Control Constitucional Ecuatoriano

El Control Constitucional ha experimentado diversos modelos de intervencin en distintos momentos. Desde el inicio de la vida republicana hasta las reformas de 1992 la tarea estuvo encargada al Parlamento Nacional, en donde este rgano fue la instancia poltica ms relevante del Estado. Posteriormente esto fue modificado, sin embargo, los diversos rganos creados mantuvieron siempre alguna vinculacin con el rgano legislativo ya sea para cumplir sus atribuciones o por el proceso de designacin por lo que dicho rgano siempre gener ataduras polticas.

La Constitucin de 1998 dispuso un modelo equilibrado mixto, que buscaba definir delimitaciones y conexiones institucionales claras y funcionales entre el esquema concentrado y el difuso, en donde se conserv la responsabilidad a la legislatura cmo intrprete final de la Ley Suprema. En tanto, en la Constitucin del 2008 se emiten varias disposiciones que no permiten la convergencia armoniosa de los controles concentrado y difuso. Ante ello tenemos varias decisiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional donde se ha efectuado cambios del esquema difuso hacia la consolidacin del sistema concentrado. A este gran dilema del tipo de control de constitucionalidad hay que sumar un conjunto de factores, dados desde los diseos orgnicos del texto constitucional, lo cual ha creado escenarios discordantes e incompatibles para la institucionalidad de control de constitucionalidad en el Ecuador.

El control de constitucionalidad constituye una de las herramientas republicanas para someter el poder a los derechos humanos y las libertades democrticas. Desde esta perspectiva el tipo de control en el texto constitucional pretenda una coexistencia entre el sistema difuso y concentrado, sea la complementariedad a su formato mixto, pues se establece como principio y regla constitucional que todos los servidores administrativos y judiciales deben aplicar directamente la norma fundamental privilegiando siempre la situacin ms favorable para la vigencia de los derechos constitucionales.

As, en los artculos 11 numerales 3 y 5; Art.426 de la Constitucin se le reconoce a la Corte Constitucional como el mximo intrprete de la Carta de Montecristi, pero no la define como el nico y exclusivo rgano que ejercer la vigilancia y control constitucional, incluso la normativa establece que los jueces cuando consideren que una norma es contraria a la Constitucin o instrumentos internacionales debern suspender la tramitacin y remitir el expediente a la Corte Constitucional quienes en un plazo de 45 das debern resolver sobre su constitucionalidad as lo dispone el artculo 428 de la Constitucin, norma que no se puede ignorar sino que se debe encontrar una frmula acorde con el conjunto de preceptos constitucionales que abogan por un Estado constitucional de derechos donde se articule al mximo la justicia ordinaria.

La Constitucin vincula a todos los poderes pblicos y el sistema difuso contribuye para que los jueces y tribunales ordinarios decidan en las causas sujetas a su conocimiento en aplicacin del texto constitucional despojando de eficacia a las normas inferiores que no se corresponden con ella o la contradiga.

Posteriormente con la expedicin del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial se profundiza el control difuso y se deja en claro que solamente en caso de duda razonable el juez deber suspender la tramitacin de la causa, pero si su criterio es que una norma es incompatible con la Constitucin deber aplicar directamente la Constitucin. As lo dispone el artculo 4, lo cual significara la armonizacin de controles hacia una coexistencia de los dos modelos difusa y concentrada, dejando zanjadas las posibles posturas que puedan ver una antinomia en el texto constitucional.(Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial, 2021)

Sin embargo, la Corte Constitucional se pronunci en la sentencia nmero 055-10-SEP-CC Caso nmero 0213-10-EP que el control Concreto de Constitucionalidad tiene por finalidad, garantizar la constitucionalidad de las disposiciones jurdicas dentro de los procesos judiciales, debilitando de este modo, el modelo difuso cuando expresa que los operadores de justicia estaran prcticamente no autorizados para inaplicar normas jurdicas que puedan resultar inconstitucionales. De igual forma en el caso nmero 0535-12-CN sentencia nmero 001-13-SCN-CC(2013); sentencia N30-13-SCN-CC caso N697-12-CN(2013); sentencia nmero 34-13-SCN-CC.(2013) Dejara cerrada la opcin de un control difuso para los jueces y consagra el control concentrado y exclusivo de la Corte Constitucional, por cuanto reitera la obligacin de enviar necesariamente a consulta los casos controvertidos de constitucionalidad.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 428 de la Constitucin de la Repblica vigente, y a diferencia del control constitucional difuso previsto en la constitucin Poltica de 1998, los jueces estn vedados para inaplicar normas jurdicas y continuar con la sustanciacin de la causa. De esta forma, con este pronunciamiento refuerza el contenido del Art. 428 de la Constitucin manifestando que el control que prevalece en nuestro pas es el concreto y que solo en caso de duda razonable conforme el Art. 142 de la LOGJCC, el juez ordinario plantear la consulta.(Sentencia N055-10-SEP-CC, 2010, pg. 22)

El Ecuador tiene su Constitucin, elaborada por el poder constituyente (Asamblea Constituyente) dotada incluso de plenos poderes, de cuyo texto se establece que no se dispuso un control concentrado puro, pero va jurisprudencia es evidente que el poder constituido (Corte Constitucional del Ecuador) se encarg de disminuir el control difuso, otorgndole la primaca al control concentrado, dimitiendo las disposiciones que pregonan la defensa de principios y la aplicacin directa de la Constitucin de la Repblica, por lo que jams se puede pretender que los jueces constitucionalistas puedan ser superiores al soberano.

Para ser coherentes con ese garantismo constitucional pro homine consagrado en el Art. 1 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador y con ese modelo de coexistencia de jurisdicciones diversas como la justicia ordinaria, indgena, electoral, constitucional y la supranacional debe respetarse la coexistencia de sistemas de control constitucional tal como lo dispuso el constituyente.

As, cuando los individuos hacen uso de las garantas jurisdiccionales y en especial de la accin de proteccin, lo que hacen es pedir que los administradores de justicia se pronuncien sobre aquellas normas, actos u omisiones sub constitucionales que estaran desvirtuando sus derechos constitucionales y siguiendo los dictmenes del mximo rgano de control de esta materia le correspondera aplicar nicamente las normas infraconstitucionales.

A pesar de que un juzgador posea la certeza de su inconstitucionalidad bajo ningn concepto podra dejar de aplicar la norma infraconstitucional. Solo si existe la duda razonable eleva en consulta, pero qu pasa cuando ha trascurrido el plazo de los 45 das y la Corte Constitucional no se ha pronunciado?, si un Juez expres su motivacin sobre las dudas razonadas para elevar a consulta un caso y la Corte Constitucional manifiesta un sentido contrario, al respecto la actuacin de ese juez puede ser motivo de una accin legal en su contra?

Sin embargo, existen tambin expresiones en que la Corte Constitucional ha pregonado una mayor materializacin por la aplicacin directa e inmediata del texto constitucional con la sentencia nmero 0001-10-SIN-CC, de los casos N 008-09-INN-y 0011-09-IN acumulados (2010); no obstante, el fortalecimiento del control difuso ha sido frenado, por lo que se requiere una mayor promocin y desarrollo para cumplir con el mandato constitucional.

Las sentencias N10-18-CN/19 y N11-18-CN/19 fueron emitidas el 12 de junio de 2019 por el mximo rgano de control constitucional; y en ambas sentencias se refleja el debate sobre el tipo de control constitucional en el Ecuador. Si bien en ambas sentencias se establece que la opinin consultiva es un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento para el Ecuador, cuyo fundamento se encuentra en el pacta sunt servanda y en el principio de Buena Fe de los Estados partes.  

En la sentencia N. 11-18-CN/19, cuyo juez ponente es el Dr. Ramiro vila Santamara, en el prrafo 290 establece que:

Con lo dicho se pueden aclarar los equvocos enunciados. El juez y la jueza s tienen
competencias para realizar control de constitucionalidad y de convencionalidad, como cualquier otra autoridad pblica en el mbito de sus competencias. La Corte Constitucional es el mximo intrprete de la Constitucin y sus interpretaciones tienen el carcter de precedente, que son normas jurdicas que tienen alcance general, abstracto y obligatorio, pero no puede ni debe ser considerado el nico intrprete. Con relacin a si un juez o jueza prevarica por inobservar una norma que considera inconstitucional y aplicar la Constitucin, los operadores de justicia no prevarican.(Matrimonio Igualitario, 2019).

En el prrafo 230 de la misma sentencia, se menciona que, en cuanto a las medidas administrativas, corresponde a todas las agencias y autoridades estatales que tienen facultades reglamentarias y, primordialmente, de ejecucin de normas, a aplicar tanto las normas constitucionales como las convencionales. En el caso concreto, el Registro Civil es una agencia ejecutiva que poda haber aplicado las normas de la CADH a la luz de la interpretacin autorizada de la OC24/17. 

 As tambin en el prrafo 248, se define que la interpretacin constitucional se la puede ejercer a travs de varios mecanismos, que se encuentran en las competencias de los jueces en general cuando ejercen competencias constitucionales, y de la Corte Constitucional en particular, en virtud del artculo 436 (1) de la Constitucin, al ser la mxima instancia de interpretacin de la Constitucin, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a travs de sus dictmenes y sentencias. Sus decisiones tendrn carcter vinculante.

Dicha discusin se evidencia tambin en la sentencia N1116-13-EP/20 en cuyos votos concurrentes se advierte la vigente discusin y que la misma es como reconoce la Corte es una tarea pendiente que mantiene la Corte Constitucional, as en el prrafo 25 precisaron los jueces constitucionalistas Ramiro vila, Agustn Grijalva, Al Lozada, Daniela Salazar lo siguiente:

En suma, ante un conflicto o colisin entre normas constitucionales e infraconstitucionales, las juezas y jueces estn en la posibilidad de aplicar directamente la Constitucin o de elevar la consulta ante la Corte Constitucional, lo que depender de la complejidad del conflicto bajo su conocimiento. En casos de conflicto entre una regla constitucional y una infraconstitucional, como el que estamos conociendo, la respuesta resulta tan obvia que lo que corresponde es que los jueces y juezas apliquen directamente la Constitucin, por ser la norma suprema, sin necesidad de consultar a la Corte Constitucional.(Sentencia No. 1116-13-EP/20, 2020, pg. 16)

En tanto, que en el voto concurrente del Dr. Hernn Salgado Pesantez prrafo 13 se reconoce la vigencia del control concentrado y la exclusin del modelo difuso:

En definitiva, el texto constitucional vigente consagra un sistema de control
concentrado en el cual solamente la Corte Constitucional tienen atribucin expresa para establecer una incompatibilidad entre disposiciones infraconstitucionales y la Norma Fundamental. En nuestra Constitucin no se reconoce un sistema mixto y mucho menos un modelo difuso de control constitucional, debido a que el constituyente no mantuvo ni siquiera una regulacin similar a la de la Constitucin de 1998; al contrario, la cambi expresamente tal como se desprende de la redaccin del artculo 428 de la Constitucin de 2008, que refleja la postura de la Asamblea Constituyente que fue ratificada por la ciudadana en referndum.(Sentencia No. 1116-13-EP/20, 2020, pg. 21).

 

Resulta importante considerar adems el prrafo 20 del voto concurrente del Dr. Salgado en donde precisa:

En conclusin, el principio de aplicacin directa, como su nombre lo sugiere,
tiene lugar ante la ausencia de regulacin secundaria; pero no en caso de contradiccin, en cuyo escenario corresponde observar lo atinente al control de constitucionalidad que, en el caso ecuatoriano, como qued expresado en la seccin precedente, se caracteriza por ser un sistema concentrado.(Sentencia No. 1116-13-EP/20, 2020, pg. 22)

 

La Corte Constitucional en el caso del Alcalde de Quito Jorge Yunda Machado en el prrafo 74 de dicha sentencia(Sentencia 2137-21-EP/21, 2021), se refieren concretamente en la nota al pie N13, al prrafo 28 de la Sentencia No. 8-20-CN/21, 18 de agosto de 2021, en donde precisan justamente que la consulta de norma se enmarca dentro del control concreto de constitucionalidad y constituye un asunto potestativo del juez, ya que los rganos jurisdiccionales deben consultar una norma que sea determinante para la resolucin del caso en concreto, as precisan:

En tal sentido, la consulta de norma constituye un mecanismo constitucional, potestativo del juez, que tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad de la aplicacin de las disposiciones jurdicas dentro de los procesos judiciales conforme al artculo 141 de la LOGJCC. As, en nuestro orden constitucional, la consulta de norma se enmarca dentro del control concreto de constitucionalidad precisamente porque permite que los juzgadores consulten la constitucionalidad de una norma que resulta aplicable al caso concreto y no cualquier otra disposicin del ordenamiento jurdico. Como ha enfatizado la Corte Constitucional en decisiones anteriores, la suspensin de la tramitacin de la causa prevista en el artculo 428 de la CRE y su incidencia para el normal desarrollo del proceso- encuentra justificativo constitucional nicamente en virtud de que la norma consultada resulta relevante para la decisin.

En este punto es preciso sealar que el control constitucional que establece la Constitucin de Montecristi ha sido objeto de varias interpretaciones realizadas por su mximo exponente, ms no el nico, por ello resulta imprescindible que la Corte Constitucional emita una sentencia que armonice dichos conceptos de interpretacin y reflejen el real control constitucional vigente, debiendo armonizar y apartarse de criterios equvocos, lejos de posiciones polticas e ideologas que son tan evidentes en estos tiempos, puesto que no hay que olvidar que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, sin apegos emocionales, polticos o ideolgicos.

La jurisprudencia como fuente de derecho

La vigencia de la Constitucin de Montecristi trajo la adscripcin al pluralismo jurdico, con lo que se dio paso a la inclusin de nuevas fuentes normativas y fortalecimiento de otras ya existentes. El Art. 436 numerales 1 y 6 de la Norma Constitucional y el Art.2 numeral 3 de la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional reconocen de manera expresa el carcter vinculante de la jurisprudencia constitucional, tanto para la propia Corte como respecto de las dems autoridades jurisdiccionales, lo que implica garantizar el derecho a la seguridad jurdica consagrado en el Art. 82 de la Constitucin de la Repblica y la igualdad formal establecida en el Art.66 numeral 4 ibdem.

Sin embargo y como dice Alejandro Nieto Garca (2007) la jurisprudencia est inmediatamente condicionada por las leyes; pero, las leyes lo estn, a su vez y no en menor medida, por la jurisprudencia, ya que es est la que determina el alcance de aquellas y moraliza su contenido (p.84)

Por ello, la jurisprudencia hoy en da es una fuente jurdica principal, independiente, vinculante y primaria, capaz de adecuar, armonizar y afinar el ordenamiento jurdico en su conjunto, con lo cual los jueces pasan de meros aplicadores de la ley a constructores constantes, dinmicos y directos de las mismas.

Al ser la Corte Constitucional el mximo intrprete de la Constitucin y poseer la facultad de dictar jurisprudencia vinculante en algunos casos incorpora normas al bloque de constitucionalidad por medio de sus fallos, en virtud incluso de la clusula abierta regulada en el Art. 11 numeral 7 de la Constitucin.

En virtud de lo mencionado con anterioridad la pirmide kelseniana ha sido remplazada por un sistema ms complejo e inestable, en donde la jurisprudencia constitucional por medio de sus fallos, en muchos casos se ha colocado en la cspide de dicha estructura, conjuntamente con la Constitucin y los derechos internacionales, en donde se ha ido creando reglas jurdicas y sub reglas jurisprudenciales. De ah que, la jurisprudencia constitucional como fuente del derecho, tiene tal importancia porque a travs de ella los jueces constitucionales explican y figuran el sentido de las leyes o en otros casos dictan reglas para solucionar cuestiones an no legisladas.

Las sentencias emitidas por la Corte pueden tener efectos inter partes o efectos erga omnes, por lo cual el juez debe realizar primero una interpretacin comparativa de los presupuestos fcticos que produjeron la traba de la Litis para establecer su analoga, de existir correspondencia realizar un anlisis centrado a distinguir la denominada obiter dicta (argumentos auxiliares o retricos) de la ratio decidendi (argumentos centrales que determinaron la decisin), ya que a partir de ella se podr conocer el mtodo argumentativo utilizado por el juzgador para ver si dichos criterios crearon una subregla o se realiz una subsuncin de una regla preexistente (Zambrano lvarez, 2012).

El juez constitucionalista Al Lozada en la sentencia N109-11-IS, al referirse al precedente judicial en sentido estricto como un tipo de fuente del Derecho, ha precisado que el mismo est conectado con la motivacin de las decisiones judiciales y de cuya ratio decidendi se debe establecer el ncleo o la regla en la que el decisor subsume los hechos al caso concreto para extraer la decisin. Y en el prrafo 24 indica lo siguiente:

Ahora bien, cuando dicha regla no es tomada por el decisor sin ms del
sistema jurdico preestablecido (que incluye las leyes, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las normas de origen jurisprudencial, etc.), sino que, ms bien, es el producto de la interpretacin que el decisor hace de dicho ordenamiento con miras a resolver el caso concreto, estamos ante una regla de precedente. De lo anterior se sigue que, si bien, todo precedente judicial en sentido estricto o regla de precedente radica en el ncleo de una ratio decidendi, no todo ncleo de una ratio decidendi constituye un precedente judicial en sentido estricto o regla de precedente. Para ello, es preciso que la regla cuya aplicacin decide directamente (subsuntivamente) el caso concreto haya sido elaborada interpretativamente por el decisor y no meramente tomada del Derecho preexistente (Precedente judicial en sentido estricto, 2020)

Nuestra Constitucin est atestada de derechos fundamentales y la supremaca jerrquica de la norma depender del nivel de proteccin de ese derecho. El Art.425 de la Constitucin despliega el orden jerrquico de las normas, sin embargo, en este neo constitucionalismo se ha desarrollado doctrinariamente lo que se ha denominado el Bloque de Constitucionalidad, que son todas las normas no contenidas en la Constitucin, pero que gozan de rango constitucional, dentro de las cuales estn los precedentes judiciales dictados por la Corte Constitucional.

El objetivo de este bloque de constitucionalidad principalmente es definir la estructura del sistema y del contenido de una estructura ya fijada con anterioridad por la Constitucin. Recordemos que el mximo intrprete de la Constitucin en el Ecuador es la Corte Constitucional, cuyos miembros no solo desarrollan una funcin creadora al seleccionar una norma constitucional que delimita la estructura del sistema jurdico, sino que elaboran, de igual forma, criterios para comprender el sentido y eficacia de la norma elegida, llegando sus precedentes a ser fuente normativa del bloque constitucional.

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia N139-15-SEP-CC(pg. 17) ha dicho sobre el principio stare decisis que el mismo constituye un elemento conductor de la decisin para un caso futuro anlogo, dejando establecido condiciones de predictibilidad, que a decir de la misma Corte si no se diera esa armona con los casos nuevos constituira una verdadera hereja jurdica, precisando: () las decisiones anteriormente adoptadas por la misma Corte Constitucional, como regla, obliga a respetar sus propios precedentes para mantener la coherencia en las argumentaciones y soluciones enunciadas en aras de la uniformidad () En resumen, el stare decisis obliga a la Corte, mantener los razonamientos (razones decidendis) de las decisiones concretas tomadas anteriormente. Pero sta es la teora, ya que las diversas sentencias emitidas en cuanto al control de constitucionalidad advierten contrariedad en las mismas, dejando ms dudas que certezas. Es as que hasta la presente fecha los diversos pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional sobre este tema, no zanjan dicha disyuntiva sobre el modelo de control constitucional que rige en el Ecuador.

Recordemos que en el control concreto la interpretacin de la Constitucin es una tarea encomendada a una magistratura especializada qu es la Corte Constitucional y es la encargada de formular reglas constitucionales para que los conceptos y normas indefinidas que estn presentes en el texto constitucional se concreten y apliquen.

En el caso de control concreto de constitucionalidad, este pera para que el organismo se pronuncie a partir de un examen incidental y subjetivo cunto busca resolver sobre los intereses de sujetos de no aplicar una norma inconstitucional sin embargo la decisin del mximo Tribunal se ampla para todos los casos similares al que estudi y resolvi en otras palabras, el control concreto debera apuntar para generar efectos Inter partes porque el artculo 143 de la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional que refiere sobre los efectos del fallo del control concreto los eleva para suscitar efectos erga omnes o generales o pertenecera a un Control abstracto teniendo una naturaleza distinta al incidental.(Asamblea Nacional, 2009)

Segn el autor Paul Crdova Vinuesa en su obra Derecho Procesal Constitucional (2016) al momento que la Corte Constitucional debilita el control difuso para los jueces ordinarios, con el efecto de un fallo en el ejercicio del control concreto que constan en el artculo 143 de la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales Control Constitucional, est creando obligaciones para todos los casos anlogos posteriores para que los jueces interpreten la norma en el sentido determinado por el mximo organismo constitucional, creando confusin entre el control concreto y difuso confusin direccionada por la propia Corte Constitucional.

Por ello y compartiendo criterio con el autor citado, una de las debilidades de la Constitucin de la Repblica vigente es que establece con debilidad el paso del control difuso al concentrado, ya que sus normas internas regulan ambos controles sin definir la prevalencia de ninguno de ellos, lo cual afecta a la democracia. A tal punto que hoy tenemos una Corte Constitucional que se ha convertido en un legislador positivo y negativo, que acta incluso con un poder constituyente, pues evidentemente ha mutado la Constitucin, y se advierte que la ciudadana est excluida del desarrollo jurisprudencial de los jueces para proteger el derecho de las minoras. Por ello se exige coherencia en la argumentacin constitucional, y una justicia dialgica, respetando el pluralismo jurdico y la plurinacionalidad, sin afectar los lmites que el pueblo orden para las instituciones de un gobierno democrtico.

Control de convencionalidad

La doctrina del control de convencionalidad fue mencionada por primera vez en el voto razonado del juez Sergio Garca Ramrez en cuyo prrafo 27 dispuso:

Para los efectos de la Convencin Americana y del ejercicio de la jurisdiccin contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden la responsabilidad es global, atae al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la divisin de atribuciones que seala el Derecho Interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte slo a uno o algunos de sus rganos, entregar a stos la representacin del Estado en el juicio - sin que esa representacin repercuta sobre el Estado en su conjunto - y sustraer a otros de este rgimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdiccin de la Corte Internacional.(Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, 2003)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido precisando las obligaciones que se derivan del control de convencionalidad y que la actual Corte Constitucional las ha adoptado indicando que: a) el control de constitucionalidad se complementa con el de convencionalidad y hay que hacerlas de oficio; b) el control de convencionalidad lo hacen las autoridades pblicas en el marco de sus competencias; c) el control de convencionalidad es de tratados y de las interpretaciones de sus rganos; y, d) el control de convencionalidad tambin se aplica en las opiniones consultivas. 

 El control de convencionalidad se complementa al control de constitucionalidad. Toda autoridad pblica, en el mbito de sus competencias, debe observar tanto la Constitucin como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH, y cuando corresponda, segn la convencin, la doctrina desarrollada por los mecanismos de proteccin internacional de derechos humanos. Lo que no dicen las normas o interpretaciones nacionales, se complementa con las normas y las interpretaciones de rganos internacionales de derechos humanos. 

Pero fue en el caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006) sentencia de excepciones preliminares, prrafo 124 en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiri al control de convencionalidad definindolo como una especie de control de constitucionalidad estableciendo que:

El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurdicas internas, que aplican en los casos concretos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambin la interpretacin que del mismo ha hecho la Corte Interamericana intrprete ltima de la Convencin Americana.

Este concepto se encuentra elaborado con mayor precisin en el fallo Trabajadores Cesados del Congreso vs Per, en cuyo prrafo 128 se dijo:

Cuando un Estado ha ratificado un Tratado Internacional como la Convencin Americana, sus Jueces tambin estn sometidos a ellos, lo que les obliga a velar por el efecto til de la Convencin no se vea mermado o anulado por la aplicacin de leyes contrarias a sus disposiciones objeto y fin. En otras palabras los rganos del poder judicial de cada estado parte en la Convencin Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo el derecho Constitucional sino tambin el derecho Internacional de los derechos Humanos deben ejercer ex officio el control tanto el de constitucionalidad como el de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurdicos internacional y nacional se encuentran en constante interaccin en el presente dominio de proteccin de la persona humana. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costa, 2006)

Por tanto, el control de convencionalidad lo deben realizar todos los jueces y juezas en los casos concretos, as tambin lo dispone el considerando Octavo del Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial, lo que lleva a concluir que en el caso del control Convencional este es difuso. La Corte Interamericana en suma, no impone un modelo de control constitucional, este puede ser concentrado o difuso, pero si ha insistido que el control de convencionalidad es de oficio.

Asunto reiterado en la sentencia del Caso Gelman vs. Uruguay (Fondo y Reparaciones, 2011) en el prrafo 193 en el que claramente se resolvi:

Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convencin
Americana, todos sus rganos, incluidos sus jueces, estn sometidos a aqul, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convencin no se vean
mermados por la aplicacin de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y rganos vinculados a la administracin de justicia en todos los niveles estn en la obligacin de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convencin Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambin la interpretacin que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intrprete ltima de la Convencin Americana.

Queda claro entonces, que los Estados una vez que aprueban un tratado internacional asumen la obligacin y la responsabilidad de hacer prctica la aplicabilidad de los derechos humanos y todo el corpus iuris convencional, que el control constitucional y el control de convencionalidad van de la mano y la Corte Interamericana ha dicho que el control de convencionalidad est a cargo del poder judicial, lo que hace obligatorio la aplicacin de este control a cargo de los jueces en un caso concreto. (Loianno, 2017)

En este sentido la Corte Interamericana a referido en la sentencia Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros vs. Per) algunas caractersticas de esta nocin edificada del Control de convencionalidad, sealando que sta es de aplicacin ex officio por parte de los rganos del Poder Judicial dentro del marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes; es complementario al control de constitucionalidad, y de aplicacin tambin en un eventual contexto de impedimentos normativos, con el fin de garantizar el acceso real a la justicia e ineficacia de las instituciones judiciales.

Pero, en el caso del Control Constitucional, aunque se diga que ambos controles, (Constitucional y Convencional) van juntos, los Jueces ordinarios en el Ecuador, no aplicaran de manera directa el Control Constitucional porque las reglas, al respecto no estn claras, pese a lo manifestado por la Corte Interamericana en las sentencias estudiadas.

El Control Constitucional en el ordenamiento jurdico ecuatoriano

En la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional publicada en el Registro Oficial Suplemento N52 de fecha 22 de octubre del 2009, se regula los dos tipos de control constitucional que ejerce la Corte Constitucional del Ecuador, as en el Ttulo III, encontramos regulado lo que se conoce como el Control Abstracto de Constitucionalidad (artculo 74 hasta 140), y en el Ttulo IV se desarrolla el Control Concreto de Constitucionalidad (artculos 141 hasta 143)

El control abstracto de acuerdo a lo normado en el Art. 74 de la norma citada establece que ste tiene como finalidad: garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurdico a travs de la identificacin y la eliminacin de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las dems disposiciones que integran el sistema jurdico.

El Artculo 75 de la LOGJCC establece que la Corte Constitucional para ejercer el control abstracto tendr competencia para 4. Promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta, cuando con ocasin de un proceso constitucional, encuentre la incompatibilidad entre una disposicin jurdica y las normas constitucionales.(Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009)

El Art.76 de la norma ibdem establece que ste control abstracto se rige por los principios generales del Control constitucional previstos por la Constitucin y las normas constitucionales, la jurisprudencia y la doctrina, y en particular, se rige por los siguientes principios: 1. Control integral. 2. Presuncin de constitucionalidad de las disposiciones jurdicas. 3. In dubio pro legislatore. 4. Permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurdico. 5. Interpretacin conforme. 6. Declaratoria de inconstitucionalidad como ltimo recurso. 7. Instrumentalidad de las formas y procedimientos. 8. Control constitucional de normas derogadas. 9. Configuracin de la unidad normativa.

A su vez la finalidad del control concreto segn el Art. 141 de la LOGJCC es garantizar la constitucionalidad de la aplicacin de las disposiciones jurdicas dentro de los procesos judiciales. Estableciendo adems que Los jueces aplicarn las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarqua. En las decisiones no se podr restringir, menoscabar o inobservar su contenido.

Ahora bien, el artculo 142 ibdem en concordancia con lo dispuesto en el Artculo 428 de la Constitucin de la Repblica establece el procedimiento a darse de oficio o a peticin de parte slo si el juez tiene duda razonable y motivada de que una norma jurdica es contraria a la Constitucin o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos ms favorables que los reconocidos en la Constitucin.

En este caso el juez debe suspender la tramitacin de la causa y remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional. En teora la Corte Constitucional en un plazo no mayor a cuarenta y cinco das resolver sobre la constitucionalidad de la norma consultada, plazo que en la realidad no se cumple por lo que el proceso debe seguir sustancindose.

Conforme regula el artculo citado si la resolucin de la Corte Constitucional es posterior a dicho plazo, la resolucin no tendr efecto retroactivo, pero quedar a salvo la accin extraordinaria de proteccin por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o resolucin contraria a la resolucin de la Corte Constitucional. Pero si la norma jurdica impugnada por la jueza o juez es resuelta en sentencia no se suspende la tramitacin de la causa. Otro aspecto a considerar es que el tiempo de suspensin de la causa no se computar para efectos de la prescripcin de la accin o del proceso.

El Art. 143 ibdem regula los efectos del fallo de la Corte Constitucional ordenando lo siguiente:

1.           Cuando se pronuncie sobre la compatibilidad de la disposicin jurdica en cuestin con las normas constitucionales, el fallo tendr los mismos efectos de las sentencias en el control abstracto de constitucionalidad.

2.           Cuando se pronuncie nicamente sobre la constitucionalidad de la aplicacin de la disposicin jurdica, el fallo tendr efectos entre las partes y para casos anlogos. Para tal efecto, se deber definir con precisin el supuesto fctico objeto de la decisin, para que hacia el futuro las mismas hiptesis de hecho tengan la misma solucin jurdica, sin perjuicio de que otras hiptesis produzcan el mismo resultado.

En este sentido y al referirnos al control concreto de constitucionalidad, es posible encontrar incompatibilidades que vienen dadas por el propio rgano encargado de promover la armonizacin de la normativa constitucional, generando confusin al promover el control concentrado y difuso y al adoptar decisiones que pueden fortalecer el uno en detrimento del otro, por ello es indispensable analizar los dictmenes de la judicatura constitucional a partir de identificar si se trata de un debilitamiento de control difuso.

Ahora bien, el control constitucional en el Ecuador es concentrado as lo ha resuelto la Corte Constitucional en la sentencia referida N.- 001-13-SCN-CC, criterio que se mantiene en la sentencia N.10-18-CN/19 cuyo juez ponente es el Dr. Al Lozada; por otra parte el control de constitucionalidad y convencionalidad para el juez ponente Dr. Ramiro vila es mixto ya que establece de manera clara y categrica, que cualquier autoridad pblica, jueces y juezas pueden aplicar directamente los instrumentos internacionales y la Constitucin. 

Frente a esta contradiccin de sentencias, es indispensable fortalecer el control judicial de constitucionalidad qu tienen cada uno de los jueces, pues es un error pensar que los jueces de primer nivel deben estar desvinculados de la Constitucin de la Repblica y que los nicos intrpretes de las normas constitucionales deben ser nicamente los miembros de la Corte Constitucional.

La Constitucin vincula a todos, por ello estamos facultados a realizar un control sobre lo que ella diga o lo que lo contradiga. El tipo de Estado constitucional promovido en el artculo 11 de la Constitucin de la Repblica juntamente con las disposiciones constitucionales que incorporan a los instrumentos internacionales como parte constitutiva de la Constitucin, lo cual tambin significa mutilar a estas en todos sus esfuerzos por promover un sistema de coexistencia de los dos sistemas de control de constitucionalidad.

Es vital que los jueces ordinarios, quienes tambin actan como jueces constitucionales para inaplicar o suspender la aplicacin de normas infra constitucionales que consideren contrarias a la norma fundamental sus actos ya estn sujetos al control constitucional de un rgano superior que aseguren los derechos constitucionales, y en este sentido son los jueces de Sala dentro de la justicia ordinaria junto con los magistrados de la Corte Constitucional quienes influyen con su jurisprudencia en la interpretacin constitucional de la justicia ordinaria.

Toda Constitucin es un texto abierto, ms an nuestra Constitucin que es considerada como garantista, y con tendencia pro ser humano; y al igual que otros cuerpos normativos posee un elevado nivel de indeterminacin y falta de precisin en los detalles de su aplicacin, lo que genera inseguridad, y hace que no exista armona en su aplicacin. En este sentido los llamados a aplicar la normativa en un primer momento como son los jueces de instancia, autoridades administrativas, jueces de paz, justicia indgena, funcionarios recaudadores con jurisdiccin coactiva, entre otros, no tienen certeza sobre su mbito de aplicacin, as como tampoco claridad sobre el control constitucional que debe ejercer cuando no tiene duda sobre la inconstitucionalidad de esa norma que es evidentemente contraria a la Constitucin, pues afecta el ncleo esencial de ese derecho o principio constitucionalmente protegido.

La utilidad de las normas constitucionales es de reciente data, y su irradiacin se proyecta a todas las reas del Derecho, ya sea de manera consciente o inconsciente en todas las ramas, (civil, penal, laboral, mercantil, niez, tributario, etc.) ahora se cita al Derecho Constitucional, a tal punto que en muchas ocasiones stos derechos son reclamados va garantas jurisdiccionales, y hoy en da en los alegatos de los abogados no falta el discurso constitucional.

La obligatoriedad de aplicar la Constitucin, o la norma que ms favorezca a los derechos de la persona, hace necesario el esclarecimiento sobre el control constitucional que rige en el Ecuador, sobre todo debe darse una eleccin unificadora, que permita la coexistencia del control difuso y concentrado. Recordemos que la Constitucin no es sino un aglomerado de normas, reglas y principios que deben ser entendidos desde su fuerza unificadora y proteccionista del ser humano y la naturaleza, debiendo entenderse la misma como un todo, por lo que no puede aislarse su contenido y pretender entenderla de manera aislada esto es artculo por artculo.

Cuando el constituyente de Montecristi ideaba la Constitucin del 2008, estbamos en una situacin poltica y social de transformacin, de alejamiento del sistema anterior, y con la idea clara de que la Constitucin empezaba a cobrar una fuerza activa. El positivismo jurdico de Bobbio, la pirmide de Kelsen que durante mucho tiempo fue materia de estudio en las aulas universitarias quedaba atrs, el Art. 1 de la Constitucin y el bloque de constitucionalidad del Artculo 425 daban paso a un nuevo sistema pensado o solo pensable, que reclamaba una nueva visin intelectual con la construccin de nuevos conceptos y sistemas, pasando por el sistema de control constitucional.

Este tema difcil, que ha generado equvocos y pretensiones unilaterales y personales intenciones, manifestando en ocasiones que los jueces que no apliquen el control concentrado cometen prevaricato y en otras ocasiones que no lo cometen, y el hecho de que hasta la presente fecha no se aclare el tema, vislumbran el hecho de que no debe excluirse la existencia del control concentrado y difuso, esto es no es el legislador el que va a regular dicho control, pues el mismo se encuentra plasmado en la Constitucin, ni es la Corte Constitucional la llamada a poner un lmite jurdico a dicho control que l constituyente lo estableci. Ese control constitucional utilizado como el mecanismo de seguridad jurdica contra los abusos manifiestos que daen esa relacin derecho-justicia debe estar a cargo de los jueces y de todos quienes deben aplicar la Constitucin en sus actuaciones.

Ante la duda manifiesta sobre el control constitucional que rige en el Ecuador, indudablemente la respuesta le compete al mximo rgano de control, la Corte Constitucional; ahora cmo determinar dicho control? en este punto decisivo es importante que buscando una definicin utilitarista de justicia, el mayor provecho para la sociedad entera, y desentrandola de sus fundamentos, debera ratificar lo ya decidido por el constituyente, es decir si el juez o quien deba aplicar una norma no tiene duda sobre la inconstitucionalidad de la misma, sino que esta es manifiestamente inconstitucional por atentar el ncleo mnimo del derecho debe inaplicar la misma, y solo en caso de duda motivada y razonable debe remitir en consulta la norma a la Corte Constitucional, de esta manera la Corte Constitucional centrar su trabajo en los casos de duda.

Ese derecho a la diversidad plasmada en la Constitucin, nos lleva a que el derecho no puede ser arbitrario, por tanto, se debe promover el difcil y comprometido esfuerzo de promover la convivencia de los dos sistemas, sin prevaricaciones, sin una idea de justicia absoluta, asumiendo ntegramente sus reglas. Para los juristas el tema seguridad jurdica es sinnimo de confianza que se traduce entre personas y grupos sociales, en el accionar administrativo e institucional, la plurinacionalidad reconocida constitucionalmente necesita de instituciones destinadas a difundir y reconocer la coexistencia de los sistemas de control constitucional difuso y concentrado, asumiendo el riesgo de la creatividad que el derecho exige, riesgos que en el algunos casos y momentos pueden llevar a la turbacin de las conciencias, pues no se trata de anular el control difuso para que prevalezca el concentrado, sino debe interpretarse y entenderse que la existencia de ambos sistemas no implica su mixtura, pues hacerse implicara un proyecto anti constitucional. En este sentido la jurisprudencia vendra a constituirse en una actividad de coalicin social, en donde se pongan puentes con otras ciencias generando la unin de la sociedad.

 

Metodologa

En atencin a que la investigacin cualitativa por su parte, se nutre epistemolgicamente de la hermenutica, la fenomenologa y el interaccionismo simblico.(Monje Alvrez, s.f.) La investigacin que se realiz fue de carcter descriptiva con enfoque cualitativo por cuanto se realiz una caracterizacin del fenmeno en estudio cualitativa porque se procedi al anlisis de los diversos precedentes sujetos a investigacin.

Se utiliz adems el Mtodo Inductivo- deductivo: lo cual permiti el entendimiento de la realidad mediante el estudio del problema detectado a travs del cual se realiz el anlisis particular de los cambios de precedentes realizados por la Corte Constitucional en torno al control de constitucionalidad y la incertidumbre que se genera en su aplicacin por su indeterminacin.

 

Resultados

Ese derecho a la diversidad plasmado en la Constitucin, nos lleva a que el derecho no puede ser arbitrario, por tanto, se debe iniciar el difcil y comprometido esfuerzo de promover la convivencia de los dos sistemas el concentrado y el difuso, sin prevaricaciones, sin una idea de justicia absoluta, asumiendo ntegramente sus reglas.

Para los juristas el tema seguridad jurdica es sinnimo de confianza que se traduce entre personas y grupos sociales, en el accionar administrativo e institucional, la plurinacionalidad reconocida constitucionalmente necesita de instituciones destinadas a difundir y reconocer la coexistencia de los sistemas de control constitucional difuso y concentrado, asumiendo el riesgo de la creatividad que el derecho exige, riesgos que en algunos casos y momentos pueden llevar a la turbacin de las conciencias, pues no se trata de anular el control difuso para que prevalezca el concentrado, sino debe interpretarse y entenderse que la existencia de ambos sistemas no implica su mixtura, pues hacerse implicara un proyecto anti constitucional. En este sentido la jurisprudencia vendra a constituirse en una actividad de coalicin social, en donde se pongan puentes con otras ciencias generando la unin de la sociedad.

 

Conclusiones

-                 El establecimiento del control constitucional que rige en el Ecuador por parte de los Miembros de la Corte Constitucional garantiza el principio de seguridad jurdica.

-                 El control constitucional en el Ecuador lo pueden ejercer las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidoras y servidores pblicos en aplicacin directa de la Constitucin en caso de lagunas conforme lo dispone el inciso primero del Art. 142 LOGJCC y Art.425 inciso primero de la Constitucin.

-                 El control concreto a cargo de los miembros de la Corte Constitucional tiene asidero si se cumple tres requisitos: a) existencia de una duda; b) esta debe ser razonable; c) la duda debe ser motivada. Art. 425 inciso segundo de la CRE.

-                 La coexistencia de los dos sistemas garantiza que, en caso de ausencia de cualquiera de los tres requisitos, los jueces pueden aplicar directamente la norma constitucional o ejercer el control de convencionalidad a fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos Art. 424 inciso segundo y Art.426 de la Constitucin de la Repblica

 

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