Ciencias Sociales y Polticas

Artculo de Investigacin

 

Indebido tratamiento del recurso de apelacin en materia penal

 

Improper treatment of the appeal in criminal matters

 

Tratamento indevido do recurso em matria penal

 

Henry Pal Bueno-Cambisaca I
hpbuenoc86@est.ucacue.edu.ec 
https://orcid.org/0000-0002-0998-6780
 


 

 

Jos Luis Vzquez-Calle II
jlvazquezc@ucacue.edu.ec 
https://orcid.org/0000-0003-1809-1601
 

 

 

 

 


Correspondencia: [email protected]

 

 

*Recibido: 29 de marzo del 2022 *Aceptado: 21 de abril de 2022 * Publicado: 26 de mayo de 2022

 

 

        I.            Abogado, estudiante de la Maestra en Derecho Procesal Penal y Litigacin Oral, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Docente, Universidad Catlica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

En el presente trabajo de investigacin se examina crticamente la relacin existente entre el derecho a recurrir, la apelacin, y el requisito de su fundamentacin que se exige en materia penal. El trabajo parti de un enfoque cualitativo, usando los mtodos analtico-sinttico, inductivo-deductivo e histrico-lgico, adems se usaron tcnicas de fichaje y revisin bibliogrfica. Luego de su elaboracin se puede determinar que en la actualidad existe en materia penal un indebido tratamiento del recurso de apelacin por parte de los jueces provinciales al crear trabas irrazonables para su fundamentacin. Adicionalmente se consider que los jueces de segunda instancia desnaturalizan la esencia de un recurso ordinario limitando el objeto de la apelacin creando un umbral inexistente por el ordenamiento procesal penal y declarando el desistimiento del recurso por falta de fundamentacin, desconociendo sobremanera el sentido del desistimiento que se requiere la voluntad del recurrente.

Palabras clave: Proceso penal; derecho a recurrir; recurso de apelacin; desistimiento.

 

Abstract

This research paper critically examines the relationship between the right to appeal, the appeal, and the requirement of its substantiation in criminal matters. The work was based on a qualitative approach, using the analytical-synthetic, inductive-deductive and historical-logical methods, in addition to the use of bibliographic and bibliographic review techniques. After its elaboration, it can be determined that at present there is an undue treatment of the appeal by provincial judges in criminal matters by creating unreasonable obstacles for its substantiation. Additionally, it was considered that the judges of second instance denaturalize the essence of an ordinary appeal by limiting the object of the appeal, creating a threshold that does not exist in the criminal procedural system and declaring the dismissal of the appeal for lack of grounds, disregarding the meaning of the dismissal, which requires the will of the appellant.

Keywords: Criminal proceedings; right to appeal; appeal; withdrawal.

 

Resumo

No presente trabalho de pesquisa, examina-se criticamente a relao entre o direito de recorrer, o recurso e a exigncia de sua justificao exigida em matria penal. O trabalho partiu de uma abordagem qualitativa, utilizando os mtodos analtico-sinttico, indutivo-dedutivo e histrico-lgico, alm das tcnicas de registro e reviso bibliogrfica. Aps a sua elaborao, pode-se apurar que existe atualmente em matria penal um tratamento indevido do recurso por parte dos juzes provinciais, criando obstculos injustificados sua fundamentao. Adicionalmente, considerou-se que os juzes de segunda instncia desvirtuam a essncia do recurso ordinrio ao limitar o objeto do recurso, criar um limiar inexistente pelo sistema processual penal e declarar a desistncia do recurso por falta de fundamentao, ignorar em grande parte o significado da retirada que foi feita requer a vontade do recorrente.

Palavras-chave: Processo penal; direito de apelao; recurso; desistncia.

 

Introduccin

La presente investigacin se refiere al tema de la exigencia de fundamentacin del recurso de apelacin para su admisin a trmite y posterior declaratoria de desistido por no fundamentarse adecuadamente conforme el criterio del tribunal de apelacin. Bajo este contexto se puede sealar que el recurso de apelacin es una nueva oportunidad para que un rgano superior revise los fundamentos fcticos y de derecho que motivaron una sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia, es decir una proyeccin del derecho a recurrir, lo que se inobserva con su exigencia de fundamentacin.

La caracterstica principal de este problema radica en el indebido tratamiento del recurso de apelacin que emerge frente a la declaratoria del desistimiento por falta de fundamentacin, es decir los jueces delimitan el objeto del recurso considerando que el recurrente no expresa de manera clara su inconformidad con el fallo impugnado confundiendo con el recurso extraordinario de casacin, a pesar de que el derecho a recurrir es una garanta consagrada en nuestro ordenamiento jurdico constitucional como procesal. El problema a ser tratado subsiste en la interpretacin extensiva que realiza el tribunal Ad quem respecto a la disposicin del Art. 652 nm. 9 del Cdigo Orgnico Integral Penal creando trabas irrazonables en la fundamentacin lo que conlleva es la vulneracin de derechos constitucionales, tutela judicial efectiva, seguridad jurdica, derecho a la defensa privando as de interponer un recurso extraordinario.

La investigacin de esta problemtica se realiz por el inters de conocer desde una perspectiva constitucional y procesal penal el derecho a recurrir y sus posibles limitaciones por una incorrecta interpretacin de las normas penales. El trabajo investigativo plante como objetivo general el determinar que la exigencia de fundamentacin de la apelacin en materia penal y su posterior declaratoria de desistido por no fundamentarse adecuadamente vulnera derechos. Para cumplir con el objetivo se plante la siguiente pregunta: cules son las consecuencias de exigir fundamentar la apelacin en materia penal, para dar paso al trmite del recurso de apelacin?

En la primera parte se hace anlisis del derecho a recurrir desde una perspectiva crtica, en la segunda parte se analizan las normas procesales penales y la exigencia de fundamentacin, y posterior declaratoria de desistimiento por no cumplir los requisitos a juicio del tribunal de apelacin.

Debido Proceso en el Proceso Penal.

Histricamente en aquellas pocas de la antigedad los procesos penales estaban sometidos a la ley del ms fuerte como en los denominados juicios de ordalas o juicios de Dios. Un claro ejemplo de ello tenemos el derecho Germano antiguo cuya caracterstica era la no diferenciacin entre las infracciones de naturaleza penal y civil, pues las mismas eran consideradas un quebranto a la estabilidad de las personas de un determinado territorio o comunidad, el infractor no gozaba de proteccin jurdica quedaba a merced de sus congneres, perseguido por cualquier miembro de la comunidad, y terminaba con la muerte.

Con estas breves reflexiones surge una interrogante: en la antigedad exista un debido proceso? Lo desarrollamos a continuacin sealando que aquellas personas que de una u otra manera infringan determinadas normas y eran sometidas o procesadas no se encontraban envestidas del principio de presuncin de inocencia toda vez que se presuma su culpabilidad, lo que evidentemente genera ya una desigualdad de derechos y el resultado era la pena de muerte, donde no exista un procedimiento que regule determinadas actuaciones judiciales; mucho menos exista la posibilidad de recurrir o impugnar aquellas decisiones arbitrarias ante un rgano superior.

Recordemos que el recurso como medio de control funcional surgi con el desarrollo del procedimiento inquisitivo en el sentido de una instancia de control burocrtico ms que una garanta de los sbditos. Recursos (ordinarios, extraordinarios) contra sentencias (ordinarios, extraordinarios) en la actualidad apelacin, casacin, revisin que se han venido desarrollando a lo largo del sistema inquisitivo que sin duda surten efecto en el cambio de modelo de sistema acusatorio oral adversarial donde se tutelan derechos fundamentales de los sujetos procesales en el marco de los procesos y tramitacin de causas donde se discuten derechos e intereses de los intervinientes.

En un Estado constitucional de derechos como el ecuatoriano, el debido proceso se constituye aquel ordenamiento jurdico que permite la correcta aplicacin de principios, derechos y garantas normativas que son esenciales para la proteccin de derechos de los sujetos procesales en el curso de un proceso penal, civil, administrativo, etc. Un sistema judicial que no interprete en la Constitucin el contenido axiolgico de las leyes positivas y de los principios rectores del derecho est condenado al fracaso, a la politizacin y al populismo judicial.

Horacio Rosattis sostiene que el debido proceso comprende dos aspectos, el primero el debido proceso adjetivo cuya finalidad prev el cumplimiento de principios, procedimientos es decir aquellas garantas de rango constitucional como: contar con un defensor de su eleccin a fin de ejercer el legtimo derecho a la defensa, prohibicin de autoincriminacin (procesado), principio de inocencia, prohibicin de revictimizacin, prueba ilcita, consecuentemente el debido proceso lo que busca es a que travs de mecanismos de impugnacin se pueda cuestionar una determinada resolucin judicial (doble instancia); mientras que el debido proceso sustantivo se verifica mediante la resolucin que emite el rgano jurisdiccional frente a una situacin conflictiva o de incertidumbre jurdica; nos debe explicar la pertinencia de cada principio, norma que aplique a su sentencia en un determinado caso concreto. (Maier, Derecho Procesal Penal (Vol. Tomo I.), 2004)

Por lo tanto, el debido proceso aparece como un derecho fundamental del ser humano, que en palabras del jurista Jorge Zavala Baquerizo si el proceso se ha desarrollado respetando garantas previstas en la normativa constitucional y ms normas jurdicas legales e internacionales, decimos que es un debido proceso. (Zavala Baquerizo, 2002)

Se traduce como la exigencia por parte del Estado al irrestricto respeto a una serie de garantas bsicas que en el sistema ecuatoriano se encuentran prescritas en los artculos 75,76, 77, 82 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, el debido proceso se aplica a diversas ramas del derecho, incluido en el penal que constituye pilar fundamental para el derecho a la defensa y el anhelo de justicia, toda vez que las garantas procesales son el mecanismo idneo para las garantas normativas que abordan el delito y la pena, y se puedan materializar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define al debido proceso como aquel conjunto de requisitos que deben observarse en las diferentes etapas procesales a fin de que las partes involucradas en un conflicto judicial se encuentren en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, debiendo ser adoptado por cualquier autoridad pblica, sea administrativa, legislativa o judicial. (Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, 2015)

Dentro de un Estado de derechos resulta indiscutible que la Constitucin es aquella norma que goza de supremaca en todo el ordenamiento jurdico toda vez que ah se plasman principios, valores, reglas, derechos, sobre los cuales se deben regir de manera inexcusable, todas las dems normas de rango inferior. El Cdigo Orgnico Integral Penal (de ahora en adelante COIP) jams podr contradecir los preceptos constitucionales existentes, el derecho penal como medio de control social cumple una misin irrefutable garantizar, proteger los bienes jurdicos, mediante la prevencin.

Por lo tanto, se puede sealar que el sistema penal bajo ninguna circunstancia puede anteponerse a la Constitucin, por lo que a la hora de un proceso penal se requiere la correcta relacin entre la carta fundamental y el derecho penal, recordemos y debemos ser realistas por ms que se pretenda garantizar derechos de una persona procesada jams podr estar en igualdad de armas frente al aparataje jurdico de la acusacin oficial, es por ello que el mejor mecanismo de defensa que tiene el justiciable se llama Constitucin y que esas garantas deben primar en todas las etapas del proceso penal, en cualquier instancia.

Las garantas de un debido proceso no solo se limitan a la aplicacin del derecho penal como ltimo recurso, si no se ataen a la bsqueda de la verdad, las garantas en el proceso penal acusatorio adversarial imponen que en las diferentes etapas procesales (instruccin fiscal, evaluacin y preparatoria de juicio, juzgamiento), aquellos derechos reconocidos y definidos por el legislador y plasmados en nuestra Constitucin sean respetados, pero fundamentalmente en igualdad de condiciones.

El derecho a recurrir. Una Perspectiva Constitucional-Penal

La doctrina nos ha permitido conocer diferentes concepciones respecto al recurso contra sentencias de tribunales de juicio, es por ello que en los diferentes cdigos procesales europeos (que dicho sea de paso constituyen referentes para el desarrollo del proceso penal en Amrica), se concibe al recurso en el derecho a recurrir con una caracterstica de bilateralidad, toda vez que el recurrir representa un remedio contra aquellas decisiones dictadas por jueces que a criterio del recurrente el fallo o la sentencia se encuentra plagada de ilegalidades que producen un agravio es decir van en contra de los intereses de una de las partes que han intervenido en la etapa de juzgamiento. Bajo el principio dispositivo tanto el acusador como el acusado tienen la facultad de recurrir a travs de un medio impugnatorio previamente desarrollado en la legislacin correspondiente.

Bajo este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a que el derecho a recurrir del fallo constituye una garanta esencial en el marco del debido proceso agregando que: La posibilidad de recurrir del fallo debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, 2004). Bacigalupo por su parte manifiesta en el sentido de que la doble instancia debe permitir un examen integral del juicio por parte del juez distinto. (Bacigalupo, 1996)

Corresponde conceptualizar el derecho a recurrir como aquella facultad que gozan los seres humanos, que les posibilita a los sujetos procesales la interposicin de un recurso idneo cuya finalidad sea impugnar decisiones judiciales que atenten intereses (fiscala, vctima, procesado). Es decir que, el recurrir de un fallo implica en primer trmino un tribunal jerrquicamente superior al que dict una sentencia en primera instancia. De esto surge el verdadero deber de los nuevos jueces que implica realizar examen integral del fallo recurrido, la posibilidad de impugnar a travs de un recurso exige la accesibilidad del mismo, alejndonos de cualquier complejidad que torne violatoria al debido proceso.

El Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos reconoce como una de las garantas del derecho a la defensa conforme lo prescribe el Art. 76 nm. 7 letra m) el ́ ́ Recurrir el fallo o resolucin en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. (Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2008), de manera que este derecho comprende la garanta primordial e integral en la tramitacin de procesos de cualquier naturaleza, la Corte Constitucional del Ecuador se ha pronunciado respecto a la garanta de recurrir del fallo sealando que busca que la resolucin ́ ́pueda ser revisada por el rgano jerrquicamente superior del que eman dicha decisin, para subsanar posibles errores u omisiones judiciales precautelando de esta manera el derecho de las partes intervinientes en los procesos jurisdiccionales y ante todo la tutela judicial efectiva. ́ ́ (Sentencia No 1270-14-EP/19, 2019)

En tal virtud a travs de recurrir del fallo, se persigue un nuevo pronunciamiento sobre el objeto de la controversia y subsecuentemente la remediacin de las actuaciones judiciales que adolezcan de errores de derecho y hecho. Este derecho tambin se encuentra reconocido a nivel convencional, normado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, Art.14 inciso 5, la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 18, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Art. 13, la Convencin Americana de Derechos Humanos, Art. 8.2 literal h.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus diferentes sentencias se ha pronunciado en lo que comprende el derecho de recurrir como una garanta primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en el evento de que exista una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarqua orgnica. Buscando que en toda instancia procesal se tutele el derecho a la defensa otorgando la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisin que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarn un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, 2004)

Advertimos entonces que de los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales el derecho a recurrir garantiza que los Estados en el marco del debido proceso adopten mecanismos de impugnacin en razn de un procedimiento accesible a las partes de un juicio penal, sin mayores complejidades o exigencias en pro de los derechos humanos. Rben A. Chaia se pronuncia respecto a que no interesa el nombre que se le otorgue al recurso lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisin recurrida. (Chaia, 2010)

El proceso penal ecuatoriano tiene normas descritas taxativamente que regulan el procedimiento, su forma y aplicacin; bajo este, el rgano persecutor que se contrasta con la actuacin de Fiscala General del Estado, ostenta la representacin de la vctima y la sociedad, frente al procesado quien ejerce su derecho a la defensa, sometidos al tribunal penal quien tiene la facultad de decidir, resolver un conflicto de naturaleza delictiva, pero la esencia de la divisin de poderes est condicionado que aquella decisin o sentencia que dicte el tribunal de juicio est sometido a lo que la doctrina lo conoce como reclamo, es decir sus actuaciones bajo el principio de voluntad a recurrir de los sujetos procesales ser revisado por un tribunal superior e imparcial, respetando el principio de bilateralidad e igualdad, la existencia de recurrir exige respuestas para el fin al cual fueron concebidos en la legislacin, lo que se plasma a travs de la apelacin.

El recurso de apelacin en el proceso penal ecuatoriano

A lo largo del desarrollo procesal penal Latinoamericano, histricamente cierta parte de la doctrina ha sostenido diferentes sistemas procesales impugnatorios, tenemos por una parte un sistema de impugnacin unilateral es decir el nico autorizado para apelar es la persona procesada consecuentemente la Fiscala tiene una solo oportunidad para lograr la condena que radica exclusivamente en la audiencia de juicio al ser unilateral el rgano de persecucin penal se encuentra limitado a acceder a un recurso no tiene facultad impugnatoria, el segundo sistema se impugnacin es el bilateral que faculta a los dos sujetos procesales a recurrir, tanto Fiscala como la persona procesada. Mientras que en el proceso penal ecuatoriano existe un sistema impugnatorio multilateral que reconoce la garanta de impugnacin a todos los sujetos procesales que prev nuestro ordenamiento jurdico.

Existen recursos horizontales (ampliacin, aclaracin) y verticales (apelacin, casacin) consecuentemente la apelacin constituye un remedio procesal de carcter ordinario basado en los principios de unilateralidad, dispositivo y libertad recursal con lo cual permite que una sentencia o auto emitido por un juez o tribunal de garantas penales en garanta del debido proceso a recurrir permite a los sujetos procesales que las actuaciones judiciales donde se decidan respecto a derechos e intereses puedan ser revisadas en su forma y fondo por jueces de una instancia superior lo que conocemos en el Ecuador como la Sala Especializada de lo Penal, cuyo deber consiste en revisar hechos, revalorar el contenido factico de la decisin, el contenido jurdico, revalorar la prueba, emitir conclusiones que permita corregir el yerro que se recurre por quien se considera agraviado, la apelacin goza de un efecto y es el suspensivo respecto a la ejecucin de la resolucin jurisdiccional.

La apelacin se ha definido dogmticamente como un recurso ambivalente, que sirve como medio de accin, cuando la pretensin del recurrente es obtener una resolucin jurisdiccional diferente a aquella venida en grado que naturalmente perjudica o agravia los intereses jurdicos del litigante, es entonces cuando a travs de la apelacin se somete el fallo impugnado a una re examinacin de la pretensin punitiva estatal, la actividad probatoria del juicio y las pretensiones de la defensa buscando revertir la situacin judicial de la sentencia de instancia por errar sobre la existencia del ilcito y su punibilidad, ergo, no necesariamente se advierte ilicitud o ilegalidad en la sentencia. En ese sentido San Martn seala que: Es el recurso clsico y de uso ms comn; es, adems, el ms eficaz en cuanto lleva a un segundo examen, ms o menos completo, de la causa. Es un medio de impugnacin ordinario, devolutivo y suspensivo. (San Martn Castro, 2020)

Por medio del recurso de apelacin, se permite que jueces superiores a travs de los cargos apelacionales que han sido planteados por los recurrentes y sometidos a contradiccin, realicen una verificacin integral del acervo probatorio (prueba practicada) y el razonamiento expuesto en la sentencia, normas de derecho aplicadas, catalogado entonces como segunda instancia o doble instancia, garanta que permite que aquellos errores que pudieron existir en primera instancia, sean corregidos a fin de tutelar derechos consagrados en los instrumentos internacionales como la constitucin.

En ese sentido se puede sealar que la apelacin es un recurso ordinario que si bien tiene requisitos bajo el principio de temporalidad es decir existe un lmite para interponer el recurso que constituyen formalidades en el trmite el ordenamiento procesal penal ecuatoriano, no exige ni contiene requisitos que obliguen al recurrente a fundamentar una pretensin de una manera taxativa para su aceptacin. Es decir, el rgano jurisdiccional encargado de conocer el recurso interpuesto no tiene la facultad para limitar el objeto y los efectos de la apelacin, lo contrario resultara impropio de una instancia de apelacin que las normas procedimentales estn orientadas a concretar motivos para su interposicin y fundamentacin.

La Constitucin de la Repblica del Ecuador en el Art. 11 en el numeral 3 con carcter imperativo desarrolla y exige a los servidores pblicos, administrativos, judiciales la directa e inmediata a aplicacin de los derechos que garantiza nuestra legislacin, bajo ningn concepto a pretexto de su cumplimiento se exigirn condiciones o requisitos que no se encuentren expresamente reconocidos por nuestra legislacin dado que por principio de legalidad el recurso de apelacin deber ser garantizado en su interposicin, y fundamentacin sin mayor limitacin o condiciones que no se encuentren previstas, tampoco los jueces de sala penal pueden crean requisitos para su admisibilidad.

El Cdigo Orgnico Integral Penal en el ttulo IX denominado impugnacin y recursos prev en su captulo primero en el Art. 652 las reglas generales de impugnacin contenida por 10 numerales que delimitan procesalmente la interposicin de recursos ordinarios como extraordinarios. El recurso de apelacin se encuentra expresamente descrito en el captulo segundo en el Art. 653 que trata la procedencia es decir define taxativamente el proceso de interposicin del auto o sentencia por su parte el Art. 654 contiene el trmite del recurso el rgano judicial ante quien se interpone el recurso, tiempo para la interposicin, admisin y dems numerales que orientan al recurrente tanto antes y durante la audiencia de fundamentacin del recurso.

La interposicin del recurso de apelacin no exige mayor formalismo una vez que tenemos el auto o sentencia que hubiera sido notificado por escrito a los sujetos procesales, estos tienen tres das trmino para interponer el recurso de apelacin ante el juez o tribunal penal que emiti la decisin judicial, a diferencia del derogado Cdigo de Procedimiento Penal que exiga que el recurso de apelacin se interponga por escrito conteniendo su fundamentacin.

Nuestro ordenamiento procesal penal actual, no exige ni tampoco prohbe que el recurso sea fundamentado, para que el recurso sea admitido el juez de primera instancia netamente en un ejercicio de control verificar que el escrito de interposicin del recurso de apelacin haya sido interpuesto dentro de los tres das, sealando el auto o sentencia de la impugnacin consecuentemente el trmite contina recayendo como tal por competencia en la sala especializada de lo penal rgano jerrquicamente superior.

El trmite de la impugnacin va recurso de apelacin no tiene mayores exigencias, sin embargo la fundamentacin del recurso se realiza por principio dispositivo en audiencia pblica oral y contradictoria, consecuentemente el recurrente deber fundamentar a travs de sus argumentos su inconformidad del fallo o auto, tanto los hechos cuanto aspectos de derecho es decir plasmar en sus argumentos por qu la sentencia venida en grado adolece de vicios procesales que puedan generar nulidad total o parcial, la inadecuada valoracin de los medios de prueba, corresponde de manera oral exponer todas las pretensiones a fin de obtener la revocatoria del fallo.

Una vez emitida una decisin judicial, son los sujetos procesales los que por principio de libertad recursal se apoderan del proceso y llevan la carga de la argumentacin que ha de condicionar el debate de impugnacin, es decir, la autonoma decisoria de las partes procesales es la que en primer lugar activa estos mecanismos de impugnacin y a travs de la interposicin de los diferentes recursos marcan la expectativa procesal con el requerimiento a otro rgano jurisdiccional respecto a la disconformidad con determinada resolucin, consecuentemente, por principio dispositivo el juzgador de alzada o segunda instancia debe pronunciarse nicamente sobre lo recurrido por las partes con la prevencin de que si su resolucin sortea la carga de la argumentacin recursal que le corresponde a quien impugna es nula por falta de motivacin al configurar una sentencia extra petita, ultra petita o citrapetita. Como se puede analizar, el principio de voluntad que es el eje angular de los sujetos procesales est en la facultad y derechos de acudir a la siguiente instancia judicial por medio de un recurso en el cual permiten formular quejas o reclamos frente a decisin judicial impugnada.

De manera que los litigantes a travs de sus argumentos impugnatorios limitan la pronunciacin de los jueces de doble instancia por ejemplo; se emite una sentencia condenatoria de un ilcito de cohecho, el procesado apel la sentencia de primera instancia pero lo hace especficamente sobre la pena restrictiva de los derechos de propiedad que podra ser la multa o el comiso penal, como consecuencia de la impugnacin el debate en la segunda instancia o Tribunal de Apelacin se ha de encauzar nicamente sobre lo apelado es decir sobre esta pena pecuniaria, todo lo que corresponde a probanza del ilcito o responsabilidad penal est fuera de la esfera de competencia del Tribunal de Apelacin.

Si el rgano jurisdiccional a la hora de resolver sobre la fundamentacin del recurso de apelacin se pronunciar respecto a situaciones que no han sido controvertidas por el recurrente evidentemente nos encontraramos frente a un exceso de jurisdiccin que contraviene el debido proceso sus garantas de inmutabilidad de la cosa juzgada, congruencia recursal y ausencia de motivacin.

Comenta Julio B.J. Maier que la interposicin de un recurso limita la capacidad de decisin del tribunal, porque la competencia del tribunal de segunda instancia (ad quem) esto es, su poder de control sobre la decisin del rgano judicial inferior (a quo) y su poder de decisin frente a ella es tan grande o tan pequea como el agravio del recurrente y el motivo de control que l expone, el recurso atribuye al tribunal el conocimiento del proceso slo en cuanto a los puntos de la decisin a los cuales se refieren los agravios expuestos. (Maier, 2011)

Tenemos entonces que los hechos lo incorporan las partes en consecuencia las peticiones delinean el objeto procesal y la congruencia es el lmite fijado para evitar el exceso jurisdiccional, quienes deciden, delimitan la fijacin del tema recae sobre los litigantes y sera un despropsito jurdico que los juzgadores pretendan desviar otros caminos el destino de las pretensiones trazadas, a propsito a la hora de motivar las decisiones judiciales deben comprender una completa justificacin frente a lo expuesto por los sujetos procesales es decir dar una respuesta a cada interrogante que se ha planteado.

Existe una excepcin a esta regla que otorga a los tribunales de alzada la facultad de declarar la nulidad del proceso o de un acto procesal de oficio, siempre y cuando se verifiquen ciertos requisitos taxativos previstos en el numeral 10 del Art. 652 del COIP, estos son, primero; que la causal de nulidad tenga influencia en la decisin del proceso, segundo; que estas causas de vicios de procedimiento sean la incompetencia del juzgador, la ausencia de requisitos mnimos de la sentencia y la violacin de trmite que vulnere el derecho a la defensa, es decir, cuando existan causas atentatorias de garantas constitucionales del justiciable, el tribunal de apelacin debe de oficio subsanar aquella vulneracin de derechos.

Como ya hemos detallado en lneas anteriores los jueces de segunda instancia tienen la facultad que una vez que el recurso ha sido fundamentado, realizar un examen de integralidad del fallo impugnado que contiene valoracin del contenido fctico, contenido jurdico, revalorar los medios probatorios a fin de que permita corregir de existir el yerro por el cual se recurre.

El desistimiento en el cdigo orgnico integral penal

Como bien lo hemos detallado el recurrir al fallo es un derecho inmerso a los sujetos procesales, sin embargo, estn sujetos al principio de voluntariedad est a su albedro interponer o no recurso alguno, tenemos entonces que la figura del desistimiento es una manifestacin de voluntad del recurrente mas no del rgano jurisdiccional. Clara Olmedo al respecto comenta que El desistimiento es la facultad que se otorga a las partes para manifestarse con eficacia plena en sentido contrario al progreso del recurso procedente o ejercitado. (Claria Olmedo, 1962) consecuentemente desistir deviene de la voluntad y se manifiesta como una de las expresiones del sistema dispositivo en el marco del proceso penal, el retirarse de un recurso es la facultad absoluta del requirente o de quien impugna, al respecto el COIP contempla la posibilidad de desistir y abandonar determinados actos procesales que nacen de la voluntad de la parte procesal que acude a la administracin de justicia.

A modo de ejemplo, se puede desistir o abandonar (salvo excepciones) la acusacin particular, la querella en ejercicio de la accin penal privada, es decir, todos los actos procesales y probatorios que tienen su gnesis en la voluntariedad de los sujetos procesales pueden ser desistidos, por el sentido etimolgico de desistir y por su aplicacin en el lenguaje tanto comn cuanto tcnico jurdico resulta lgico que en el acto de desistimiento se encuentre axiolgica e implcitamente la voluntad del decisor, es por esto que la ley penal recoge este sentido literal de la palabra desistir y reglamenta dentro de las reglas generales de la impugnacin la posibilidad de abdicar de un recurso.

La disposicin del desistimiento la encontramos en el numeral 2 del Art. 652 del COIP, de la redaccin del articulado referido podemos destacar algunos elementos de este acto insistimos voluntario del recurrente, primero; solo puede desistir quien interpone recursos, segundo; este puede ser expreso o tcito, en concordancia con lo previsto en el nm. 9 de la norma procesal el legislador prev que en caso de que el recurrente no fundamente el recurso se entender su desistimiento y es aqu donde los jueces de segunda instancia con desconocimiento total del sentido del desistimiento interpretan de una manera errnea, extensiva vulnerando as lo prescrito en el Art. 13 cuando hablamos de la interpretacin en materia penal.

Doctrinariamente la falta de fundamentacin se entiende como un vicio inmerso en los procesos judiciales, el no fundamentar un recurso produce su inadmisibilidad, el rechazo por parte de los jueces superiores y lo que impera es la confirmacin de la sentencia venida en grado, la fundamentacin del recurso de apelacin constituye la base sobre la cual los jueces hubieren de resolver los puntos en controversia, limitar la fundamentacin de un recurso ordinario genera indefensin hacia el recurrente.

Puede ser una accin, pero tambin una omisin el desistir, en audiencia voluntariamente se puede expresar la voluntad de no continuar con el recurso o mediante escrito, un desistimiento tcito un ejemplo no comparece a la audiencia quien impugna o en su defecto el recurso se declara abandonado.

La exigencia actual de fundamentacin del recurso de apelacin en segunda instancia se ha convertido en una lnea jurisprudencial creando as un umbral para su admisin y posterior aceptacin que no existe en el COIP, pero si para el rgano jurisdiccional es decir para que en audiencia no declaren el desistimiento debemos seguir cierta lnea argumentativa, como por ejemplo, identificar la sentencia que se recurre lo cual por sentido comn si existe una sentencia condenatoria y como defensa del procesado impugno es lgico que no es necesario sealar expresamente la sentencia, identificar los yerros que contiene el fallo, valorar la prueba, explicar cada pretensin del recurrente, consecuentemente existen ciertos requisitos que se vuelven claves para la fundamentacin sin ellos impera el desistimiento y se tendr por no fundamentar un recurso. La corte constitucional ha realizado una importante distincin entre el recurso de apelacin y casacin:

En la apelacin se puede revisar el derecho y los hechos del juicio, siendo constitutiva de instancia, la casacin solo se refiere al derecho y no constituye instancia; sin embargo, en los ordenamientos en que se tiene en cuenta el agotamiento de la capacidad de revisin de los tribunales de casacin, la diferencia entre ambos recursos queda supeditada a las resoluciones judiciales que se pretende revisar y anular, segn el caso. La apelacin es recurso judicial ordinario, en cambio el de casacin es extraordinario; la casacin no es instancia, en consecuencia no se pueden revisar los hechos, ni mucho menos abrirse o agregarse pruebas; por el contrario, la apelacin si constituye instancia; la casacin tiende a proceder en todo el inters de la ley, pudiendo incluso declararse de oficio; no as la apelacin que se reduce los inters de las partes; la casacin es en muchas legislaciones, fuente de jurisprudencia obligatoria; en cambio los fallos en apelacin no. (Sentencia N. 045-15-SIS-CC, 2015)

Como bien lo detalla el fallo de la corte constitucional el recurso de casacin es extraordinario, formal y tcnico, constituye un juicio netamente normativo hacia la sentencia, a fin de establecer si en la misma existen violaciones que puedan subsumirse a cualquiera de las causales previstas consecuentemente existe prohibicin expresa de pedido de valoracin de pruebas frente a ello en apelacin el juez tiene la facultad bajo los argumentos que han sido impugnados en audiencia de volver a verificar los hechos alegados y de qu manera fueron probados ergo valoracin probatoria ahora debemos partir de cul es el alcance de una nueva valoracin de medios probatorios lo desarrollamos a continuacin.

Es preciso comentar diferentes disposiciones procesales penales a modo de derecho comparado en lo que respecta al desistimiento advertimos que son normas procedimentales con una mejor definicin del punto en tensin donde impera la voluntariedad en sentido total, el Cdigo de Procedimiento Espaol que dicho sea de paso en Espaa desde 1882 hasta 2015 no exista otro recurso que el de casacin contra las resoluciones de primera instancia lo cual genero preocupacin en el Comit de Derechos Humanos que declaro la falta de adecuacin del sistema espaol finalmente en el ao 2015 existi una reforma legal.

El libro sexto denominado los recursos y la revisin de las sentencias firmes en su ttulo primero de las disposiciones generales sobre los recursos que orientan respecto al derecho a recurrir, los plazos de interposicin del recurso como el recurso supeditado que no es ms que adherirse a un recurso en caso de no haber interpuesto el mismo en el Art. 562 prescribe al desistimiento bajo tres numerales el primero la facultad del recurrente de desistir del recurso bajo el parmetro de antes de que exista una resolucin, la segunda posibilidad se presenta cuando existen varios recurrentes y solo se desistiera de uno de ellos las pretensiones de impugnacin se tendrn por abandonadas del que hubiera desistido y por ltimo si existe el desistimiento del recurso principal supone tambin el decaimiento del recurso supeditado.

Por su parte el Cdigo de Procedimiento Penal Colombiano en el captulo octavo titulado Recursos Ordinarios en el Art. 179 prev el desistimiento de los recursos sin mayor complejidad y de una manera muy concreta nos ilustra que podr desistirse de los recursos antes de que el funcionario judicial los decida.

Tanto el Cdigo de Procedimiento Espaol como el Colombiano en su redaccin son mejores y de fcil entendimiento marcando una diferencia de nuestro sistema procesal penal, lo cual evidentemente genera errores interpretativos a la hora de aplicar la figura del desistimiento por falta de fundamentacin, tomamos como ejemplo las normas procesales penales de Espaa y Colombia que no exigen mayor grado de argumentacin a la hora de desistir un recurso ya que de manera clara lo que impera es la voluntad del recurrente no es ms que una facultad que le corresponde solo al impugnante lo que ya marca un lmite al rgano jurisdiccional.

 

Resultados

Anlisis crtico del desistimiento por falta de fundamentacin

La falta de fundamentacin se ha convertido en una prctica incorrecta por parte de los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Azuay para declarar el desistimiento creando as un umbral de fundamentacin del recurso de apelacin dejando de un lado la naturaleza del recurso ordinario confundiendo sobremanera con recursos extraordinarios, el recurso de apelacin opera nicamente para dilucidar agravios nacidos por errores o yerros en la aplicacin e interpretacin del derecho que afecta a determinado acpite de la sentencia olvidando as que esto no es ms que una de la diversas pretensiones que pueden ser expuestas en la fundamentacin.

Debemos insistir que el desistimiento de un recurso es un acto que nace de la voluntad del recurrente conforme al significado jurdico de la palabra desistir decisin propia, Abdicar de un derecho, Abandonar una accin o un recurso, aquella disposicin del Art. 652 numeral 9 del COIP; en la que suelen fundamentar la resolucin y faculta al juzgador a entender el desistimiento del recurso por no fundamentarse, se refiere a la consecuencia lgica de la negativa del recurrente de argumentar la impugnacin planteada a travs del recurso, es decir, prescindir de plantear quejas, peticiones o inconformidades en la audiencia de fundamentacin del recurso.

Cuando se exponen quejas o petitorios por deficientes que estos sean, existe una pretensin sobre la cual se debe resolver el recurso, de tal manera que, si la fundamentacin no es suficientemente solvente o precisa lo que corresponde en derecho es desechar el recurso y confirmar la sentencia venida en grado, no se debe confundir de ninguna manera la falta de fundamentacin que es la omisin total de puntos de inconformidad con la sentencia de primera instancia con una fundamentacin deficiente o errada que deriva en la desestimacin del recurso.

Es lgico declarar el desistimiento por falta de fundamentacin?, la respuesta es tautolgica, no es coherente declarar desistido el recurso el Art. 652 numeral 9 del COIP; exige que se exprese que no se va a fundamentar el recurso, que no se van a plantear quejas o reclamos contra la sentencia de primera instancia, entonces, no se debe confundir la negativa a fundamentar una impugnacin que significa omisin o ausencia de puntos de inconformidad contra la sentencia con la indebida fundamentacin que es proponer quejas, petitorios o inconformidad incluso cuando estos son deficientes o anti tcnicos lo que originara el rechazo del recurso.

Es importante precisar que el recurso de apelacin es ordinario, es decir, no tiene requisitos de forma y fondo legalmente taxativos que deben cumplirse para ser procedente, basta con la interposicin dentro de los trminos legales y con la presentacin de argumentos en la audiencia oral de fundamentacin para que sea sujeto de la valoracin, apreciacin, motivacin y resolucin de los juzgadores.

El rgano jurisdiccional al aplicar la disposicin del Art. 652 numeral 9 del COIP si el recurrente no fundamenta su recurso, se entender su desistimiento lo hace de manera indebida, pues como recurrente acudimos al tribunal de alzada, presentamos nuestras inconformidades con la sentencia impugnada, realizamos petitorios concretos y arg en sobre manera la inconformidad con la sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia, de tal manera que de ninguna forma el recurrente desiste del recurso todo lo contrario el fin es defenderse dentro de la causa.

La Corte Constitucional en la Sentencia No. 2529-16-EP/21 se ha pronunciado en lo que se refiere a lo previsto en el Art. 652 numeral 9 del Cdigo Orgnico Integral Penal sealando sobre:

la declaratoria de desistimiento del recurso por parte de la Sala, bajo el criterio de fundamentacin indebida o insuficiente, obedece a una interpretacin extensiva de la ley adjetiva penal, pese a que dicha forma de interpretacin en materia penal se encuentra prohibida, precisamente para evitar crear una regla nueva o distinta a la ley que busca aplicar. (Sentencia No. 2529-16-EP/21, 2021)

Es preciso advertir que la interpretacin en materia penal de conformidad con el Art. 13.1 del COIP se la deber realizar en el sentido que ms se ajuste a la Constitucin de la Repblica del Ecuador y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, vemos entonces que la interpretacin de dicha norma cuestionada en lo que refiere al desistimiento no obedece a una oscuridad de norma procesal, al contrario deviene que la facultad de administrar justicia por parte de los jueces est en la aplicacin e interpretacin de normas bajo la prohibicin de realizar interpretaciones extensivas toda vez que violenta derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva, seguridad jurdica, derecho a la defensa, derecho a recurrir, doble conforme.

La Corte Nacional de Justicia dentro del proceso No. 01283-2016-03334 en sede casacional explica que si se ha planteado al menos un punto de inconformidad, el Tribunal de apelacin no puede evadir su responsabilidad de atender tales reclamos, sin incurrir en la vulneracin de los derechos de los sujetos procesales. resolviendo aceptar el cargo casacional por indebida aplicacin del Art. 652 nm. 9 del COIP, la configuracin de carcter legislativo del recurso de apelacin debido a su naturaleza de ordinario y vertical lo convierte en un medio de impugnacin eficaz permitiendo as un anlisis integral del fallo motivo de rechazo, la norma adjetiva penal establece requisitos mnimos para el recurso, consecuentemente establecer trabas irrazonables vulneran garantas de debido proceso.

Se cree que no se puede limitar o privar de derechos y garantas de los sujetos procesales, recordando que quienes acuden a la administracin de justicia lo hacen primero por ser su derecho y segundo porque sienten que sus bienes jurdicos (libertad, vida, patrimonio), han sido vulnerados por el cometimiento de delitos, resulta curioso entonces que un rgano jerrquicamente superior a la hora de resolver frente a un recurso ordinario utilice la disposicin que es motivo de anlisis.

No se vuelve difcil entender que cuando se utiliza la disposicin del Art. 652. nm. 9 del COIP; existe una evidente arbitrariedad en su aplicacin que puede generar un perjuicio en los derechos fundamentales de quienes han recurrido del fallo, limitando as el poder acceder inclusive a la interposicin del recurso extraordinario de casacin ya que no se puede interponer de un auto resolutorio que declara desistido el recurso.

Como bien se ha pronunciado la Corte Constitucional del Ecuador los recursos pueden ser regulados a travs de la legislacin correspondiente, esta no puede significar una restriccin u obstculo irrazonable o injustificado para el ejercicio del derecho a recurrir, ni del derecho al doble conforme. (Sentencia No. 987-15-EP/20, 2020); el procesado que ha recibido una sentencia condenatoria en primera instancia hace uso del derecho a recurrir sin embargo los jueces de segunda instancia declaran desistido el recurso pese a que su defensa argumento los agravios y sus inconformidades del fallo condenatorio en audiencia una vez ms se vulnera el derecho al doble conforme en tal sentido, la Corte IDH ha determinado que ́ ́ si bien los Estados tienen un margen de apreciacin para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. ́ ́ (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, 2009)

Al restringir el acceso a este recurso o declararlo desistido, denota conculcar derechos fundamentales cuando los jueces de segunda instancia delimitan el objeto del recurso de apelacin generando inseguridad en la administracin de justicia limitando los derechos de los sujetos procesales inobservando los principios del proceso penal y fundamentalmente analizar cada cargo planteado en audiencia desconociendo el sistema adversarial, creando un umbral de requisitos de fundamentacin inexistentes en el proceso penal ecuatoriano, el derecho a recurrir el fallo es una garanta del derecho a la defensa se encuentra condicionado a presupuestos y requisitos de la normativa procesal penal, al aplicar trabas irrazonables en su ejercicio afecta de forma desmedida la posibilidad del recurrente de acceder a una revisin integral de la sentencia.

El artculo 76 numeral 7 de la Constitucin reconoce el derecho a la defensa como un componente del debido proceso y enuncia las garantas mnimas que lo comprenden en la tramitacin de cualquier procedimiento debe garantizarse de forma integral, se vulnera este derecho reconocido en nuestra carta magna como en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando en el desarrollo de un proceso penal o instancia a un determinado sujeto procesal se lo deja en indefensin, impidindole comparecer al proceso a fin de que exponga sus pretensiones, o cuando hubiere comparecido no ha contado con el tiempo suficiente para preparar la estrategia de defensa en la especie, o por acto u omisin el sujeto procesal no ha podido contar con los medios necesarios para su defensa en aras de plantear su pretensiones, presentar pruebas, derecho a impugnar una resolucin lo que genera un proceso injusto y en una decisin arbitraria que no es enmarca dentro de los derechos y principios constitucionales.

La garanta reconocida en el nm. 7 literal a) la norma constitucional ecuatoriana garantiza que el derecho a la defensa no puede ser limitado de manera arbitraria toda vez que es un medio de tutela en el marco de un proceso judicial consistente en que las partes procesales de manera oportuna han de exponer todas las situaciones de hecho como de derecho que respaldan sus pretensiones materiales y jurdicas ante la administracin de justicia, garantizando as el principio de igualdad y contradiccin a fin de obtener una decisin motivada, siempre y cuando se cuente con el tiempo necesario as como los medios para preparar una defensa que represente y acte en pro de sus derechos e inters dentro del proceso penal o de otra naturaleza, garantas que de orden imperativo y que deben ser respetadas mxime en las decisiones judiciales.

Ser escuchado de forma oportuna dentro del proceso penal bajo el principio de igualdad de oportunidades garanta reconocida y relacionada con la posibilidad que tienen los sujetos procesales de argumentar, presentar pruebas ejerciendo el derecho a la contradiccin conforme lo reconoce el literal h) del referido numeral 7 del artculo 76 de la Constitucin, garantas necesarias para convalidar un correcto acceso a la justicia que sin duda en un estado constitucional de derechos deben primar.

En el mbito penal las garantas del debido proceso tienen una importancia particular dada la naturaleza de activar la justicia penal existen limitaciones a la libertad personal de las personas, por lo que el derecho a recurrir una sentencia condenatoria no solo implica la posibilidad de disponer de un recurso y hacerlo efectivo pues esta garanta comprende que una decisin judicial sea de manera efectiva revisada por otra autoridad judicial de nivel jerrquicamente superior a la que dicto tomando en consideracin que un bien jurdico inmerso al ser humano la libertad est siendo restringida lo que corresponde entonces que el derecho al doble conforme no se vea limitado mucho menos se imposibilite de ejercer en una instancia superior fortaleciendo as la tutela de derechos de quien ha sido sentenciado y la seguridad jurdica.

Resulta imperioso entonces que la actuacin de un rgano que es superior sea sujeto a crticas de los diferentes pronunciamientos que se sern desarrollados a continuacin se podr plasmar las graves violaciones a derechos que han sido desarrollados en cada punto dentro del presente artculo acreditndose entonces la forma incorrecta de interpretar y posterior a ello aplicar o declarar un recurso desistido por falta de fundamentacin desconociendo derechos de ndole constitucional y fundamentalmente limitando recursos que por su naturaleza son ordinarios as entonces el derecho a la defensa se limita y deviene en un acceso a la justicia sin seguridad jurdica que en diferentes actuaciones judiciales en el Ecuador no sorprenden pues somos sujetos de crticas en las cortes de derechos humanos.

Es preocupante que los derechos de una vctima o un procesado cuyo estado de inocencia se ha mantenido inclume derechos sean sometidos a decisiones por jueces que confunden el sentido gramtica de desistir y a travs de un auto resolutorio coartan el derecho a la defensa, los derechos de quien comparece como vctima o procesado en cualquier instancia merecen una respuesta no olvidemos que el derecho penal es medio de control social y nunca puede ser utilizado de forma arbitraria para perjudicar a unos y beneficiar a otros.

Procesos declarados como desistidos por falta de fundamentacin

Es preciso comentar y analizar los diferentes procesos penales cuyas sentencias de primera instancia han sido condenatorias y una vez interpuesto el recurso de apelacin mismo que ha sido fundamentado en audiencia la Sala Penal De La Corte Provincial Del Azuay, aplicando la disposicin del Art. 652 nm.9 del Cdigo Orgnico Integral Penal han declarado desistidos por falta de fundamentacin.

Proceso No. 01571-2018-01422. Este primer caso de anlisis cuyo recurrente fue procesado y sentenciado por el delito de violencia fsica contra la mujer o miembros del ncleo familiar, el Tribunal de Garantas Penales del cantn Cuenca emiti sentencia condenatoria, la defensa del procesado interpuso recurso de apelacin misma que la Sala Especializada de lo Penal del Azuay resolvi con base en la disposicin del Art. 652 nm. 9 del COIP declarar desistido el recurso por falta de fundamentacin, bajo los siguientes argumentos.

En el auto resolutivo notificado por escrito a los sujetos procesales, el tribunal Ad quem considera que la defensa del recurrente en la fundamentacin del recurso de apelacin no realiz un anlisis y valoracin de la prueba tanto de cargo como de descargo en su integralidad y en su conjunto, por otro lado no determina en forma clara y precisa cul es su pretensin al momento de concluir su alegacin, no solicit que se acepte el recurso, revoque o reforme la sentencia o se ratifique el estado de inocencia de su defendido, en conclusin no existi pretensin alguna, el apelante, no ha determinado siquiera cul era su pretensin, lo que hace que incumpla con la formalidad de la fundamentacin, por no haber determinado en forma concreta cul o cules son sus disconformidades, as como las razones jurdicas efectivas para interponer este recurso y fundamentarse en la audiencia, en consecuencia no se acept el recurso interpuesto por falta de fundamentacin, se confirm la sentencia venida en grado.

Del auto resolutivo consta en su primer considerando la sala penal dice que no acepta el recurso y que confirma la sentencia venida en grado, entonces no es comprensible la emisin de un auto resolutivo cuando lo que en derecho corresponde es una sentencia que deseche la impugnacin y confirme la sentencia del A quo, no existe congruencia entre el desistimiento del recurso como entiende la Sala y el efecto de rechazar el recurso y de confirma la sentencia venida en grado, lo desarrollado por el rgano superior es el iter lgico de una sentencia de apelacin no de un auto resolutivo, de tal manera que el fallo es inmotivado por falta de comprensibilidad y de congruencia entre al argumentacin y la resolucin de la sala.

La defensa del procesado planteo dos pretensiones en concreto la primera revocatoria de la sentencia venida en grado por falta de probanza del ilcito y segundo la nulidad por violacin a trmite en virtud de que al ser la mam del procesado la autora de la infraccin estaramos frente a un delito de accin penal privada consecuentemente el recurrente por principio dispositivo y de oralidad demostr su inconformidad en audiencia ahora bien la sala considera que no existi un anlisis de la prueba esto demuestra con absoluta claridad el margen que traza la sala penal y que obliga al recurrente a pronunciarse sobre tal o cual aspecto y una vez ms se vuelve incomprensible el anlisis que realizan los jueces de doble instancia ya que es la propia Sala quien analiza los argumentos planteados en audiencia y los desestima porque no los considera oportunos en tal virtud no se entiende como puede existir el desistimiento del recurso cuando incluso para llegar a esa conclusin herrada fue objeto de la valoracin de la Sala Penal confundiendo la naturaleza del recurso.

Proceso No. 01283-2016-04167G. En el segundo caso de anlisis compareci en la especie la acusacin particular como recurrente dado que el proceso penal inici por el delito previsto en el Art. 218 del COIP desatencin del servicio de salud en el cual fueron procesados tres mdicos de una clnica por negarse a prestar atencin mdica, durante la audiencia de juicio Fiscala General del Estado se abstuvo de acusar toda vez que de la evacuacin de la prueba consider que no haba podido probar el delito por el cual se sustancio el juzgamiento consecuentemente si no existe acusacin no puede existir juicio y el tribunal de garantas penales de la ciudad de Cuenca en sentencia confirm el estado de inocencia y calific con la malicia la acusacin. En ese escenario procesal la acusacin particular interpuso recurso de apelacin que conoci y se resolvi en la Sala Especializada de lo Penal de la provincia del Azuay declarando el desistimiento del recurso de apelacin por falta de fundamentacin. La Sala Penal al momento de resolver el recurso menciona que el recurrente en ningn momento hace entender al Tribunal de la inconformidad a la sentencia y los yerros, mencionando que la proposicin de la vctima incumple el Art. 654. 4 del COIP, el siguiente anlisis que realiza la sala notamos la arbitrariedad en su Auto Resolutorio que contradice sus mismos argumentos sostiene que la pretensin de la vctima fue de nulidad y analizan cada pretensin que en audiencia fue sustentada y debemos insistir bajo la siguiente interrogante Cul es el requisito del Art. 654? 4 del COIP? Primero avoca conocimiento la Sala Penal del proceso segundo en audiencia previamente convocada el recurrente fundamenta y expone sus pretensiones de manera que el impugnante cumpli con la disposicin sealada ya que las pretensiones o inconformidades del fallo expresa solicitando la nulidad los jueces en su deber como administradores de justicia deba dar una respuesta motivada a cada pretensin independientemente si estamos o no de acuerdo con lo expresado por el recurrente la respuesta del rgano jurisdiccional superior genera indefensin creando una vez ms un lmite para fundamentar un recurso ordinario violentando el derecho a recurrir no existe anlisis razonado que explique cada pretensin que dicho sea de paso se escuch en audio inobservando garantas constitucionales.

Proceso No. 01281201500219. En el tercer caso de anlisis, comparecieron los recurrentes y sentenciados por el Tribunal de Garantas Penales de la ciudad de Cuenca por el tipo penal de Concusin previsto en el Art. 281 del COIP; una vez notificada la sentencia por escrito a los sujetos procesales la defensa de los procesados interpuso el recurso de apelacin que fue conocido por los jueces de la Sala Penal de la provincia del Azuay. Una vez que se desarroll la audiencia de fundamentacin de recurso, por voto de mayora los jueces de la instancia superior aplicando la disposicin del Art. 652 nm.9 y 5 nm. 18 del COIP; resolvieron declarar el desistimiento del recurso interpuesto por los dos sentenciados por falta de fundamentacin, y a travs del voto salvado de una de las juezas que conformaron la Sala Penal resolvi aceptar el recurso de apelacin y confirmar el estado de inocencia de los recurrentes.

Durante la audiencia de fundamentacin de recurso el primer recurrente por medio de su defensa argumento lo siguiente del contenido de la sentencia consta los videos de la entrega de dinero mas no se aprecia que las personas cuenten algo respecto a los procesados se afianza por afirmaciones de testigos presenciales, cuestionado la participacin, alegando la falta de igualdad ya que existieron varios procesados y solo dos fueron sentenciados, no existi autorizacin judicial para la incautacin de los telfonos de los procesados, no existe prueba de que se haya exigido o recibido dinero; por su parte el segundo recurrente argumento que no se cumple con la disposicin del Art. 453 respecto a la finalidad de la prueba no se ha probado la materialidad ni la responsabilidad, no se cumple el presupuesto del Art. 455 no existe nexo causal , existe una interpretacin extensiva se vulnera el Art. 13 Ibidem no se ha determinado el verbo del delito de concusin exigir, no se evidencia la entrega de dinero a nadie ni tampoco recibir, existen videos donde su defendido se encuentra de pie mas no recibiendo dinero, existe una aplicacin indebida del Art. 281 no se cumple con los elementos del tipo objetivo ni los verbos rectores, ordenar, exigir dinero, solicitando una valoracin profunda de la prueba.

La argumentacin para declarar el desistimiento por falta de fundamentacin por voto de mayora se encuentra llena de interpretaciones extensivas, y prejuiciosas sin mayor carga motivacional que den una respuesta a las diversas pretensiones que audiencia hubieron de ser expuestas por los recurrentes, el recurso cumple con las exigencias de forma no obstante para los jueces consideran que la fundamentacin no rene informacin necesaria de argumentos jurdicos y fcticos defendibles que proporcionen al juez informacin sobre la verdad procesal, insistimos no existe congruencia con el auto resolutivo y la motivacin carente porque no da una respuesta a las inconformidades que se present a travs de la impugnacin, en su voto de mayora los jueces de instancia superior consideran que los recurrentes en ningn momento refirieron a la valoracin de la prueba como tampoco elementos de prueba que desvirtu lo sucedido y debemos preguntarnos Estuvieron los jueces en la audiencia?. De lo analizado en lneas anteriores los recurrentes han cuestionado los elementos de prueba que motivaron una sentencia condenatoria, cuestionaron el grado de participacin, analizaron la prueba practicada con los verbos rectores del tipo penal, citaron disposiciones del COIP, es decir existi fundamentacin del recurso existieron varias pretensiones en cuanto a la materialidad de la infraccin y la responsabilidad, la pretensin procesal fue argumentada en base a las pruebas del proceso se cumple con el requisito de fundamentacin recordemos es un recurso de naturaleza ordinaria no exige mayor tecnicismo jurdico, dieron varias razones jurdicas por las cuales se deba revocar el fallo y confirmar el estado de inocencia, tanto ms que existe una sentencia de voto de mayora donde analiza el recurso planteado y acepta, sorprende entonces que en nuestro sistema procesal penal adversarial existan fallas interpretativas de ciertos jueces cuyas actuaciones son cuestionadas.

 

 

Conclusiones

La interpretacin extensiva del desistimiento por falta de fundamentacin por parte del rgano jurisdiccional superior vulnera derechos de los sujetos procesales, la tutela judicial efectiva privando de acceder a una justicia oportuna e imparcial, la seguridad jurdica demanda la aplicacin de normas previas, claras y pblicas lo cual constituye que toda decisin judicial debe ampararse en la Constitucin de la Repblica del Ecuador y en los tratados internacionales de derechos humanos.

El recurso de apelacin es ordinario, por lo que no exige mayor tecnicismo jurdico en la carga argumentativa, en funcin de los derechos del recurrente la indebida aplicacin del Art. 652 nm. 9 del COIP; vulnera el derecho a la defensa privando a ser escuchado por un juez superior, de tal manera la vulneracin devine principalmente del derecho a recurrir.

La segunda instancia es una nueva posibilidad para verificar los fundamentos tanto de hecho como de derecho en ese orden de ideas como la doctrina lo ha definido se realiza un examen total, integral de cada medio probatorio aplicado para llegar a una conclusin, el Cdigo Orgnico Integral Penal no exige formalidad de fundamentar el recurso de apelacin consecuentemente los jueces de segunda instancia al crear una lnea argumentativa para fundamentar un recurso estn limitando el objeto de la apelacin y generando trabas que a todas luces se vuelven irrazonables para los recurrentes, es decir se vuelve un umbral para su admisin y posterior aceptacin confundiendo sobremanera con el recurso de casacin.

La Constitucin de la Repblica del Ecuador exige al rgano de justicia o cualquier autoridad el cumplimiento irrestricto de los derechos prohibiendo en crear o limitar bajo condiciones o requisitos que no existan, no se encuentren tipificados, siendo as entonces los jueces de Sala Penal de la Corte Provincial con el anlisis de los casos tratados han vulnerado la disposicin del Art. 11 nm. 3 creando formalismos para la fundamentacin de un recurso de naturaleza ordinaria.

De las conclusiones es preciso advertir a los magistrados de la Sala Especializada de lo Penal, cuando cualquier sujeto procesal decide recurrir del fallo de primera instancia el rgano judicial jerrquicamente superior est obligado a garantizar su correcto acceso de conformidad con el ordenamiento jurdico que lo regula, sin delimitar el objeto del recurso de apelacin creando trabas irrazonables o umbrales de fundamentacin desnaturalizando el objeto del medio impugnatorio.

El ordenamiento procesal penal ecuatoriano dispone de normas taxativamente previstas en el Cdigo Orgnico Integral Penal en cuanto a la interpretacin consecuentemente el ms alto deber de los jueces corresponde la correcta interpretacin y aplicacin de normas penales en un determinado caso en concreto sin olvidar que quienes se someten a la justicia penal existen derechos que merecen ser tutelados.

 

Referencias

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